Por: Andrés E. Mora M.
“El 3/4/2016, Freddy Guevara – el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, para entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la AN y ahora asilado en la embajada chilena por ser un perseguido político más de la dictadura madurista y sus inquisidores, el ilegítimo TSJ y la írrita ANC – informó a través de su cuenta en la red social Twitter, que se abría la investigación a Rafael Ramírez por las presuntas irregularidades que se presentaron durante su gestión de 10 años (2004-2014) al frente de PDVSA”, inicia, a solicitud de Incredulina, su esposa, Ingenuo Sinduda – el profesor jubilado de la ULA y buen amigo de esta columna sabatina – el recuento cronológico de los eventos relacionados con la investigación que el parlamento venezolano le abriera en el 2016 a Rafael Ramírez.
“El 22/11/2016, se consignó ante la Fiscalía el informe aprobado por la plenaria de la Asamblea Nacional, en el que se presentó el resultado de nueve meses de investigación llevada a cabo por la Comisión de Contraloría, y en donde se declaró la responsabilidad política a Ramírez y a Javier Alvarado, ex presidente de Bariven. «Son más de 11 mil millones de dólares comprobados sobre los que no se conoce el paradero. En los 10 años en los que Rafael Ramírez fue Presidente de PDVSA ocurrieron estas irregularidades, por lo que ese señor debe dar la cara y responderle al país por el destino de esos fondos. Él dijo que vendría al Ministerio Público a demandarme; pues hoy venimos nosotros primero a solicitarle a la Fiscal General que abra una investigación por graves daños al patrimonio de todos los venezolanos», enfatizaría Guevara”, comenta Ingenuo. “«Ese señor no puede representar a nuestro país en el seno de la ONU. Es por eso que reiteramos nuestro llamado a Nicolás Maduro: si en verdad está dispuesto a combatir la corrupción, debe destituir a Rafael Ramírez, ya que de lo contrario, usted también será responsable y cómplice del desfalco de la principal empresa de Venezuela», habría agregado el también dirigente nacional de Voluntad Popular”, señala el catedrático.
“Me acuerdo, como si hubiera sucedido ayer y por lo inverosímil de la situación, que por decisión del Tribunal Supremo de Justicia – los sicarios jurídicos, ahora actuando en modo alcahueta por tratarse de un aliado – se ordenó al Ministerio Público y a la Contraloría que «determinen si es procedente o no ordenar el inicio de las investigaciones respectivas» contra el legislador, por presuntamente incurrir en «usurpación de funciones» cuando dirigió la investigación por corrupción contra el exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela”, interviene Incredulina para recordar el boicot que a esa investigación le hiciera el TSJ, seguramente, por orden de su amo. “La decisión la adoptó la Sala Constitucional en su sentencia número 88, en la cual – obviando el Artículo 187 numeral 3 de la Constitución Nacional que dice «Corresponde a la Asamblea Nacional:…. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca» – declaró procedente la demanda de nulidad que, el para entonces embajador venezolano en Naciones Unidas, interpuso el 28 de septiembre del pasado año contra la averiguación que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional le abrió”, expresa con la claridad que le caracteriza la, siempre simpática y agradable, señora Sinduda.
“Por eso es que la mediatizada purga que existe ahora en PDVSA nada tiene que ver con el interés de la dictadura de combatir la corrupción. De hecho, mucho de los nombres que han salido a luz pública, en un pasado reciente, fueron protegidos o encubiertos por quienes hoy los acusan. De tal manera que lo que ocurre al interior de la dictadura es una encarnizada lucha por controlar el poder”, considera Ingenuo.
“La corrupción, que está matando de hambre al país, le ha dado duro al deporte también”, expresa la dama. “Quizás el caso de Rafael Esquivel – a quien la FIFA suspendió de por vida y que espera sentencia en Nueva York, al igual que aquel ramillete de par de flores – sea el más emblemático, pero no es el único. De hecho, los últimos años han estado plagados de denuncias de corrupción en el deporte nacional. El «Cadivismo» que saltó a la palestra cuando la exministra de Deportes, Alejandra Benítez, denunció fraudes cometidos en distintas disciplinas para acceder a montos millonarios de dólares. El caso del funcionario del IND que llevaba una maleta con 407 mil dólares que no declaró al traspasar la frontera búlgara. La falta de transparencia existente con el Fondo del Deporte, el cual nadie conoce a cuánto asciende, ni lo que se ha hecho con él. Son apenas la punta del iceberg”, indica la siempre bien enterada fémina.
“Mientras Nicolás irresponsablemente juega a la guerra económica y piensa en criptomonedas como un nuevo pretexto para justificar el extenso ecocidio producido por el decreto depredador del Arco Minero, a la cripta nos está arrastrando la corrupción. Flagelo responsable del genocidio que a diario incrementa sus víctimas por la crítica escasez de medicinas y alimentos”, dice tajantemente Ingenuo.
Prof. Titular jubilado ULA – Cronista deportivo
aemora@gmail.com, @amoramarquez
