En las cárceles y retenes policiales de todo el país, reina la violencia, el retardo procesal, el hambre, el hacinamiento, el ocio y en fin la corrupción que se expresa en el deterioro de las infraestructuras, la escasa o nula atención a la salud de los reclusos y la escasez de personal calificado.
Tal afirmación, corresponde a Judith Vega, coordinadora regional del Observatorio Venezolano de Prisiones y miembro de la Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, quien agregó que de acuerdo a cifras que maneja el OVP, en Venezuela existen 33 establecimientos carcelarios, lo que significa que no se ha construido ninguna cárcel, sólo se han hecho refracciones a las edificaciones y se han trasladado los presos de una cárcel a otra.
En cuanto a la capacidad instalada, el OVP señala que es de 25 mil 550 personas detenidas, pero la población reclusa a finales de este año es de 55 mil 219 personas, por lo tanto hay un hacinamiento del 216% en las cárceles y de 487 a 1500% en los retenes policiales.
En cuanto al retardo procesal, la cifra de 15 mil 643 juicios presentaron durante este 2016 algunas dilaciones, producidas por falta de transporte para trasladar los reclusos a los tribunales, ausencia en los juicios de los funcionarios policiales responsables de la aprehensión, problemas del tribunal, ausencia del juez o de los fiscales del Ministerio Público, entre otras causas.
Mérida no es la excepción
El mayor problema se presenta en los retenes policiales “puesto que son instalaciones cuya capacidad está limitada en cuanto al número de reclusos y duración de la detención”, señaló Vega.
“Los retenes son sitio de reclusión temporal, hasta 48 horas, sin embargo se observa que en los mismos existen personas que cumplen condenas y otras que están detenidas por orden judicial pero sin audiencia preliminar y en ambos casos, deberían estar en las cárceles tal como lo ordena el juez”, por lo tanto en esos sitios hay “un gran hacinamiento, sobre todo en el Retén de Glorias Patrias donde la población reclusa llega a 340 y en El Vigía, unas 230 personas”, acotó.
Para noviembre de este año, la Policía de Mérida atendía aproximadamente unas 843 personas detenidas en sus instalaciones en todo el estado, de las cuales 100 están cumpliendo sus condenas en ambos retenes.
Esta sobrepoblación, de acuerdo a Vega, genera distintos problemas, entre ellos enfermedades como escabiosis (sarna), problemas bronquiales, alergias de distintos tipos y violencia, pero además un sobre trabajo para los funcionarios policiales, quienes no son formados para atender estos casos y su trabajo se enfoca más a la parte de seguridad ciudadana.
Por otra parte, el no trasladar los detenidos a las cárceles, como el sitio adecuado para el cumplimiento de las penas, exonera al Estado de su obligación de proporcionarle las tres comidas diarias y traslada tal deber a los familiares, quienes en las actuales condiciones que vive el país con la carestía de comida y alto costo de la misma, las familias se ven en la necesidad de vender hasta enseres o pedir préstamos, lo que representa deterioro de la calidad de vida del grupo familiar.
“Una de las dificultades que tenemos los Defensores de Derechos Humanos es la escasa y casi nula información sobre las cifras de detenidos en Mérida, porque antes todos eran llevados a la Policía de Mérida pero de un tiempo para acá cada organismo asume ‘sus presos’ y tenemos reclusos en el CICPC, que supuestamente pasan de 100, entre hombres y mujeres que ocupan un mismo espacio físico, también en la Policía Municipal y en distintos puestos policiales como Los Curos o en Belén”, dijo Vega.
Es necesario que el Estado asuma una revisión completa y profunda del sistema penitenciario, “empezando por cambiar el famoso Plan Cayapa ideado por la ministra Iris Varela ya que el mismo no ha dado resultados favorables frente a la sobrepoblación, el hacinamiento ni el retardo procesal. Una salida beneficiosa debe ser la de la ministra Varela pues durante su gestión, el país completo ha sido testigo de casos graves como el del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana, en Lara, la Penitenciaria General de Venezuela en Guárico o en el penal de San Antonio en Margarita”, expresó Judith Vega.
