El primer Consejo Universitario del año 2017 realizado este lunes 16 de enero, se trató como tema principal lo referido a la medida que tomó el Gobierno Nacional, a través de la Opsu, de pasar la cobertura básica del seguro del personal universitario, a la empresa Seguros Horizontes. Para ello, el Consejo contó con la visita del presidente y tesorero de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula), Virgilio Castillo y Rómulo Bastidas, respectivamente, para que expusieran la situación que se está generando por esta decisión, ya que ésta ha generado muchos rumores y malestar dentro de la comunidad universitaria y sin haber una información formal al respecto.
Como es bien sabido por la comunidad universitaria y en general, dada la incapacidad que tiene el gobierno para proveer los centros de salud de los recursos necesarios para atender a las enfermedades de larga data y las emergencias, los universitarios se han visto en la necesidad de proteger su salud y de sus familiares, contratando pólizas de seguros para que, en el caso de un siniestro, alguien responda y no tenga que pagarlo de sus propios bolsillos.
En ese sentido hay una serie de iniciativas por parte de la universidad y de los gremios para proteger tanto al personal administrativo, técnico y obrero como a los profesores. Existe un seguro básico que corresponde a 200 mil bolívares por cada trabajador el cual, en el caso de los profesores, lo venía gestionando el Instituto de Previsión Profesoral (IPP) y que tiene, aparte de esa cobertura básica, una cobertura ampliada por la cual los profesores, dependiendo de su grupo familiar, paga una cierta cantidad, lo que es muy importante hoy en día dado lo costoso que es la atención en una clínica.
“Para activar estas pólizas complementarias, el trabajador necesita que alguien active la cobertura básica de 200 mil bolívares, el año pasado el gobierno, a través de la universidad, enviaba a los diferentes gremios los recursos y, en el caso del IPP, cuando había un siniestro se activaba el seguro básico y se pagaba hasta la cobertura que tuviera la persona. El gobierno decidió, como siempre lo suele hacer, primero de manera inconsulta y arbitraria y segundo de manera irresponsable, seleccionar una compañía de seguros que tiene una mala reputación en la zona andina y en el contexto de los trabajadores de los Andes, como lo es Seguros Horizontes. Nosotros tuvimos una póliza con ellos hace tiempo atrás y funcionó tan mal que el mismo gobierno decidió pasar eso a otro seguro, que era Seguros Federal y que funcionó bien por un tiempo y luego comenzó a presentar problemas y que radican en que el número de clínicas que en el país aceptan esos dos seguros es muy pequeño, en el caso de Mérida, según la información dada por el presidente de la Apula, apenas son dos clínicas las que reciben a los agremiados, lo que lleva a que esas clínicas no tengan la capacidad operativa para atender todas las necesidades de los trabajadores universitarios”, dijo el profesor José María Andérez, secretario de la ULA.
El Consejo discutió que los recursos que se aprueban y que están en el presupuesto no se pueden mover y ningún funcionario del gobierno puede decir que se agarre parte de los recursos del seguro básico y se le pase a una empresa de seguros y menos, si ésta ha presentado problemas con los cumplimientos y no son recibidos en las clínicas. Es por ello que el Consejo aprobó generar un comunicado público sobre el malestar que esto causa en la comunidad universitaria así como exhortar a la Apula para que haga una consulta entre sus agremiados acerca de esta situación en materia de salud; solicitar a la Opsu que a la ULA se le derogue esa medida y que permita seguir ejecutando el seguro como se venía haciendo hasta el año pasado; acompañar a los gremios en aquellas medidas que decidan tomar dentro de lo que compete el ambiente constitucional, medidas de protesta pacíficas, porque la salud es un problema de todos y es un derecho fundamental.
“Esperamos que el gobierno recapacite y que a través de la Opsu, podamos dejar que los universitarios decidan cómo van a manejar sus pólizas de seguros, porque en el caso de la ULA tanto Ofiseula como el IPP, pueden dictar cátedra de cómo manejar y autoestimar los seguros. Hay una preocupación evidente y debe ser escuchada y todos debemos expresarnos como universitarios a través de nuestros gremios, porque hemos llegado a la mala costumbre de que solo las juntas directivas de estos deben actuar y eso no es así, debe haber más conciencia social y más en algo que toca un derecho humano como lo es el derecho a la salud”, dijo finalmente el profesor Andérez. Golfredo Lobo / Prensa ULA / CNP 14.293
