Por: Fernando Luis Egaña…
Cuando las primarias para elegir al aspirante presidencial de la oposición en el 2012, hubo cinco candidatos principales. Casi todos están inhabilitados políticamente, por una vía u otra. El que aún no lo está formalmente, Henrique Capriles, lo podrá estar en cualquier momento, pues la hegemonía maneja el tema como le da la gana.
Leopoldo López, que al final de esa contienda se retiró para apoyar a Capriles, es un preso político que ya pronto cumplirá año y medio de Ramo Verde, en indignas condiciones. María Corina Machado fue despojada de su investidura parlamentaria por las malas, y ahora por las peores ha sido inhabilitada para la función pública. Pablo Pérez, también ha sido inhabilitado y por diez años. Diego Arria ha sido duramente perseguido y si regresa al país, sería detenido.
Antonio Ledezma, que no fue candidato pero sí precandidato a las referidas primarias, es un preso político de Maduro y sobre él ha recaído un ensañamiento intenso. Otro precandidato de esa contienda, César Pérez Vivas, también ha sido perseguido e inhabilitado. Oswaldo Álvarez Paz, que consideró participar en las primarias, ya había sido encarcelado por razones políticas y los juicios correspondientes continúan y restringen sus derechos. Y Pablo Medina, que finalmente participó en las primarias, se encuentra en el exterior ante el acosamiento oficial.
Esa es la situación de la llamada “participación política” en la no menos llamada “revolución democrática” de Venezuela. En teoría existen unos derechos y unas garantías, en la práctica no. La Constitución y las leyes los consagran, el proceder operativo del despotismo los anula. Y ello que es válido para el dominio de la política, también lo es para el dominio de la comunicación, o de la actividad económica, o de la lucha social.
El nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del régimen bolivarista, declara que el único que tiene derecho a inhabilitar es el pueblo. Pero bajo el régimen de sus amistades, el Estado partisano ha venido inhabilitando a dirigentes opositores desde hace muchos años. Si no lo sabía, ya debería saberlo, y sobre todo actuar en consecuencia. ¿Lo hará? No lo creo.
Y no lo creo, porque todavía persiste esta fachada de democracia que la hegemonía se esmera en parapetear, con el apoyo de sus amigos en el exterior y de algunos cuantos opositores al interior. Las “inhabilitaciones” son una de las expresiones del despotismo depredador que destruye a Venezuela. Acá lo que sí merece ser inhabilitada es la hegemonía inconstitucional.
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