A través de los operadores justicia se pueden resolver la totalidad de los casos
Edgar Zambrano, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, celebró la decisión que permite la libertad de la jueza María Lourdes Afiuni, asegurando que está completamente apegada a la legalidad.
“Observamos con beneplácito el otorgamiento del beneficio de juicio en libertad a la doctora Afiuni como corresponde a tenor del sistema procesal penal venezolano en protección de sus derechos humanos, legítimo derecho a la defensa y debido proceso”, señaló el parlamentario por el estado Lara, quien agregó que a través de los operadores de justicia se pueden resolver la totalidad de los casos referidos a prisioneros y exiliados.
Dijo que en reiteradas ocasiones se ha planteado la necesidad de aplicar las leyes venezolanas para todos por igual, que prevén medidas que favorecen los derechos humanos antes, durante y después de juicios, así como otros beneficios a los cuales se puede apelar a través del Gobierno y del Parlamento. “Recordemos que desde nuestra primera comunicación al para ese entonces Presidente de la República, Hugo Chávez, desglosamos cada uno de los casos y las soluciones posibles por la vía del Poder Ejecutivo a través de las facultades endosadas al Presidente de la República, y el Poder Legislativo mediante la Ley de Amnistía Nacional y Reconciliación Política, que junto a los operadores de justicia constituyen los escenarios de resolución para cada uno de los venezolanos y las venezolanas que sufren rigores del exilio y la prisión”, apuntó.
El también Vicepresidente de AD consideró importante resaltar que en ejercicio de las distintas responsabilidades de Nicolás Maduro, como Canciller, Vicepresidente de la República, Presidente Encargado y Presidente proclamado, ha conocido de manera directa la gravísima situación de quienes padecen enfermedades terminales y ameritan un tratamiento médico en términos inmediatos en la lista de compatriotas susceptibles de las medidas que se vienen planteando desde noviembre del año pasado. “Tampoco podemos olvidar que Maduro es testigo de excepción de la voluntad de Hugo Chávez en cuanto su disposición de resolver los casos planteados como lo demuestra la comisión que le ordenó el entonces primer mandatario para atender la situación ya conocida. Todo ello nos indica claramente la existencia de una oportunidad para que el actual Ejecutivo honre la memoria de Chávez haciendo efectiva su voluntad para resolver los casos a él planteados”, comentó Zambrano.
El Jefe de la bancada de AD en la Asamblea Nacional recordó que en atención al planteamiento de los familiares de prisioneros y exiliados venezolanos, se ha llevado el tema ante todas las instituciones del estado, para procurar su solución, así como frente a diversos actores de la vida política nacional e instituciones internacionales, las cuales han mostrado su disposición a mediar en la consecución del objetivo, que no es otro que garantizar la paz social en consolidación del estado democrático constitucional.
“Luego de las elecciones del 7 de octubre de 2012 le tomamos la palabra al recién reelecto Presidente Chávez en su convocatoria a diálogo nacional, por lo que tanto el 20 de octubre como el 8 de noviembre del mismo año consignamos comunicaciones en el Palacio de Miraflores para abordar los casos de prisioneros, exiliados y diputados principales y suplentes del parlamento sometidos a persecución judicial”, apuntó al recordar que justamente el 12 de noviembre se celebró el primer encuentro con representantes del gobierno, a solicitud de Hugo Chávez, en el cual participaron Nicolás Maduro y la entonces Procuradora General de la República, Cilia Flores. Posteriormente se solicitaron nuevas audiencias al entonces Presidente de la República en fechas 8 de febrero de 2013 y el 20 del mismo mes, luego del regreso al país del mandatario, en las cuales se expresó la voluntad asistir a encuentros con el entonces Vicepresidente o cualquier funcionario que fuera designado por el Presidente para tal fin, así como a Maduro en su condición de Vicepresidente el 22 de febrero, y luego como Presidente encargado el día 20 de marzo, así como el 13 de mayo como Presidente proclamado.
En diciembre de 2012, Zambrano se reunió con la Magistrada Luisa Estella Morales, quien fuera para el momento la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, encuentro en el cual también participó la Magistrada Deyanira Nieves, así como consignó ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República el legajo documental con los casos de prisioneros y exiliados y las vías para la resolución de los mismos. Durante el mismo mes de diciembre se celebraron reuniones con el Nuncio Apostólico de Su Santidad en Venezuela, Monseñor Pietro Parolin y el Arzobispo de Caracas, Jorge Cardenal Urosa.
A partir de enero de 2013, el parlamentario por el estado Lara sostuvo productivos encuentros de trabajo con los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, encabezada por su Presidente, Monseñor Diego Padrón, así como también el Arzobispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, y acudió posteriormente a diversos organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestro país, la Cruz Roja Venezolana, el Centro Carter, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Posteriormente se reunió con el mundo académico, destacando encuentros con la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, y el Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Padre José Virtuoso, s.j. y el Comité Interacadémico Nacional, que reúne a las diversas academias del país, encabezado por su Coordinador, Claudio Bifano.
Las gestiones del diputado Edgar Zambrano lo llevaron en varias ocasiones a realizar jornadas de trabajo fuera de nuestras fronteras, en primer lugar para levantar un censo de los exiliados involuntarios en Costa Rica, Panamá, Colombia, Miami, España y Perú, y luego para presentar solicitudes formales de mediación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Cruz Roja Internacional y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Suiza.
