Los diputados por el estado Mérida a la Asamblea Nacional (AN) y al Parlasur, Lawrence Castro y Luis Loaiza, solicitaron a los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) la activación de todos los mecanismos que sirvan para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, toda vez que denunciaron la ruptura del orden constitucional en el país, tras la detención de diputados, violación a la inmunidad parlamentaria y persecución de dirigentes de la oposición.
Ante la sede de la embajada de Argentina en Caracas, el diputado Lawrence Castro (Voluntad Popular) solicitó los buenos oficios de los países del Mercosur para que, en virtud del espíritu democrático de esas naciones, se logre la libertad plena del diputado Gilber Caro, detenido arbitrariamente e incomunicado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Castro explicó detalladamente al Ministro encargado de Negocios de Argentina, Eduardo Porretti, cómo el gobierno nacional ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional y detalló las razones por las cuales la oposición sostiene que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, abandonó sus funciones constitucionales, hecho deliberado y acordado por el Poder Legislativo, en pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, el pasado 9 de enero de 2017.
Asimismo ilustró como el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, acusó al partido Voluntad Popular de no merecer ser calificado como partido político, porque según ha expresado públicamente, ha venido forjando a la sombra del terrorismo y acciones violentas.
Lawrence Castro señaló que muestra de la persecución política es la privación de libertad de dirigentes de la tolda naranja, así como de otros partidos, acción amparada en un “Comando Antigolpe” que fue creado para reprimir al pueblo venezolano.
“Todas estas violaciones conforman una situación de negación de la democracia y de irrespeto a los Derechos Humanos que debe ser conocida y atendida por la comunidad internacional, a efectos de contribuir con el bienestar social del pueblo venezolano”, manifestó el parlamentario.
En este sentido, invitó a los países miembros del Mercosur a valorar, acompañar y vigilar la crisis venezolana, a la luz de las normas que el propio bloque mantiene sobre el respeto de la democracia y recalcó que los parlamentarios de ese bloque común del Sur están comprometidos con la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho, así como despliegan esfuerzos continuos para fortalecer los sistemas pluralistas de gobiernos representativos.
Piden arbitrar medidas
Por su parte, el diputado Luis Loaiza (UNT), destacó la importancia de la solidaridad y vigilancia internacional para el desarrollo de los estándares básicos que garanticen la dignidad de las personas en la región.
Ante ello, solicitó a la comunidad internacional arbitrar las medidas pertinentes para trasladar la inquietud y preocupación generada por esta situación a toda autoridad nacional y regional de los países del sur, con el objeto de repudiar severamente las conductas antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro.
Loaiza expuso que ejercer un derecho político esencial como la protesta, amparado en el artículo 68 de la Constitución de la Republica, desata una cadena de atropellos que viola la dignidad de las personas, lo contemplado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscritos por la República para la protección de los derechos humanos.
Detalló que en Venezuela se vulneran y menoscaban sistemáticamente el artículo 43 sobre el derecho a la vida; el 44 sobre la inviolabilidad de la libertad personal; el 45 sobre la prohibición a la autoridad pública de aplicar la desaparición forzada de personas; el 46 sobre el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas; el 47 sobre la inviolabilidad del hogar doméstico; el 48 sobre el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas; el 49 que consagra el debido proceso; el 50 sobre el libre tránsito en el territorio nacional.
El diputado Luis Loaiza también enumeró el artículo 53 sobre el derecho de reunión; el 55 sobre el derecho de las personas a la protección por parte del Estado; el 57 sobre la libertad de expresión; el 60 sobre el derecho a la protección del honor, vida privada e intimidad de las personas; el 62 sobre el derecho de participar libremente en los asuntos públicos; el 70 y el 72 sobre el derecho a la participación política y la revocación de los funcionarios electos.
Ante esa realidad y el caso del diputado Gilber Caro, el parlamentario llamó la atención sobre el desconocimiento y violación de la inmunidad parlamentaria en Venezuela y reclamó respeto al Protocolo Constitutivo del Parlamento de Mercosur sobre las prerrogativas e inmunidad. (Prensa VP-Mérida)
