El bien común y el papel del Estado en el diálogo con los empresarios

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

En los últimos años se ha generado un debate acerca de lo significa para una organización tener fines de lucro, entendemos que las empresas deben obtener retornos por las inversiones realizadas, dentro de límites aceptables para la sociedad o para el bien común. Ahora bien que se entiende por bien común, hay una posición que concibe la sociedad como un conglomerado de individuos que debido a su indigencia, se ven obligados a cooperar, sin que la participación en la sociedad contribuya a su desarrollo como personas. La sociedad surge así como fruto de un contrato social, un pacto entre iguales para la ayuda mutua, que culmina en la cesión de una parte de la libertad personal al Estado, a fin de garantizar su protección para la consecución de esos fines. En tal caso, parece lógico sostener que la sociedad no persigue ningún fin concreto; basta dejar que, más o menos espontáneamente, se desarrolle una armonía capaz de permitir a cada uno la consecución de sus fines personales; un orden social abierto, generalizado y abstracto, que permita la máxima cooperación posible para la consecución de las metas individuales y para la protección frente a la violencia arbitraria de terceros. No hay, pues, un fin común de la sociedad (un bien común), sino sólo bienes individuales. Desde este punto de vista, el ordenamiento jurídico, el ejercicio de la autoridad política, las instituciones, todo en la sociedad está orientado exclusivamente al interés individual.

En el otro extremo las posturas colectivistas que suprimen el papel del individuo, fuera de ser un simple elemento, un átomo del organismo social. Aquí, el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo económico-social, el hombre queda reducido a sus relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral, en esta concepción el bien individual desaparece o se convierte en un residuo, dejando como único titular de las relaciones y derechos a la sociedad en su conjunto y en definitiva al Estado que la representa.

En este contexto las organizaciones deben tomar en cuenta estas posiciones para definir con claridad si buscan fines de lucro o fines de benéficos, los enfoque modernos conciben a las empresas como organizaciones que buscan la sostenibilidad de sus actividades, reconociendo y comprendiendo sus grupos de interés, potenciando el diálogo, para satisfacer las demandas y expectativas, y ser transparentes en la rendición de cuentas de sus acciones. Las empresas sostenibles desencadenan procesos de mejora continua e innovación y procuran la aceptación social. El diálogo con los empresarios impulsado en los últimos días por el gobierno, debería orientarse hacia su actuación como regulador para que el mercado tenga un eficaz desarrollo siguiendo la ley de demanda y oferta, tomado en cuenta las imperfecciones existente en el mismo para buscar el bien común; para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de la sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes para conseguir los consensos imprescindibles sobre los que se construye un proyecto compartido. Aplaudo la iniciativa, sin embargo si el gobierno no comprende la dimensión de la crisis actual que vivimos los venezolanos y la utilidad del diálogo con los empresarios para construir espacios de consenso que permitan corregir los errores, teniendo en cuenta los papeles que cada uno le toca ejercer, será un intento más. Apuesto a la comprensión de los actores para diseñar y edificar acciones que corrijan en el corto plazo los niveles de escasez y desabastecimiento, el crecimiento de los precios, el desastre en los canales de distribución y comercialización sobre todo en los bienes que integran la cesta alimentaria; y en largo plazo recuperar la confianza para que se estimulen las inversiones. Los ciudadanos exigimos la actuación conjunta manteniendo el equilibrio entre la intervención del Estado y los beneficios que los empresarios deben obtener para garantizar la sustentabilidad de las políticas gubernamentales y de las iniciativas empresariales.

ULA-FACES