Luego de una discusión sostenida por miembros del Consejo Universitario de este lunes 20 de octubre se aprobó que el Rector Mario Bonucci, en nombre de la institución, eleve ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) una solicitud de aumento salarial para su personal docente, administrativo, técnico y obrero.
En esta decisión fue considerada la situación de alta inflación, devaluación del signo monetario nacional, deterioro del poder adquisitivo del salario y la fuga de talentos que hoy afecta al país y golpea directamente la estructura académica de la universidad.
Esta proposición fue presentada al CU-ULA como «Moción de Urgencia» por la representación profesoral encabezada por los profesores Luis Loaiza Rincón, Presidente de la Apula, Pedro Montilla, Juan Carlos Rivero y Jesús Calderón, quienes intervinieron en el debate junto a los profesores Luis Alfredo Angulo Rivas, Decano de la Facultad de Humanidades y Educación y David Diaz Miranda, representante de los profesores jubilados.
La discusión y la posterior votación fue adoptada por amplia mayoría, con la excepción del representante ministerial ante el CU-ULA, profesor Heriberto Gómez, quien salvó su voto en todas las propuestas.
El decreto 6649 del Ejecutivo Nacional sólo busca la «cuadraplegia universitaria»
Pedirle permiso a la Vicepresidencia de la República casi para cualquier cosa además de engorroso, costoso e ineficaz constituye una flagrante violación del Artículo 109 de la Constitución Nacional que consagra la autonomía universitaria.
Esta indebida interferencia en la dinámica universitaria impide que la institución conforme a la legalidad compre insumos para la investigación y la docencia, la dotación de laboratorios y hasta la compra de computadores.
Después del referido decreto casi cualquier compra en la universidad depende de una autorización ejecutiva más cercana al contexto de una dictadura que al de una democracia respetuosa del orden constitucional.
El caso de la sede de ULA TV que fue secuestrada es una muestra del desamparo jurídico.
El caso de la ULA TV es una muestra del desamparo jurídico que existe en Venezuela pero también es una muestra de la ausencia de voluntad para promover que los abusos y atropellos contra la universidad sean castigados o sancionados.
La toma y deterioro de sus instalaciones ha quedado impune y no es posible que la institución no responda con fortaleza ante semejante atropello.
