Caracas 15 de Marzo del 2014
Ciudadana
Abg. Gabriela Ramírez
Defensora del Pueblo
Su Despacho.-
Nosotros, Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Mérida: Elsa Gámez, Ramón Guevara y el Concejal del Municipio Libertador Alcides Monsalve, titulares de las cédulas de identidad números: V-3.949.410, V- 4.211.588 y V-10.719.341 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida y hàbiles mediante el presente acudimos a usted a exponer lo siguiente: Desde el siete (7) de Febrero a raíz de la manifestaciones pacificas, adelantada por estudiantes y vecinos de la ciudad de Mérida y Ejido en repudio a la inseguridad y desabastecimiento generalizado amparados en el artículo 68 de la carta fundamental, los organismos de seguridad, en macabra componenda con grupos armados al margen de la ley, han escenificado e implementado un régimen de terror en contra de la población a la cual ha atacado en sus hogares con saña violenta, lo cual resulta repudiable desde todo punto de vista. Violencia inusitada y represión desmedida que hoy por hoy arroja en nuestra entidad el patético resultado oficial de más de veintiséis (26) ciudadanos heridos por balas, más de treinta y cinco heridos severamente con perdigones (de goma y metal) y alrededor de unas cien (100) personas con lesiones y heridas de distintas índoles; al menos tres secuestrados por los grupos armados parapoliciales y que posteriormente lo entregaran golpeados a las fuerzas públicas, decenas de detenidos, así como alrededor de 18 ciudadanos procesados judicialmente cinco de ellos civiles sometidos ilegalmente a una corte marcial.
Delito de lesa humanidad es el único calificativo que le corresponde a las agresiones inflingidas al pueblo merideño en general Resultó evidente que esto cuerpos de orden público y parapoliciales en su accionar al margen de la ley actuaron de manera coordinada, la policía y la Guardia Nacional Bolivariana , entraban a las comunidades disparando gases y perdigones acompañados de las tanquetas, derribaron rejas y portones, desde los megáfonos vejaban e insultaban a los vecinos y una vez ejercida esa primera represión contra manifestantes desarmados, daban paso a los colectivos armados, quienes disparaban indiscriminadamente sus armas de fuego hacia las viviendas, destrozaban vehículos rompiéndoles sus vidrios, quemándolos, ingresaban a los edificios e incluso a las viviendas causando destrozos, y heridos.
La represión ejercida bajo la escusa del control del orden público vilmente degenerada en agresión directa y brutal ejecutada indiscriminadme contra la población en general quienes fueron atacados directamente en sus viviendas masillando sus hogares atentando directamente y poniendo en riesgo la vida de niños, mujeres y adultos mayores, son clara evidencia que este gobierno suspendió de facto las garantías constitucionales, puso de lado la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz; con este proceder el gobierno no hace otra cosa más que reconocer a gritos el deterioro de la institucionalidad, la criminalización de la protesta pacífica, detenciones arbitrarias; atropellando y agresión generalizada constituye el mayor abuso de poder que se haya ejercido contra nuestra población. Es obligación del Estado mantener el orden público, pero dicha responsabilidad debe ejercerse en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y respeto de los derechos fundamentales, la ceguera e inoperancia autista de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo constituye una grave renuncia de sus funciones.
Pretenden callar el reclamo popular con atropellos, agresiones y balas, pero por el contrario, agudizan y alimentan el descontento e incentivar las protestas, profundizan el malestar.
Resulta imperioso exigir, el cese inmediato de estas agresiones desproporcionadas, la restauración de los derechos fundamentales al pueblo merideño, el desarme y desarticulación los grupos criminales armados que azotando a la comunidad al amparo de las autoridades, el cese de la represión en contra del pueblo y más bien, atender los reclamos que en justicia se hace. Exigimos de las FAN se garantice el derecho pleno de los Derechos Políticos y Derechos Humanos Fundamentales y que recuperen el control del monopolio de las armas frente a esos grupos paramilitares, su actual proceder, conculca derechos y garantías constitucionales, tales como, el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y manifestación pública, la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias toxicas en el control de manifestaciones pacificas.
El embate represivo, persecución judicial, imputaciones manipuladas, detenciones arbitrarias, desatada en estos últimos días contra los jóvenes que justificadamente protestan no es más que una expresión del terrorismo de Estado con el cual el régimen, dándole la espalda al pueblo pretende acallar el reclamo popular. Con el uso de tribunales, ad hoc y procesos judiciales amañados a su servicio, se está institucionalizando de la justicia acomodaticia, y buhonerizando el poder judicial, usando dichos tribunales y el proceso judicial, que no de la justicia, como instrumento represivo y amedrentamiento para saciar impulsos de venganza y revanchismo político y como arma de control social, generar miedo mediante toda clase de excesos, abusos y despotismos, pretende calificar como conspiradora toda protesta. El incremento de las protestas es un indicador de que la gente asumió la convocatoria a ser Protagónica. Y una forma de ejercer ese protagonismo es reclamando los derechos que considera le corresponden.
Los recientes hechos ocurridos en Mérida no es una política aislada, porque el Gobierno venezolano está usando la justicia militar para criminalizar la protesta y para golpear al sector disidente. La coacción y persecución judicial es la nueva práctica del terrorismo de Estado. Cuando la justicia se utiliza como arma de venganza política configura un terrorismo de Estado, una justicia no equilibrada y al servicio de una parcialidad constituye abuso de poder y es violatorio de los derechos humanos.
Evidencia de ello es el caso de Wilmer Olivares, quien fuera procesado por una Corte Marcial por la presunta comisión de los delitos de ultraje al centinela y a las fuerzas armadas, conforme al Código Orgánico de Justicia Militar, además del delito de incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, actualmente recluido en los calabozos del Retén de la Policía del Estado, lo cual implica retardo judicial y violación de los Derechos, este combo de delitos no es nuevo, repiten el mismo libreto aplicado en otras partes del país como el caso de los obreros en el Estado Táchira.
El sometimiento de este ciudadano civil a la justicia militar por el hecho de protestar pacíficamente, es contrario a los preceptos constitucionales contenido el los artículos 49, 61 y 261, los cuales prevé el derecho de todo ciudadano de ser juzgado por sus jueces naturales es decir, no es un juez militar quien deba juzgar a un civil. y que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar, así lo ha reconocido nuestra reiterada y pacífica jurisprudencia, la competencia de los tribunales militares “se limita a los delitos de naturaleza militar» y éstos son sólo aquellos que atentan contra los deberes militares, según lo han precisado las decisiones la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la cual, en este sentido ha sido clara al señalar que la disposición contenida en el Código de Justicia Militar no enerva ni impide la aplicación contenida en el Código Penal, porque la primera es derivada de la segunda. y ante la condición civil de la persona procesada, debe concluirse que la jurisdicción penal ordinaria recobra su supremacía”, este despropósito constituye la mayor evidencia de el uso de la justicia como un arma represiva y de revanchismo político. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos continuamente ha expresado que la justicia militar no es aplicable a civiles porque estos no pueden cometer delitos militares, sólo los militares activos y en funciones militares cometen delitos militares. El proceso al que ha sido sometido este ciudadano es intolerable en un estado de derecho, porque en el supuesto de que hubiera cometido algún delito, por mandato de la Constitución le corresponde a los Tribunales Ordinarios hacer las averiguaciones y tomar las medidas a que haya lugar, porque este no es un delito militar, por lo cual nos solidarizamos con el ciudadano Wilmer Olivares y exigimos su inmediata liberación. Del mismo modo rechazamos que se pretenda convertir en un cuartel a gran parte del territorio nacional, no olvidemos que los hechos ocurrieron en la vía pública de una zona residencial, que hace parte de 34% de la superficie del territorio nacional a la que asciende el total de las zonas de seguridad dictadas en el país, exageración que solo busca la restricción de los espacios públicos para expresar el descontento de los ciudadanos, donde la declaratoria de zonas de seguridad es discrecional para el régimen con la sola intención de penalizar las protestas por perturbación del orden en las llamadas “zonas de seguridad”. dentro de cuya jurisdicción se desconocen derechos garantizados por la Constitución. Se prohíbe con ello, en consecuencia, el ejercicio del derecho a la manifestación en más de un tercio del territorio venezolano, ratificando con ello, una de las más feroces formas de criminalizar la protesta, aplicando el régimen de seguridad nacional para amenazar a los ciudadanos, impidiéndoseles en la practica el ejercicio de derechos fundamentales como lo es el del libre tránsito, el derecho de manifestación, y el derecho a la igualdad ante la ley, por esto exigimos a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades judiciales se pronuncie y rechace toda acción de los tribunales militares hacia los civiles. De igual forma a que se respete el artículo 68 de la Constitución que establece el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas.
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS RELEVANTES EN CUANTO A ATROPELLOS, HERIDOS POR BALAS, HERIDAS GRAVES POR PERDIGONES, ACOSO Y TERRORISMO EJERCIDO CONTRA LA POBLACIÓN EN GENERAL
-1) El 07-02-14 en las inmediaciones de la avenida Cardenal Quintero resulta herido el estudiante José Gregorio Suárez, a quien un policía le dispara a quema ropa al momento de dispersar una manifestación pacifica, un perdigón se le aloja en un pulmón.
-2) El 08-02-14 En avenida Cardenal Quintero con las Américas resulta herido de bala el estudiante Erly Alejandro Escalona herido en el cuello y el abdomen.
-3) El 11-02-14 motorizados armados intimidan y acosan a los manifestantes en varios puntos de la ciudad, ejercen todo tipo de actos violentos contra ellos actuando en compañía y el amparo coordinado de la policía del Estado Mérida; estos grupos violentos hieren a por lo menos cuatro personas en la urbanización Cardenal Quintero la cual junto a la policía estadal atacaron violentamente causando daños a vehículos y disparando hacia los apartamento, resultaron heridos: Jorge Monsalve herido con bala que se le alojó en el pulmón izquierdo; un adolescente de 15 años Franco Pérez, herido por arma de fuego en el hemitórax; Pedro Aliso herido por arma de fuego en el brazo; y Anny Paredes herida con arma de fuego en el brazo y abdomen.
Ese mismo día, el grupo de motorizados armados se dedicaron a secuestrar manifestantes, los golpeaban, torturan y posteriormente los entregaban a la policía para su detención, de tales hechos se tiene evidencia gráfica en la Faculta de medicina y en las inmediaciones del viaducto Campo Elías. Posteriormente se trasladaron hasta las Residencias Río Arriba, Monseñor Chacon e Independencia, en donde junto a la policía, derribaron portones, ingresaron a los estacionamientos disparando hacia los apartamentos, causando daños y destrozos a más de 20 vehículos estacionados, rompiendo vidrios y desvalijándolos. Es de destacar que ese mismo día ese grupo de motorizados armados se apersonaron en las inmediaciones de la Gobernación del estado manifestando su intención de defender su “revolución”, siendo atendidos y recibidos con discursos públicos de apoyo e incitación por parte de altos personeros gubernamentales.
-4) El 12-02-14 continúan los hechos de violencia contra los manifestantes por parte de los grupos de motorizados armados actuando en conjunto con la policía estadal; resultando herido por arma de fuego en una pierna el reportero gráfico Jilfredo Alejandro Barrada; en las inmediaciones de la Avenida Cardenal Quintero Antonio Indriago resulta herido de bala en el hemitórax ; El menor Jorge Medina resulta herido de bala.
La policía junto a los colectivos armados, atacan a los manifestantes y habitantes de la Urbanización La Humboldt y urbanización La Linda.
-5) El 13-02.14 Dennis Gómez Director de la corporación de Salud, informa de al menos treinta personas heridas por las arremetidas contra las manifestaciones hasta la fecha. La Guardia Nacional se incorpora a las acciones de represión actuando en coordinación con la policía y los colectivos armados, irrumpen violentamente en la urbanización El Rodeo derribando portones y disparando hacia las viviendas, lo mismo ocurre en Cardenal Quintero, La Linda, La Floresta, Durante estos días prosiguen de manera continua los enfrentamientos y acosos violentos hacia los manifestantes y las comunidades.
-6) El 17-02-14 Resulta herido con un perdigón en el ojo Neider Peña y David Balza con herida cortante en el brazo derecho. Se replican los ataques en más de veinte puntos de la ciudad contra los habitantes y manifestantes.
-7) El 18 y 19 de febrero, se repite la represión contra los habitantes de las residencias Cardenal Quintero, La Linda, La floresta, El Rodeo, y en la población de Ejido el grupo de motorizados escoltados por la policía dispararon contra las residencias de las Urbanización El Trapiche para detener el cacerolazo que se estaba produciendo allí. Lo propio ocurrió en la Urbanización el Centenario y el Molino. El 19 de febrero, los colectivos armados actuando conjuntamente con la policía y la guardia Nacional bolivariana, atacan nuevamente las residencias El Trapiche donde se produjeron daños a más de doce vehículos y dispararon hacia los apartamentos, intentaron ingresar a las viviendas así como intentaron prenderles fuego, se producen múltiples heridos.
-8) El 20-02-14 Se producen ataques despiadados y coordinados contra los habitantes de la populosa zona de Los Sauzales por parte de la guardia Nacional, policía y grupos de motorizados armados, resultado herido de bala en el brazo izquierdo y perdigones en la cara el estudiante Antonio Roballo; la policía y guardia nacional arremetiendo con violencia inusitada y abriéndole paso a los colectivos armados quienes atacaban directamente a las viviendas fue una práctica repetida múltiples veces ese día, ese escenario se repitió en la Residencia El Milagro, La Linda, el Campito, Villas el rodeo, Santa Juana, Los Samanes, Cardenal Quintero, Paseo de las Ferias; Campo Claro (en donde desde las tanquetas disparaban hacia los apartamentos), Avenida Andrés Bello, La Pedregosa, Urbanización Mocotíes, La Humboldt, Belenzate, La Horqueta, La Mata, Sai Sai, La Floresta, resulta herido José torres al tratar de escapar lanzándose de una moto en donde lo trasladaban secuestrado motorizados armados de los colectivos. Esa noche un menor de edad resultó herido de bala en el pecho en las inmediaciones de las Américas, las horas nocturnas fueron terroríficas para los habitantes de esas comunidades puesto que los ataques fueron por oleadas a lo largo de la noche.
-9) El 22-02-14 En la Cardenal Quintero resulta herido de bala en el hombro izquierdo Jhonson José Cabrera por parte de los colectivos armados; Elvecio Sánchez resulta herido de bala en el abdomen, continúan las agresiones, con balas, gases lacrimógenos y perdigones contra los vecinos desarmados y pacíficos de la ciudad.
-10) El 24-02-14 Se repite la acción del trinomio del terror, en ataques a las urbanizaciones el Pilar, San Rafael, El Trapiche, Los Cedros, Bella Vista, La Campiña, Inrevi, Aguas Calientes, El Salado, Fernández Peña, Carlos Sánchez, Centenario, de la población de Ejido, los colectivos queman tres vehículos estacionados al pie de los edificios y próximos a las bombonas de gas de la residencia El Trapiche, recrudecen los ataques armados contra los habitantes de la zona populosa de Santa Juana y los Sauzales, Humboldt, Río Arriba, Monseñor Chacón, Santa Anita, los Curos (en donde los habitantes manifestaron que la guardia Nacional les disparaban balines de metal), Las Heroínas, atacan el Conjunto Residencial de La Fontana en donde destrozan vehículos y proceden a robar lo que encuentran en ellos; se producen más de nueve heridos por armas de fuego, entre ellos: Emidanny Moreno Calderón con herida de bala en la rodilla producido alrededor de la Plaza El llano; un herido de bala en la Avenida 2 Lora; en Ejido Jasson Antonio Sulbarán González resulta herido con perdigón en la cabeza, Jesús Javier Reina Sulbarán herido de bala en la tibia, el menor Kenny Karin Cagua Sánchez 2 heridas de bala uno en el Abdomen y otra en la faringe y la traquea, Jonathan Valecillos dos heridas de bala en los glúteos, Gabriel Belandria una herida de bala en un glúteo; igualmente colectivos motorizados escoltados por la policía lanzaron una bomba molotov dentro de una vivienda en el barrio Santa Elena, el la población de Timotes la policía ataca con contundencia a manifestantes indefensos.
-11) El 01-03-14 se producen al menos ocho heridos al repetir el gobierno la receta del trinomio del terror, en los Sauzales, El Carrizal, Las Tapias, Paseo La Feria, Cardenal Quintero, centro de la ciudad en donde resulta herido de bala en el tórax José Miguel Gutiérrez, Carlos Alberto Vergara herido de bala en el maxilar izquierdo. Mientras tanto son presentados ante un tribunal militar de forma ilegal, cinco civiles, quedando uno de ellos Wilmer Olivares, privado ilegalmente de la libertad.
-12) El 02-03-14 Los grupos armados paraoficiales de los colectivos, atacan una manifestación pacífica en Las Tapias, resultando cuatro heridos, una mujer con un tiro en un brazo, un motorizado armado atropella a una niña presente en la vigilia, José Gregorio Escalante brutalmente golpeado contra un poste público; se registran ataques a las comunidades de la Humboldt y el Belenzate.
-13) El 05-02-14 Siguen sembrando el terror en los urbanismos el trinomio articulado de la policía, Guardia Nacional y colectivos armados, atacan la Residencia La Trinidad, Don José, la zona de Pie del Llano, La Floresta, La Linda, Santa Juana, Residencias Don José, La Vega, y en horas nocturnas atacan las instalaciones de la alcaldía del Municipio Libertador, asaltan y destrozan oficinas y queman dos vehículos de trabajadores municipales.
-14) Para el 06 y 07 de marzo ya se reportaba el uso por parte de la policía y guardia nacional de metras y balines como municiones de sus escopetas, produciéndose más de diez heridos, Atacan los urbanismos de la Pedregosa Sur, La Floresta, Los trigales, en donde por más dos horas los vecinos sufrieron agresiones directa hacia sus viviendas por parte de la policía y grupos armados parapoliciales de motorizados.
-15) Las acciones violentas del trinomio oficial y paraoficial continúan en los días subsecuentes, el 11 de marzo se registran más de 16 heridos con perdigones, se producen múltiples detenciones; el 13 de marzo La Juez de Control 4, Mariela Patricia Brito Rangel, se le dictan medidas cautelares de libertad previa fianza y régimen de presentación a tres estudiantes detenidos en la inmediaciones de La Floresta y procesados bajo los cargos de instigación a delinquir y resistencia a la autoridad, del mismo modo, ordena el inicio de investigaciones contra los funcionarios actuantes en la detención por incurrir en agresiones, tortura y tratos crueles y contra los tres estudiantes detenidos, luego de esta decisión, la juez que produjo el fallo interlocutorio es destituida del cargo presumiblemente por ordenar la investigación, con el agravante que, tal medida trajo como consecuencia que los tres estudiantes procesados permanecen aun detenidos no obstante la medida otorgada, por cuanto la causa no se le ha asignado a ningún otro juez que emita la boleta de libertad toda vez que la fianza impuesta ya fue cubierta y consignada, esto deja a dichos ciudadanos en estado de indefensión, les vulnera derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, y al acceso de una justicia oportuna.
BALANCE OFICIAL DE DETENIDOS
1- Ramón Ruiz.
2- María Cecilia Pérez.
3- Pedro Pérez.
4- Lenin Soto.
5- Juan Manuel Darria.
6- Alan Daniel Quintero.
7- Simon Bittara León.
8- Miguel Ángel Aranguren Saavedra.
9- Wilmer Olivares.
10- Anderson Rodríguez.
11- Steven Molina.
12- Edwin Rico.
13- Nelson Sánchez.
14- José Vera.
15- Edwin Olio
16- Néstor Carrero.
17- Oliveiro Mora.
18- Julio Capacho.
19- Víctor Araque.
20- Renzo Márquez.
21- Gabriel Vera.
22- Argenia Méndez.
23- Luis Roberto Quintero.
24- Luis Contreras.
25- Rubén Sosa
26- Luis Alejandro Quintero.
TORTURADOS
Quienes han denunciado tortura, son procesados y al momento de otorgársele las medidas sustitutivas se les prohíbe hablar sobre el tema; pero además de ello, está el terror físico y psicológico al que han sido sometido un gran número de familias merideñas por parte de los cuerpos de seguridad pública y colectivos armados, quines le infligen ataques al recinto de sus hogares y sus alrededores, generando miedo y zozobra.
El exhorto final es a las autoridades competentes en la materia, para que, en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades para con el pueblo venezolano, sustancien las debidas investigaciones y procedan en consecuencia a ejercer las acciones tendentes a producir justicia y amparen a la ciudadanía en general contra el abuso, desviación y extralimitación de poder ejercido por estos cuerpos represivos que se conducen al margen de la Ley.
Videos que registran las acciones adelantadas por el trinomio, Guardia Nacional Bolivariana, Policía del Estado Mérida, Colectivos armados.
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ABG. ELSA GÁMEZ ABG. RAMÓN GUEVARA
LEGISLADORA LEGISLADOR
ALCIDES MONSALVE C
CONCEJAL
