Por: Fortunato González Cruz…
La Universidad definida en el artículo 109 de la Constitución de 1999 no es la que quiere el régimen. Chávez apenas toleró la universidad autónoma constitucional, pero no era de su gusto y desarrolló varios tipos de instituciones de educación superior no para formar buenos profesionales sino adoctrinados sumisos de su régimen. Todas las universidades deben alcanzar la autonomía según la norma constitucional, porque establece la temporalidad de las experimentales, que deben alcanzarla en un tiempo razonable; sin embargo, en el sistema de educación superior venezolano solo existen 5 universidades autónomas. Entre universidades, universidades experimentales, institutos de estudios superiores y tecnológicos oficiales no autónomos existen más de 120. La cifra es elocuente: al gobierno no le gusta la autonomía universitaria e incumple el mandato constitucional. El gobierno de Nicolás Maduro se desvió de la Constitución y del socialismo del siglo XXI para trocarse en una pandilla sin otro objetivo que mantenerse en el poder a cualquier costo, aún de la destrucción del país. En este propósito los valores de la cultura, éticos, conocimiento, esfuerzo, estudio y trabajo estorban; por ello debe destruirse lo que se ha construido en 500 años de aprendizajes en valores y saberes en particular los de la libertad y la democracia. El nuevo venezolano que quieren no es trabajador, ni docente, ni culto, ni honesto. Su nuevo paradigma es el pran, el bachaquero, el boliburgués, el patriota cooperante, el adulante y el sumiso.
El asedio económico, administrativo, laboral y académico del gobierno contra la Universidad Venezolana tiene un origen político. Es una estrategia para acabar con las universidades y lo que signifique excelencia, creatividad, libertad de cátedra y gobierno autonómico. Por ello no se han podido hacer elecciones de sus organismos de gobierno ni estudiantiles. Es por ello la contratación única. Es por ello el militarizado y corrompido Seguros Horizonte. Existen organizaciones de estudiantes, de trabajadores y uno que otro profesor que responden a los intereses del gobierno a cambio de cuotas de poder y de dádivas incluso algunas tan miserables como un taxi, una moto y una glock y licencia para delinquir. Las manifestaciones más elocuentes son las últimas que han llegado al extremo de tomar espacios en universidades como la UCV, UNET, UC, UDO y la ULA en todas sus sedes. En este escenario nacional de grave perturbación de los valores republicanos las universidades autónomas deben hacer más y mejor lo que saben hacer bien: docencia, investigación y extensión aún con las uñas; profesores y alumnos en clases por sobre las inconvenientes y las amenazas; el ejercicio autónomo de la autoridad y si es necesario en aplicación directa de la Constitución como lo consagran los artículos 109 y 333. Cerrar filas en torno a las unidades académicas y a las máximas autoridades universitarias, y por sobre todo la relación entre profesores y estudiantes en el aula de clase y en el ejercicio de una docencia republicana comprometida con los valores democráticos aún en una clase de química.
Cuando se dan situaciones particularmente conflictivas y difíciles que parecen no encontrar salidas adecuadas, entonces hay habilitar espacios de diálogo y solución a lo interno, preservando la institucionalidad y poniendo la autonomía por sobre cualquier interés. Unidad de la academia, compromiso institucional y, de ser necesario, la desobediencia cívica apegada a la Constitución y a la Ley de Universidades que son los marcos que encuadran el goce de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de la autoridad en la Universidad.
