Por: Germán Rodríguez Bustamante…
En los últimos días el vicepresidente de Economía Productiva, el empresario en ejercicio Pérez Abad, asomó la posibilidad de transferir algunas iniciativas empresariales en manos del Estado a capital privado, como consecuencia de su inviabilidad económica y financiera.
Lo cierto es que algunas, por no decir que todas las empresas públicas, se han convertido en un lastre, consumiendo recursos públicos que podrían utilizarse en mejorar infraestructura en general, gastos de salud, educación y seguridad. La privatización produce una reducción de los gastos gubernamentales y evita las distorsiones generadas en el mercado por la participación del Estado en la actividad empresarial.
Aunque en el seno de las fuerzas revolucionarias existe un prejuicio sobre el proceso, según el cual el interés privado puede no coincidir con el interés público, con esa idea en realidad los ciudadanos terminamos cancelando bienes y servicios más caros. La situación venezolana es concluyente: los servicios prestados por el Estado muestran una situación precaria en lo operativo, financieramente no pueden realizar las inversiones para la actualización tecnológica requerida y en conclusión los ciudadanos padecemos las calamidades por servicios en malas condiciones de prestación, que impide el desarrollo del país. En cuanto a las empresas proveedoras de bienes la situación es peor: capacidades de producción totalmente ociosas, productividad baja producto de un ausentismo laboral por arriba del 60 % en todas las empresas, amén de la sobrecarga de personal.
El aumento desmesurado de la fuerza laboral en el sector público, tanto de la administración pública como de las empresas del Estado, no se ha traducido en un aumento proporcional de la provisión de productos y/o servicios. Este agrandamiento del personal y baja notable en la productividad del Estado, en conjunto con la percepción de los crecientes niveles de desvío de recursos y otras formas de corrupción, apuntan a que, por intención, se ha agrandado y fortalecido el Estado centralizado-corporativo-representativo a niveles mayores que en la satanizada cuarta república, con lo cual el poder popular se ha convertido en un fiasco escandaloso.
Lamentablemente fracasó la política de promoción de cooperativas y de empresas de producción social; todas están en el suelo, entre el barro, sin poder izarse orgullosamente: la bandera del socialismo flamea como la decepción económica productiva. El problema no estuvo en el diseño, ni tampoco en el financiamiento, ya que se realizaron esfuerzos en ambos sentidos; por el contrario, abundaron los créditos. Las empresas públicas fueron afectadas igual que las privadas por condiciones macroeconómicas hostiles para la inversión en el mediano y largo plazo.
Pensar que las empresas socialistas se comportan de manera diferente a las capitalistas es una ilusión que algunos revolucionarios creen todavía, a pesar de los resultados. Cuando compiten en el mercado por cuotas y precios se comportan exactamente igual y no puede ser de otra manera. Así, si las condiciones macroeconómicas son deficientes para el sector privado también lo serán para el sector público.
Las empresas nacionalizadas, expropiadas o de nueva creación requieren de condiciones favorables y estables para desarrollarse, mayores que las iniciativas en marcha. ¿Cómo va a producir caraotas una empresa nacional, por ejemplo, si hay una importación errática, descoordinada, por parte del gobierno de ese rubro? ¿Cómo van a producir textiles las empresas nacionales, si el tipo de cambio del régimen cambiario favorece la importación? ¿Cómo van a prosperar las empresas si saben que de un momento a otro se decide cerrarlas, por expropiación, o por cierre debido a un diagnóstico parcial y apresurado, sin tener en cuenta el análisis de las condiciones y el desarrollo de las fuerzas productivas?.
La volatilidad de la economía, la insostenibilidad fiscal, la incertidumbre sobre las políticas económicas, la falta de reglas de operación claras, la inflación, las restricciones erráticas y burocráticas de divisas, la inseguridad jurídica y personal afectan a todas las empresas, sean privadas, o públicas.
El equipo económico del gobierno no sabe lidiar con el mercado y sus reglas y desde su posición revolucionaria y delictiva pretenden torcer las dinámicas que impulsan los entornos económicos. Los resultados los observamos: desabastecimiento de alimentos y medicamentos por encima del 80 %, inseguridad con niveles de homicidios vergonzosos, servicios públicos en decadencia, tejido empresarial en la ruina, subordinación institucional al poder ejecutivo y violación sistemática de derechos humanos, son elementos que evidencian la existencia de condiciones de crisis humanitaria en lo social, y en lo político expresado en la limitación del ejercicio de la Libertad y la erosión del Estado de Derecho.
Para finalizar, pareciera más tarde que temprano con este gobierno (o con uno nuevo) que la privatización será una necesidad urgente para buscar el saneamiento de las cuentas fiscales y la promoción de la inversión tanto nacional como extranjera en Venezuela, en el marco de los ajustes requeridos para salir del hueco en el que estamos sumergidos.
ULA – FACES
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