El Consejo Nacional de Universidades (CNU) solicitó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación penal en contra de los rectores que conforman la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU). Dicha solicitud apareció en la Gaceta Oficial Nº 41.684, de fecha 31 de julio de 2019, en la cual dicho organismo también pide a la Contraloría General de la República determinar la responsabilidad de los rectores en el incumplimiento de rendiciones de cuentas sobre los presupuestos asignados a sus universidades.
La investigación penal solicitada al MP se debería a “pronunciamientos públicos en los cuales (los rectores) desconocen el gobierno legítimo y Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, así como el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los poderes legítimamente constituidos”, indica la Gaceta. Más adelante se señala que la petición a la Contraloría General de la República se hacía “con motivo del incumplimiento de la presentación de los informes de rendición de cuentas de los recursos correspondientes a las providencias estudiantiles, gastos de funcionamiento y de personal, entre otros asignados”.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) rechaza estas solicitudes al considerarlas ilegales por su origen, forma y fin, además de constituir una nueva amenaza contra las autoridades universitarias y contra la esencia misma de la universidad, penalizando el pensamiento plural que contempla la Ley de Universidades.
Una sesión ilegal y desconocida
Las referidas solicitudes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República fueron hechas mediante Acuerdo N° 0018 del CNU, de fecha 30 de mayo de 2019, y se basarían en acusaciones planteadas por el bachiller Miguel Ángel Díaz Reyes, representante estudiantil de las universidades nacionales ante este organismo. Díaz Reyes habría ejercido un derecho de palabra en la sesión extraordinaria virtual N°1 del 30 de mayo de 2019 celebrada por dicho Consejo.
Pero la referida sesión virtual que cita la Gaceta Oficial Nº 41.684 es desconocida por los miembros de las universidades autónomas que conforman el CNU. Además, el 30 de mayo de 2017 este organismo aprobó la suspensión de sesiones virtuales, según reseñó el Correo del Orinoco. Por ambas razones, esa sesión desconocida sería además ilegal.
Amalio Belmonte, secretario de la UCV, negó que dicha sesión virtual hubiese ocurrido. “La gaceta dice que se discutió el tema en lo que denominan ellos un CNU virtual, pero eso no ocurrió. Ese día (30 de mayo) solo hubo dos puntos de agenda relacionados con ajustes presupuestarios muy puntuales, es decir, no hubo ninguna discusión en la que se haya aprobado una barbarie como la que está circulando. No porque no exista la intención, sino porque no ha ocurrido”, aclaró Belmonte al medio de comunicación Tal Cual.
En ese sentido Belmonte resaltó que de haberse aprobado el referido acuerdo que se menciona en la Gaceta, el mismo sería nulo al carecer de legitimidad, “ya que lo que se decide en los CNU virtuales es estrictamente para agilizar procesos o hacer puntos de corrección de temas que fueron discutidos en los CNU presenciales, pero nunca para decisiones vinculantes de esta naturaleza, que en este caso no cuentan con la aprobación de los representantes legítimos de las universidades”, precisa Tal Cual.
Hasta la fecha ninguna universidad autónoma ha recibido comunicación alguna sobre el referido acuerdo, lo que ha hecho dudar de su veracidad. Sin embargo, la ONG Aula Abierta obtuvo este 8 de agosto la Gaceta Oficial Nº 41.684 impresa en la sede del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo). En la misma se indica lo señalado en esta nota sobre ese acuerdo.
Agresiones reiteradas desde 2013
El ODH-ULA señala que este tipo de agresiones y amenazas en contra de las autoridades universitarias no son nuevas ni aisladas, sino que constituyen una práctica reiterada del oficialismo desde hace al menos seis años.
En abril de 2013 un estudiante progobierno de la Universidad Central de Venezuela (UCV) solicitó al Ministerio Público abrir una investigación en contra de la rectora de esa casa de estudios, Cecilia García Arocha, a quien acusó de difamación e injuria. La solicitud fue presentada por Kevin Ávila, dirigente del movimiento oficialista Patria y Universidad, quien también pidió en ese momento a la Fiscalía General de la República iniciar un proceso de investigación para detener a la rectora por incitar al odio y generar hechos de violencia.
En noviembre de 2015 el entonces gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, acusó al rector de la Universidad del Zulia (LUZ), Jorge Palencia, de tener “un pacto con los malandros que asesinan dentro de la universidad”. La acusación de Arias Cárdenas fue hecha a propósito de la muerte del estudiante Eleazar Hernández, ocurrida en la Facultad de Humanidades de LUZ durante unos hechos violentos registrados por una presunta convocatoria a elecciones estudiantiles.
En la sesión del 3 de noviembre de 2015, la mayoría de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de la Asamblea Nacional aprobó un “Acuerdo en contra de la paralización de actividades de las universidades autónomas”. En el referido documento se acusaba a las universidades de “estar secuestradas por fuerzas de diferentes signos”, así como de “generar procesos de insubordinación a la ley y de apoyar salidas inconstitucionales y violentas en contra del gobierno democráticamente electo”. La AVERU rechazó dichas acusaciones en un comunicado, donde además denunciaba la persecución a las autoridades universitarias por parte del Estado y el cerco presupuestario que llevó al paro señalado por los diputados oficialistas.
En mayo de 2016 el Consejo Universitario (CU) de la ULA aprobó un pronunciamiento en contra de las reiteradas acusaciones y amenazas públicas hechas por el entonces gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, a las autoridades de la ULA, en especial al rector Mario Bonucci. En dicho comunicado el CU también rechazó la aparición de grafitis en varios sectores de la ciudad con mensajes de odio y amenazas dirigidas al rector Bonucci.
Casi un año después, en marzo de 2017, el secretario general de la gobernación de Mérida, Gerardo Molina, responsabilizó al rector Mario Bonucci de los hechos violentos registrados en la ciudad en el marco de las protestas sociales ocurridas en varios estados del país. “El rector no gobierna, por el contrario, tiene a la universidad hundida en el desorden y en el caos tratando de usarla como su plataforma política para sus apetencias personales”, dijo Molina a la prensa.
En abril de 2017 un grupo de estudiantes y empleados de la ULA, afectos al oficialismo, entregaron en la sede de la Contraloría General de la República un documento que exponía “presuntos actos de corrupción” cometidos por el rector Mario Bonucci. Cuatro meses después el gobernador Alexis Ramírez volvió a arremeter contra el rector Bonucci acusándolo de estar “detrás de la violencia en la ULA y que además de ser un actor político en los espacios universitarios había incurrido en hechos de corrupción”.
En julio de 2018 el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, arremetió contra la rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Jessy Divo, y el secretario de esa casa de estudios, Pablo Aure. A través de Twitter el mandatario regional acusó a las autoridades universitarias de “bachaquera”, “malandro” y “choros”, entre otros insultos. El 3 de agosto de ese año la rectora Divo fue bajada de un avión que abordaba para viajar a los Estados Unidos y sometida a un interrogatorio por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La prohibición de salida del país emitida contra Divo fue reseñada en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, conocido como Informe Bachelet.
En agosto de 2018 la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos de Venezuela (ARBOL), el organismo ilegal paralelo a la AVERU y que funge como brazo político del CNU, emitió un comunicado acusando a la rectora de la UCV de terrorista por su postura crítica al gobierno de facto de Nicolás Maduro.
En marzo de este año 2019 el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) exigió al personal universitario reconocer a Nicolás Maduro como Presidente de la República como condición para pagar sus salarios. Esta agresión, y otras cometidas contra los universitarios, fueron incluidas en el apartado sobre “represión selectiva y persecución por motivos políticos” del Informe Bachelet.
En abril de 2019 el viceministro para la educación y gestión universitaria, Andrés Eloy Ruiz, responsabilizó al rector de la ULA y al resto de las autoridades de esta institución de los robos cometidos en la misma. Ruiz afirmó sin pruebas que el desmantelamiento de esta casa de estudios era “una política estructurada desde las instancias de gobierno de la ULA para apropiarse por vías lícitas e ilícitas de lo que es público y es un bien de la comunidad universitaria”.
Más recientemente, el 6 de mayo de 2019, un grupo de personas afectas al gobierno de facto de Nicolás Maduro tomaron por asalto la sede del rectorado de la Universidad de Oriente (UDO), ubicada en el estado Sucre. Los asaltantes profirieron acusaciones contra la rectora de dicha institución, Milena Bravo, y retiraron las pinturas y fotografías de ella, sustituyéndolas por unas de Hugo Chávez, al tiempo que la insultaron y amenazaron en un audiovisual difundido por internet.
Con esta reseña de hechos similares, el ODH-ULA enfatiza la reiterada actuación intimidatoria e ilegal de distintos actores del Estado en contra de las máximas autoridades de las universidades autónomas. Desde este Observatorio de Derechos Humanos se rechaza y denuncia lo que constituye una violación a la autonomía universitaria, consagrada en la Ley de Universidades, así como el derecho humano a las libertades de opinión y de expresión.
El ODH-ULA sostiene que el Ministerio Público deberá desestimar la referida solicitud de investigación penal por cuanto la misma contraviene de manera flagrante principios de rango constitucional y normas internacionales. También se rechaza la petición hecha a la Contraloría General de la República por carecer de pruebas que demuestren la no rendición de cuentas por parte de los rectores universitarios, lo que podría constituir un acto de difamación e injuria.
