La restricción de la libertad de tránsito de una persona, así como la criminalización de la labor académica y universitaria, fueron rechazadas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), al que le preocupa el caso de la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, a quien se le impidió trasladarse fuera del país el pasado 3 de agosto.
La directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar resaltó que las personas se presumen inocentes hasta que se compruebe lo contrario, a través de procedimiento llevado por tribunales imparciales y autónomos, y en Venezuela la justicia no es independiente.
En ese sentido, acotó que en el país se usa el derecho penal para criminalizar a la disidencia cuando miembros de los poderes públicos actúan doblegados al poder Ejecutivo y al partido de gobierno.
El caso de la rectora de la Universidad de Carabobo es una acción más que evidencia los ataques del gobierno a la libertad académica y a la universidad autónoma venezolana, mediante la criminalización de sus autoridades, entre las cuales también se cuentan los ataques sufridos por el rector de la ULA, Mario Bonucci Rossini.
En sociedades democráticas, dijo Mayda Hocevar, se preserva el derecho a las libertades esenciales como la libertad de tránsito y de pensamiento y en torno a la rectora Jessy Divo, el Estado restringe estos derechos vulnerando los procedimientos legales, pues obedece sólo a señalamientos del presidente de la inconstitucional Asamblea Constituyente (ANC) y representante del partido de gobierno, Diosdado Cabello.
El ODH-ULA en franco rechazo a las violaciones de los derechos de la rectora Jessy Divo, suscribió los comunicados y alertas emitidos por la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos en apoyo a la máxima autoridad de la Universidad de Carabobo. (Prensa ODH-ULA)
