Por: Luís Loaiza Rincón
En Venezuela sufrimos las consecuencias de un modelo autoritario, en el que sobresale la intolerancia y una vocación política hegemónica, la estatización de la economía, el quiebre de las instituciones políticas y sociales encargadas de controlar el ejercicio del poder público y, por si fuera poco, estamos muy cerca de una catástrofe social de grandes proporciones: El régimen desde el 2002 hasta la fecha, ha intervenido más de 2.5 millones de hectáreas productivas generando paradójicamente el quiebre de la agricultura; ha gastado más de $14 mil millones en compras de armas de guerra, preferentemente a Rusia; permitió que la inflación acumulada llegara al 933%; que se vencieran más de 400 contratos colectivos en la administración pública; que la deuda por la oleada estatizadora que quebró al sector productivo supere ya los $12 mil millones; que se haya generado una crisis sin precedentes del sector eléctrico en virtud de la cual se producen constantes interrupciones del servicio; que el sistema de salud público se encuentre totalmente deteriorado y no cumpla ni las mínimas exigencias operativas; que los índices de escasez sean sólo comparables a los de los países en guerras o con catástrofes y que enfermedades como la malaria, el dengue, la leptospirosis y la tuberculosis reaparezcan agresivamente. Además, el año 2013 cerró en Venezuela con verdaderos números rojos: Tiene la inflación más alta del continente y la segunda del mundo, 56,4%; la devaluación oficial del “Bolívar Fuerte” es de 46% y la oficiosa es de casi 300% (Sicad) y su deuda pública supera los $200 mil millones.
Por tanto, las protestas en Venezuela dan cuenta de la creciente presión y conflictividad social que enfrenta un gobierno cada vez más limitado para responder políticamente ante los desafíos de la crisis causada por sus propias políticas. Un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social daba cuenta que en el año 2012 el número de manifestaciones y protestas superaban las cinco mil, más de quince diarias, pero la realidad demuestra que en los años sucesivos estos números aumentaron significativamente.
Las protestas estudiantiles de esta semana tuvieron como detonante la ola de criminalidad desbordada que afecta a todos los venezolanos y muy particularmente a la población joven y a los estudiantes universitarios que han tenido que padecer el asesinato de muchos de sus compañeros, constantes atracos y violaciones. Tengamos presente que Venezuela es el segundo país más violento del mundo con 25 mil asesinatos registrados durante el año 2013, que su tasa de homicidios es de 79 por cada cien mil habitantes, que existen más de 15 millones de armas circulando sin ningún control y que el 97% de los delitos cometidos en el país quedan impunes.
Las recientes protestas comenzaron en los estados andinos de Táchira y Mérida, ambos gobernados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y se extendieron por todo el país contando con el apoyo espontáneo de muchos ciudadanos y de algunos líderes políticos opositores.
La solidaridad con estas protestas se genera por la indignación que causó en la sociedad su represión desproporcionada y el uso que hace el régimen de grupos violentos, que al mejor estilo de los “Tonton Macoute”, realizan el trabajo sucio que la policía no puede o no quiere ejecutar. Estos grupos violentos son utilizados como fuerza de choque para reprimir las protestas, utilizan armas de fuego de alto calibre y se mueven en las ciudades con absoluta libertad.
En un país que enfrenta día a día una desbordada criminalidad, muchos se preguntan por qué el régimen actúa tan violentamente para reprimir las protestas pacíficas de los jóvenes estudiantes, mientras deja que la delincuencia haga de las suyas con casi total impunidad?
También resultó especialmente indignante, en un país cuya población penal se encuentra mayoritariamente en condición de “procesados”, la celeridad y severidad para condenar a los estudiantes detenidos. En efecto, tras la detención en la ciudad de San Cristóbal, capital del fronterizo Estado Táchira, de varios estudiantes universitarios supuestamente involucrados en las protestas del 7 de febrero, inmediatamente fueron imputados por robo propio, incendio a una edificación pública, conspiración, asociación para delinquir y daño a la cosa pública, no precisamente en la sede de un tribunal, sino en una instalación militar de donde fueron trasladados a una cárcel de la costera ciudad de Coro, capital del Estado Falcón, a más de 700 kilómetros de distancia.
Pero, qué está pasando en Venezuela? Esa pregunta, que muchos se hacen en estos momentos, no es fácil de responder por las múltiples aristas involucradas. No obstante, hay signos del evidente fracaso del modelo populista y rentista impulsado por Hugo Chávez desde su llegada al poder en 1998. Es tan dispendioso y corrupto el modelo de distribución de la renta petrolera que ni a 100 dólares el barril de petróleo, alcanzan los recursos para mantener un ritmo de gastos que está llevando al país por el rumbo de la escasez crónica, la hiperinflación, un inmanejable endeudamiento externo y el caos social. Todo ello ocurre en un contexto de desinstitucionalización política, destrucción del aparato productivo nacional y creciente militarización. No hay dudas de que Nicolás Maduro se encuentra entrampado con su propia herencia.
En este túnel de incertidumbres en que se ha convertido Venezuela, sólo la irreverencia y valentía estudiantil produce un hálito de esperanzadora luz. Esperamos que el régimen haga las debidas rectificaciones para evitar el naufragio.
*Luis Loaiza Rincón es Politólogo, MSc., ex Director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes (2003-2006) y actualmente es el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA).
