Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Las revoluciones se asocian a cambios sociales fundamentales en la estructura de poder o en la organización que lo detenta. La revolución bolivariana fue ofrecida como el proceso para construir el hombre nuevo, sobre los principios y valores de Bolívar, Simón Rodríguez y Zamora; unas de sus banderas fueron la lucha contra la corrupción y la pobreza. La corrupción en estos años de revolución ha tomado dimensiones escandalosas, con mecanismos novedosos y perfeccionados para que se mantenga, y la pobreza ha llegado a niveles superiores del 60 %, en el caso de la extrema para el año 2017. El país continúa siendo percibido como una nación con grandes riesgos de corrupción en el sector público, manteniendo similar puntuación en los últimos diez años. La Dictadura encabezada por Maduro cambio las formas de corromperse, a través de estructuras de poder conectadas a sociedades de cómplices y a la destrucción institucional que promueve la impunidad.
El análisis de los resultados del índice realizado por Transparencia International 2017 profundizó la relación entre los niveles de corrupción, la protección de las libertades periodísticas y la participación de la sociedad civil. El estudio muestra que la mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción. Las campañas de desprestigio, el acoso, las demandas y los escollos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción. Estrategia seguida en su guion por la estructura de propaganda del régimen. Quien denuncia casos de corrupción en Venezuela termina siendo procesado por el hecho, lo cual silencia de forma dañina a los ciudadanos estimulando la impunidad. Las investigaciones sobre distintos casos de corrupción de alto nivel han avanzado en Latinoamérica: por ejemplo, el caso Odebrecht derivó en sanciones a empresarios y políticos de las más altas esferas implicados en sobornos y financiación electoral ilícita a cambio de contratos públicos en Brasil, Ecuador y Perú; en Guatemala, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) investigan en la actualidad a políticos y empresarios por corrupción, incluyendo el caso de la presunta financiación electoral ilegal del presidente en ejercicio Jimmy Morales; a su vez, las investigaciones del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli también progresaron sustancialmente. A pesar de las confesiones dadas por los integrantes de la trama corrupta internacional de Odebrecht, sobre el caso de Venezuela, el régimen y sus estructuras de control no han hecho nada para investigar, y clarificar las vinculaciones de funcionarios de alto nivel y empresarios con el arreglo. Esto refleja que nuestro país es el único de la región en el cual se ha hecho muy pocos esfuerzos para atacar el fenómeno, durante el 2017.
El régimen no establece políticas integrales que aborden las causas históricas estructurales de la corrupción. La lucha contra la corrupción para la Dictadura no es una cuestión prioritaria y en consecuencia los problemas relacionados con el flagelo estarán cada día peor. Definitivamente es crucial promover un enfoque integral que atienda los problemas estructurales fundamentales: como el financiamiento de la política, las contrataciones públicas y el fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes, sólidas y flexibles. La percepción de la corrupción en Venezuela no disminuye por la persecución selectiva y politizada realizada por el fiscal nombrado por la ANC, por el contrario esto refleja el sesgo institucional para enfrentar el flagelo.
El esquema corrupto impuesto por la Dictadura estimuló la acumulación de capital en manos de privados conectados con la elite cívico-militar, concentrando la riqueza inevitablemente cada vez más en menos manos. Situación contraria a los objetivos fundamentales de un proceso supuestamente revolucionario. En estos años la desigualdad social ha crecido, colocando a las personas en condiciones desiguales para acceder a todo tipo de recursos y a posiciones valoradas por la sociedad: en definitiva dándole un trato diferente a las personas, lo que genera discriminación.
Ante la posibilidad inminente de ruptura del modelo político imperante, la corrupción tomó dimensiones de pillaje generalizado, los funcionarios de alto nivel con costos de salida elevados, consiente el saqueo o “”raspado de olla” de burócratas medios y bajos, para mantener su fidelidad con el régimen. Todas las instituciones creadas para canalizar los recursos públicos a los ciudadanos en las llamadas ”misiones”, en los últimos días están siendo asaltadas por hordas de delincuentes políticos, quienes toman los recursos, bienes e insumos como bandas de piratas. Estado de anarquía extendida que manifiesta la renuncia de las instituciones para hacer lo que por ley les corresponde, dejando a la población a merced de “jaurías de carroñeros“, quienes consumen gradualmente a un país en agonía. La locura desatada en el sistema cambiario y en el comportamiento de los precios son indicadores del abandono institucional. El acuerdo político para la transición acordada luce apremiante y necesario.
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