Por Eleazar Ontiveros Paolini…
Creemos que con muy pocas excepciones, los universitarios deseamos por múltiples razones, entre ellas la de ser un principio básico de la democracia, que haya la renovación lo más pronto posible, por la vía electoral, de las autoridades universitarias, máxime cuando, como sucede en nuestra Institución, el periodo fijado en cada caso, ha sido sobrepasado en muchos años, generando con seguridad cansancio, desinterés, disminución y hasta pérdida por agotamiento de los ímpetus necesarios para resolver complejidades y concebir con la emoción requerida, nuevos programas, nuevos logros, renovaciones útiles, innovaciones y disminución de lo no productivo e inoperante.
Pues bien, entendiendo que ese deseo de renovación es válido, este debe concretarse en un todo de acuerdo con la Autonomía Universitaria, ceñida a una Ley que todos conocemos, y no por la intempestiva e inconstitucional sentencia del 27-08-29 del TSJ, organismo anodino que forma parte del PSUV, es decir, que recibe órdenes del inefable presidente, en la cual dictamina, sin ser por lo demás de su competencia, que para “regularizar el funcionamiento de las universidades” se deben llevar a cabo elecciones con base a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación en cuanto al universo de votantes, es decir, corporativamente, en lo que se incluyen cinco sectores: profesores y profesoras; empleaos administrativos; estudiantes; personal obrero; y egresados, excluyendo solo a los animales de experimentación de los bioterios. Eso, por supuesto, pretende dejar sin efecto lo que establece la Constitución en la que se tipifica taxativamente que la comunidad universitaria la conforman los profesores, estudiantes y egresados. Por otra parte, y así siempre se ha procedido, el hecho eleccionario se debe regir por los reglamentos acordados por los Consejos Universitarios, bajo el control de una Comisión Electoral, designada por ese mismo organismo. En esos reglamentos se estipula el porcentaje de los votos estudiantiles y de egresados y la forma de su escogencia.
Por otra parte, el susodicho TSJ, buscando rebusques que le permitan al gobierno tener la posibilidad de ganar elecciones en las universidades autónomas por la vía de acomodaciones groseras y chapuceras, establece que de los cinco sectores indicados, el ganador debe haber obtenido mayoría por lo menos en tres de ellos, aunándose la obtención de la mayoría absoluta (la mitad más uno) del total de votación de los 5 sectores. ¿No se parece esto último a lo que impusieron para efecto de la elección de la asamblea incosntituyente? ¿Qué pasaría si el sector profesoral mayoritariamente vota por un determinado candidato y obtiene algún porcentaje en los otros sectores, pero solo gana en el suyo? Entonces, si otro candidato gana, por ejemplo, en el sector obrero, el sector estudiantil y el de egresados ¿no se está negando de plano la esencialidad académica que debe prevalecer en la escogencia? La intención es, sin la menor, duda, jugársela a una segmentación que le permitiría por vía de los votos negociados con base en las prebendas, dominar en tres sectores.
La decisión del TSJ nos hace ver una vez más que al gobierno solo le interesa la parte artesanal de las cosas, la decisión de procesos tramposos que le pueda favorecer, dejando de lado lo más importante y vital, reiterativamente despreciado, es decir, lo intelectual, la doctrina que sustenta la Educación Superior y el respeto a lo académico, fundamento este último de indispensabilidad absoluta en la idónea formación de mentes capacitadas en determinadas áreas del conocimiento, con autonomía para procesar trasformaciones y también, no se puede obviar, para criticar las siempre imperfectas relaciones de poder.
Por esto último, lo que debemos preguntarle al gobierno, a su ministro de educación y a los egresados de las universidades autónomas que forman parte de la cúpula administrativa y política del chavisnmo ¿En qué mejorará académica, intelectual y administrativamente el hecho de que los obreros, empleados administrativos e indiscriminadamente los egresados voten para la escogencia de autoridades universitarias? La respuesta no se nos puede hacer con evasivas, alegando solo el manido argumento de la igualdad y la participación indiscriminada, sustento de la justicia (¿…? ¿Qué aportarán después del voto para lograr la excelencia en la docencia, la investigación y la extensión? ¿Y si no logran el triunfo no querrán, sustentándose en el argumento de la participación y de que los sectores sindicales son importantes fuerzas electorales, acentuar con asiduidad y hasta violencia los reclamos injustificados, haciendo inviable la institución y con ello justificar una posible intervención? ¿No será que se pretende arrastrar con prebendas a muchos de los votantes que no sean profesores para así, de obtener la mayoría, legalizar la pretendida intervención, sin que resulte una vulgar “toma ilegal”, a la fuerza?
No tenemos la menor duda y debemos defenderlo a “capa y espada”: La elección de las autoridades universitarias son, sin contradicción posible, elecciones. Por lo tanto los votantes solo pueden ser, sin la menor duda, los académicos que eligen a un “par”. ¿Dónde queda la inteligente sentencia de que quien puede votar puede ser votado? ¿No es eso acaso un sabio proceder universal? ¿Por qué todos los venezolanos votan para elegir al presidente de la república? Pues lisa y llameante porque todos son “pares” dada su condición indiferenciada de ciudadanos y como tales, eligen a un ciudadano, es decir, a un “par”. Es tanto, y esto me lo criticarán crudamente, ni siquiera lo estudiantes deberían votar para elegir autoridades universitarias, manteniéndose en sus procesos electorales autónomos, la elección para los organismos cogobierno.
Por otra parte, ya que a las academias militares se les ha dado el rango de universitarias, nos preguntamos, aunque conozcamos la respuesta, ¿Por qué no le permiten a los profesores militares y civiles, cadetes, personal administrativo, choferes, personal de mantenimiento, jardineros, lavanderas, obreros y obreras votar para elegir sus directores?
¿No se trata lo acordado por el TSJ un acto discriminatorio, ya que no dictamina que los profesores voten en las elecciones de la Federación de Centros, ni en la de los sindicatos de empleados y obreros, es decir, que todos todos voten en todo? Por supuesto que tal razonamiento solo tiene un sentido burlón, pues los profesores no tienen interés de inmiscuirse en otros procesos electorales universitarios distintos al relacionado con la elección de autoridades.
Por último, causa estupor lo relacionado con el voto de los egresados. Si bien se graduaron en la universidad y están agradecidos de ella, no se relacionan a diario con su funcionamiento, ni conocen los cambios que se han operado después de su grado. Sería importante conocer la forma en que se registrarán electoralmente y cómo se podría asegurar que su participación sea significativa. Por supuesto que los egresados que ocupan puestos públicos, bajo amenaza de despido, sufragarán por quien se les indique.
Corolario: si permitimos perdiendo hasta la dignidad, que se dé lo dispuesto por el TSJ, pueden ganar candidatos chavistas, cosa que ni imaginariamente sucedería si el proceso se ciñe a lo legalmente establecido.
“No habiéndose podido hacer que la justicia sea la fuerza, se ha hecho que la fuerza sea la justicia” (Pascal)
