Decanos, directores y el propio rector de la Universidad de Los Andes, junto un amplio grupo de universitarios, fijaron su posición, en un remitido, en relación con la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con fecha del 27 de agosto 2019, en la que se exige a las universidades autónomas del país realizar el llamado a elecciones para renovar las autoridades universitarias, decisión que, en la opinión de una mayoría de universitarios, conduciría a un proceso ilegal.
En rueda de prensa varios de los firmantes de ese remitido o pronunciamiento, manifestaron no sólo su desacuerdo con dicha sentencia sino que develaron los riesgos de acatarla, toda vez que en reiteradas oportunidades -y desde hace muchos años atrás- en este país no se respeta la decisión de los votantes en los procesos eleccionarios.
Alejandro Gutiérrez: “Sin Garantías”
El profesor Alejandro Gutiérrez, director del Cdchta, considera que aun realizándose unas elecciones con las pautas establecidas en la sentencia del TSJ, no existen garantías de que se respeten sus resultados, porque ya el gobierno ha dado suficientes muestras de no respetar resultados electorales y se ha demostrado con las elecciones de la Asamblea Nacional, alcaldes, gobernadores, de la FCU de la Universidad de Carabobo. En ese sentido dijo el profesor Gutiérrez que la Universidad es mayoritariamente de oposición por lo que, incluso con esas reglas, la gente de oposición podría ganar esas elecciones universitarias pero quién garantiza que se respetarán los resultados.
Todos los caminos conducen a una intervención
El profesor Juan Carlos Rivero, coordinador de la Dirección General de Extensión de la ULA, dijo que todos los caminos conducen a la intervención, aun cuando la universidad modifique el reglamento igual habrá intervención porque el gobierno no respeta los resultados electorales que no favorezca a sus intereses y esto se explica porque es una decisión política y no jurídica. Frente a esta situación, señaló que es necesaria la unidad para que todos los universitarios y todas las universidades estén unidos como un solo hombre para enfrentar al TSJ.
Consideraciones del Rector
Con respecto a la sentencia y las consecuencias de acatarla, el profesor Mario Bonucci Rossini señaló que cualquier proceso eleccionario que se planteé va ser objeto de impugnación, declarado nulo y la universidad va ser intervenida. La primera autoridad de la ULA dijo que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) se reunió durante en el día de ayer martes y hoy miércoles dará a conocer, a través de un remitido, su postura que consiste en el rechazo absoluto de esta sentencia, que lleva a que después de 10 años se produzca una medida cautelar que no fue solicitada, igualmente reafirmarán que las universidades creen en lo que contenido en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Agregó el profesor Bonucci que esa sentencia es una medida populista que ofrece el voto a empleados y obreros, lo cual no se corresponde con la naturaleza de una universidad.
Los presentes
El documento presentado a los medios de comunicación está avalado por otros profesores y autoridades que, por razones diversas, no pudieron acompañar la rueda de prensa. Igualmente se espera respuesta de otras autoridades, docentes y exrectores, a quienes se les remitió con sentido de invitación a un pronunciamiento sobre el contenido del mismo.
A continuación exponemos el referido documento
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL
Nosotros los abajo firmantes, universitarios, miembros del personal docente y de investigación, académicos con años de trayectoria en los distintos ámbitos del quehacer de la Universidad de Los Andes, motivados por la discusión que ha despertado el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Nº 0324 de fecha 27 de agosto de 2019, que obliga a las Universidades Autónomas del país, a realizar el llamado a un proceso electoral para renovar las autoridades universitarias con un procedimiento ilegal, que está al margen de lo establecido en al Artículo 109 Constitucional y ante la promoción de nuestros nombres a través de las redes sociales, como integrantes de supuestas planchas para ocupar diferentes cargos del equipo rectoral de la ULA, hemos considerado conveniente dirigirnos a la opinión pública y universitaria, para dejar claramente establecido que no estamos interesados en intervenir como candidatos en un proceso que se celebre, atendiendo a los supuestos establecidos en la sentencia mencionada. Las razones que motivan nuestra actitud las mencionamos a continuación:
En primer lugar, expresamos que en el marco de lo establecido en al Artículo 109 de la Constitución y de la Ley de Universidades vigente, nuestra institución realizó elecciones para la renovación de sus autoridades universitarias, a todos los niveles, respetando el carácter de los organismos del cogobierno, bajo principios académicos, en procesos que trataron de privilegiar, a pesar de sus imperfecciones, los méritos académicos y el talento en correspondencia con la misión de las universidades. Son estos principios y no otros, los que deben seguir privando para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad social y académica de las universidades para seguir contribuyendo doctrinariamente a solucionar los graves problemas del país, sin apego a ideologías o pensamiento único, en correspondencia a la universalidad del saber científico.
Estamos conscientes, que nuestras instituciones requieren urgentemente de un proceso de renovación de sus autoridades a todos los niveles, porque esa es la naturaleza misma de una institución democrática que debe renovar los cargos de quienes dirigen su destino con la frecuencia establecida en la Ley. Sin embargo eso no se ha logrado, ya que las instituciones subordinadas al régimen (entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia) no han actuado en correspondencia con lo establecido en nuestra carta fundamental. Ahora con esta nueva decisión, el régimen y el TSJ pretenden no sólo desconocer el Artículo 109 constitucional, sino que modifican la Ley de Universidades con el capricho de promover un esquema que está fuera de la constitución, con la intención manifiesta de liquidar definitivamente la autonomía universitaria y obstaculizar el cumplimiento de la misión que le encomienda la Ley. Una elección así no la queremos y nos negamos a participar en ella porque al hacerlo estaríamos actuando en contradicción con nuestros principios y contribuyendo a la destrucción de la universidad venezolana.
Por el contrario, estamos de acuerdo con elecciones universitarias y la renovación de los cargos directivos, pero apegados a la Ley, con un esquema de participación de la comunidad universitaria determinado desde la autonomía y no desde el gobierno, que no ponga en riesgo la esencia académica de nuestra institución.
Creemos que lo previsto en el Artículo 109 de nuestra Carta Magna, ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años, abarcando todos los ámbitos administrativos y académicos de la vida universitaria, pero con esta decisión, la Sala Constitucional del TSJ ha cerrado todos los caminos de la libertad y la autonomía en la universidad venezolana, promoviendo una falsa discusión sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades, mientras que en todos estos años no ha mostrado ningún interés en promover procesos democratizadores en las universidades experimentales, ni ha atendido a los reclamos de diversos sectores universitarios.
Es totalmente legítimo postularse para cargos de una elección universitaria y muchos de nosotros lo hemos hecho y estamos dispuestos a hacerlo, siempre enmarcados en el Artículo 109 de la Constitución y de la vigente Ley de Universidades. Consideramos que de acatar la inconstitucional sentencia del TSJ, quienes sean electos tendrán que cohabitar con el gobierno nacional y deberán ser fieles servidores de sus designios coadyuvando a la eliminación de la autonomía, principio fundamental que guía el cumplimiento de su misión.
Es momento de elevar nuestra mirada para no caer en el engaño de una elección supuestamente democratizadora que esconde los más perversos intereses al eliminar la autonomía y promover la desunión de los universitarios. Es hora de poner por encima de las aspiraciones individuales y grupales, los intereses de la institución que son los de la nación. Por eso nuestro llamado es a no caer en la trampa para enfrentar unidos esta nueva agresión contra la universidad venezolana y así concentrar nuestros mayores esfuerzos en la lucha por la no ejecución de la sentencia y en la promoción de un cambio en el actual modelo político del país.
SIN AUTONOMÍA NO HABRÁ UNIVERSIDAD
Firmas que respaldan este documento:
Mario Bonucci Rossini-Dr. Profesor Titular Fac. Ingeniería Rector de la Universidad de Los Andes
Alejandro Gutiérrez-Dr. Profesor Titular FACES. Director del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes. Miembro de Número de la Academia de las Ciencias Sociales y Económicas y de la Academia de Mérida.
Argimiro Castillo-Dr. Profesor titular FAD. Decano Facultad de Arquitectura y Diseño
Gerardo Tovito-Dr. Profesor titular Fac. Medicina. Decano Facultad de Medicina.
Mery López de Cordero-Dra. Profesora Titular FHES. Decana Facultad de Humanidades y Educación
Justo Bonomie-Dr. Profesor titular Fac. Odontología. Decano de la Facultad de Odontología
José Prado-Dr. Profesor titular FHES. Vicerrector-Decano Núcleo Tovar. Miembro de Número Academia de Mérida
Juan Carlos Rivero Ballestero-Dr. Prof. Asociado FCFA. Director General de Extensión. Representante profesoral al CU
Pedro Montilla-Msc. Profesor Titular Fac. Ingeniería. Representante Profesoral al CU
Dulce Monagas-Msc. Profesora Titular FACES. Presidente de CORPOULA
Prensa ULA
