Cerca de 17 mil estudiantes de la Universidad de Los Andes fueron afectados en sus anhelos de formación académica, a razón del silencio y la falta de compromiso por parte del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) quien no cedió los recursos necesarios para realizar los cursos intensivos 2015.
Vale reiterar que las autoridades administrativas y de presupuesto de la ULA dirigieron los oficios con montos requeridos, recaudos, datas y cada una de las exigencia pertinentes con el tiempo requerido, sin embargo nunca hubo respuesta en los lapsos ajustados que permitiera la realización de estos intensivos.
De hecho, aún el Mppeuct mantiene deuda con los miles de estudiantes ulandinos que hicieron los intensivos del año 2014.
El silencio del ministerio generó el suficiente ruido protestarario entre los estudiantes quienes procedieron a manifestar en las calles su descontento y dejando claro que la responsabilidad total es del gobierno y no de la universidad.
Lo lamentable es que otro sector estudiantil en procura del mismo interés frente al gobierno, asumió un discurso equivocado y las vías violentas, para sacar del edificio del rectorado a sus trabajadores con amenazas y hostilidad. Tras la ocupación o toma se generó la violación del derecho al trabajo que fue repudiada por los ciudadanos, sin que tuviera la acción disuasiva del gobierno regional a través de sus cuerpos policiales. La toma atentó igual contra bienes y el patrimonio arquitectónico sobre el cual habrá de aplicar un inventario de daños o afectaciones.
Los llamados del rector al gobierno regional solo tuvieron respuestas evasivas y que señalaban como un caso interno que solo la ULA debía resolver. La gravedad de la ocupación tiene pues sus ribetes de actuación sancionatoria interna, según los expertos jurídicos.
Lo cierto es que la frustración y descontento por la realización de los intensivos acoge a todos los estudiantes por igual, pues ni opositores y mucho menos los cercanos al régimen lograron despertar en el Mppeuct el interés por salvaguardar el derecho a la educación.
Las autoridades significaron que ni llegando hoy los recursos se podrían realizar los intensivos, pues los tiempos administrativos para contratación y licitación son precisos y severamente reglamentados. Cualquier violación de estos pasos resultaría en acciones penales desde el mismo gobierno contra los actuantes.
Prensa ULA -Danilo Figueroa
