El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Constitucional, declaró que los órganos civiles y militares deben ejecutar las acciones necesarias para enfrentar la supuesta usurpación de cargos en la que incurrieron los 33 jueces que designó como magistrados este viernes la Asamblea Nacional.
“La sala declara que corresponde a las autoridades civiles y militares ejecutar las acciones de coerción a fin de mantener la paz y la estabilidad”, señaló Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional.
“Al realizar ese acto írrito estamos en presencia de un delito en flagrancia permanente. Estos ciudadanos no solo cometieron el delito de usurpación de funciones, sino traición a la patria”, agregó el juez al referirse tanto sobre los nuevos magistrados y como sobre los parlamentarios que los nombraron.
Mendoza explicó que el delito de traición a la patria está tanto en el Código Penal de civiles como en el Código Penal de los militares. Aseguró que las penas están establecidas en ellos y recalcó que queda en competencia de las autoridades tomar acciones al respecto.
Mendoza reiteró que la mayoría opositora en el Parlamento permanece en desacato y, por tanto, todos sus actos son nulos. Detalló que, a juicio de la Sala, la sesión de hoy se suma a más de 30 actos de desobediencia por parte de la Asamblea.
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