Por: Antonio José Monagas
No toda amenaza tiene una razón que la justifique, ni tampoco una causa que la coloque fuera del problema en cuestión. El hecho de dar a entender con actos o con palabras que quiere perjudicarse a otro, o de intimidar a alguien con el anuncio de provocarle un daño grave, puede derivar en un delito de marca mayor. Sobre todo, cuando arroja consecuencias en torno a la libertad de las personas y su derecho a la paz y la tranquilidad. Aunque también, cuando la situación termina concretándose en un plan premeditado y con la mayor saña posible para aterrorizar una comunidad. O peor aún, para ocasionar algún tipo calamidad en un colectivo.
Precisamente, es lo que está aconteciendo en el país toda vez que los chantajes que están acuciándose a lo largo y ancho de la geografía nacional son producto de una estrategia gubernamental alevosamente pensada con el temible propósito de fundamentar sus bárbaros avances contra quienes se le oponen. Estos dirigentes de gobierno obran en contrario a lo que pregonan en tiempos electorales. No tienen idea de que “una injusticia hecha al individuo, es una amenaza a toda la sociedad” (Montesquieu).
El país ha venido sucumbiendo precipitadamente sin que hasta ahora haya podido frenarse alguna de las devastadoras decisiones elaboradas por el régimen. Las invasiones a propiedades, así como las confiscaciones o expropiaciones de bienes de personas jurídicas o naturales, o la inopia que padecen los establecimientos de salud pública, dan cuenta del guión elaborado, en nombre de un perverso socialismo, con el fin único de desarreglar la organización sobre la cual descansa la dinámica económica y social de un país el cual, como Venezuela, no le resultó nada sencillo haberse adentrado en fases de desarrollo que, inclusive, causaron envidia ajena. Ahora, la intención del régimen es valerse del esfuerzo privado para proyectar una imagen que, si bien en principio pudo ofrecer una imagen en consonancia con un discurso falsamente halagüeño, finalmente resultó transgredida a causa de la improvisación y la desidia propia de esta gestión gubernamental.
En el plano de las contradicciones que el propio régimen ha animado, el problema de las invasiones se ha agravado. Luego que la reforma del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2008) prohibió las invasiones u ocupaciones indebida de terrenos públicos o privados, un dictamen del TSJ (Diciembre 2011), declara la muerte a la propiedad privada al juzgar que la invasión ya no sería un delito. Aún así, el ministro de Vivienda recién advertía del error que cometían quienes actuaban como invasores, razón por la cual exhortó a no cometer dichos abusos para evitar problemas mayúsculos. No obstante, en medio de tal confusión, las invasiones continuaron siendo noticia del día. Incluso, funcionarios del gobierno central y cuerpos del Ejército siguen prestándose a acompañar invasores a ejecutar sus cometidos. Ejemplos sobran. Lo sucedido en la Torre Confinanzas (Caracas), distintos hoteles, edificios privados, casas particulares, terrenos concebidos para fines educacionales, sedes de organizaciones y empresas privadas, ejidos y tierras comunales, entre otros casos igualmente terribles, confirman la anormalidad que sucumbe al país.
En el fondo, pareciera conjurarse una suerte de maleficio político–social coadyuvado por el embrollo urbano incitado por el efecto de invasiones ausentes de derechos legales convirtiendo zonas urbanas en terrenos marginados debido a la saturación de servicios que, a su vez, conduce al deterioro de la ya fustigada calidad de vida. No ha habido forma de actuar sobre el ordenamiento urbano establecido por ley. Por el contrario, con la institucionalización de la Gran Misión Vivienda, muchos creen resolver su problema habitacional cuando en verdad, esto está tendiendo a convulsionar el país por la perversidad que entraña toda esta barahúnda de equivocaciones cimentadas sobre razones absolutamente populacheras y electorales. Lejos de asegurar ciudades de excelencia, el régimen está embarcado en propuestas que, de continuar, garantizarán la mayor invasión no tanto a terrenos públicos o privados declarados para fines distintos a los de vivienda. También, y peor aún, al sentido necesario de ciudadanía y de identidad por cuanto de su comprensión y praxis depende la libertad, la justicia y la democracia. No hay duda, estas amenazas acechan el futuro nacional. Así puede decirse: Venezuela, país amenazado.
VENTANA DE PAPEL
LA ANARQUÍA SE MUEVE EN DOS RUEDAS
Anarquizar a una sociedad, no necesariamente proviene de problemas políticos. También resulta del descontrol que incita la anomia. O sea, la falta de normas o incapacidad que padece la estructura social para dotar a ciertos individuos de lo necesario para convivir en un marco de respeto, tolerancia y dignidad. Esto, por supuesto, deviene en una grave ingobernabilidad que termina animando una situación groseramente caótica. Este exordio vale para hacer referencia a los motorizados cuyo número, en algunas ciudades supera caramente la proporción automóvil–habitante.
Peor aún, la relación entre el espacio de desplazamiento que ocupa la movilidad de un transeúnte a nivel de las aceras y el que debe corresponder a un automóvil a nivel de calle. Los motorizados que utilizan su vehículo para el transporte de pasajeros, conocidos como moto–taxistas, constituyen un caso de estudio. Algunos son obedientes de las reglas de tránsito. Sin embargo, muchos son la apología de un comportamiento no social en virtud de la conmoción que los caracteriza en medio del tráfico citadino. Su actitud, toda irreverente y atrevida, es expresión del desacato a la norma lo que impulsa el caos al momento de conducir. En ese motociclista hay poco valor ante la necesidad social de favorecer la solidaridad orgánica produciéndose así la imposibilidad de acceder a los medios que sirven para obtener los fines establecidos socialmente o de manera contraria.
Por esta razón, su presencia en el flujo automotor adopta manifestaciones de peligroso arrojo y falsa heroísmo que ponen el riesgo la vida de ellos, sus pasajeros y peatones en su libre albedrío. El irrespeto al derecho del otro, o los excesos cometidos, son parte de su habitual conducta. Las salas de emergencia están atiborradas de estos motociclistas. Muchos han perdido la vida por demostrar sus habilidades. Otros quedan lisiados. La venta de motos se convirtió en un negocio que incita su adquisición sin avisar de sus peligros. Ahora el transeúnte teme más ante la imprudencia de un motorizado, que de un automóvil lo que retrata la magnitud del problema. Sin duda que la anarquía se mueve en dos ruedas.
NI SABOTAJE NI GOLPE ELÉCTRICO
Se dice que la indolencia es la “madre de todos los vicios”. Y en socialismo, más aún. Y es que por tan desnaturalizada razón, este tipo de régimen actúa al margen de compromisos que sensibilicen resultados. Por eso estos gobernantes se endurecen ante el dolor. Esta teoría, ha servido en tiempos de opresión para justificar decisiones fríamente calculadas cuyos efectos pueden determinar resultados de alto riesgo. El serio apagón nacional del pasado martes, pudo obedecer a un equivocado ensayo para medir reacciones y consecuencias capaces de desequilibrar la estructura política y social sobre la cual descansa el poder del régimen.
El susodicho problema, superó a los anteriormente sucedidos. Sin embargo, en una situación debidamente controlada, no debería generarse el colapso que por tantas horas afectó a más de la mitad del país pues los propios sistemas de protección de subestaciones y de plantas de generación de electricidad, cuentan con mecanismos de compensación que inducen una pronta respuesta. Pero el problema condujo a una respuesta alejada de lo estructuralmente diseñado con las consabidas secuelas. Los valores de operación se saltaron dada la improvisación con la que ha venido actuándose. Menos puede pensarse absurdamente asumiendo que fue un “golpe eléctrico” cuando las respectivas instalaciones son custodiadas por efectivos militares.
El único ensayo posible, y mal procedido, debió autorizarse por la alta dirigencia gubernamental. Pero el retorcido experimento se salió de control, arrojando el resultado del cual el país es testigo de excepción. Un efecto dominó pudo devenir de la maniobra ejecutada sin que pudiera controlarse la sincronía necesaria para mantener la generación al tope de la demanda eléctrica. Aunque también se alega la falta de inversiones ajustadas a la realidad como causas posibles ante todo aquello que compromete la estabilización del sistema eléctrico nacional. Otras serían las razones. La corrupción, por ejemplo. Así que ni sabotaje ni golpe eléctrico.
“Donde se estaciona el engaño, se alientan conflictos cuyas crisis consiguen en el populismo burdas excusas que avalan el desenfreno del socialismo”
