A un mes del asesinato de Wuilderman Paredes Moreno a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA) denuncia que las víctimas por extensión del fallecido no han sido indemnizadas ni atendidas por ningún ente del Estado. El equipo jurídico del ODH-ULA, quien asumió la representación de los familiares de Wuilderman en el caso, también insiste en recordar que el hecho que acabó con la vida de Paredes y donde otras personas resultaron lesionadas no fue aislado, sino que constituye una política de Estado.
El pasado 8 de junio Paredes Moreno, de 32 años, murió al instante de recibir un disparo en el pecho con arma de fuego a menos de dos metros de distancia. El hecho ocurrió en horas de la noche en los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida, tras un ataque perpetrado por funcionarios de la PNB contra civiles desarmados que tenían más de una semana en cola para surtir gasolina.
Jefe de la PNB de Mérida ordenó el ataque
La orden de atacar con armas de fuego y perdigones a civiles desarmados la dio el jefe de la PNB del estado Mérida, Juan Batista Cordero Freites, presente durante el suceso y uno de los seis funcionarios policiales implicados en el hecho que actualmente se encuentran privados de libertad en el Centro de Coordinación Policial N° 06 de Bailadores a la espera del correspondiente juicio.
El ODH-ULA también destaca que la muerte de Paredes Moreno y las lesiones causadas a otras dos personas no fueron el resultado colateral de una acción policial para dispersar una protesta ni una alteración del orden público. Esta versión, desmentida por testigos del hecho, fue dada a medios de comunicación por José Otalora, alcalde del municipio Santos Marquina, el día 9 de junio. “Un grupo de personas había tomado bebidas alcohólicas (…) se formó una zozobra y un impasse con la policía nacional que lamentablemente desató el uso de arma de fuego que ocasionó la muerte de un hombre y un herido”, declaró Otalora a Reuters. El ODH-ULA expresa su preocupación ante el intento de minimizar y tergiversar el hecho que se pretende con tales declaraciones.
El asesinato de Paredes Moreno y las lesiones causadas a otras dos personas fueron el resultado de la violación de los estándares sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, contenidos en las normativas nacionales e internacionales suscritas por el Estado. Se trató de un evidente exceso policial con uso indebido de armas de reglamento que evidencia una total falta de formación por parte de los policías que atentaron contra civiles desarmados. Los delitos cometidos no solo están contemplados en el Código Penal venezolano sino también en tratados internacionales de derechos humanos.
Una bebé y dos mujeres quedaron desamparadas
María Leonora Moreno, madre del fallecido, y Zulibeth Dugarte, pareja del mismo y madre de la hija de ambos, son junto a la pequeña de apenas 6 meses de nacida las tres víctimas por extensión de este caso. Ninguna de ellas ha recibido indemnización ni ayuda por parte de algún organismo del Estado. “Aquí nadie ha venido a darnos ni siquiera una disculpa”, asegura Moreno, a quien su hijo ayudaba económicamente.
Dugarte y su hija, por su parte, dependían absolutamente del fallecido. Ambas sobreviven ahora con la ayuda de familiares. Ningún funcionario del Estado las ha atendido, situación que denuncia el ODH-ULA.. Es deber del Estado indemnizarlas, ampararlas y otorgarles la ayuda que necesiten.
Gerardo Paredes: la otra víctima grave del ataque policial
Wuilderman Paredes Moreno no fue la única víctima del ataque desmedido de la PNB. Gerardo Paredes, primo del fallecido, recibió más de una docena de impactos de perdigón en su rostro y pecho. Las heridas faciales fueron de gravedad y casi acaban con su vida. La víctima tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica delicada y de alto costo que no ha sido indemnizada por el Estado.
El ODH-ULA insiste en denunciar que hechos como el registrado en este caso responden a una política de Estado que busca infundir terror en la población. El ataque desmedido con uso excesivo y desproporcional de la fuerza ha dejado miles de víctimas mortales y lesionados de gravedad a manos de quienes deben garantizar la seguridad y defensa de los ciudadanos. En ningún caso el ataque con armas de fuego o para dispersar protestas pacíficas debe buscar causar la muerte o lesiones que dejen secuelas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones por parte de funcionarios policiales y de otros organismos de seguridad del Estado.Mérida (8/07/2019).-
(Prensa ODH-ULA)
