2018: la rebelión de los receptores de migajas

Germán Rodriguez Bustamante

Por: Germán Rodríguez Bustamante…

El año 2018 se anticipa como difícil y conflictivo, las condiciones financieras del régimen seguirán pesando sobre las necesidades sociales de la población. La disponibilidad de recursos tanto en divisas como en bolívares será precaria para esta Dictadura que encabeza Maduro; únicamente le queda apelar a la expansión monetaria consentida de forma irresponsable por el directorio del BCV. La incertidumbre económica continuara creciendo como consecuencia de un modelo fracasado, que dejo las calamidades que vivimos en el 2017, independientemente de las fantasías presentadas por el régimen como éxito de su gestión. El carnet de la patria conservará su presencia como mecanismo de control social, para intentar distribuir de forma selectiva, discriminatoria y miserable las pocas misiones que en el marco de restricciones financieras se puedan costear. A finales del 2017 observamos reclamos por “promesas” de abastecimiento de productos subsidiados, que no llegaron a los receptores a nivel nacional. El presupuesto 2018  fue presentado por el vicepresidente ante la ANC, violentando el marco constitucional vigente convirtiendo el instrumento en un vulgar panfleto. Desde el punto de vista económico, el escenario presupuestario debe contemplar un conjunto de acciones orientadas al impulso del aparato productivo nacional, con el objeto de propiciar un mayor dinamismo del sector interno de la economía, de igual manera en la recuperación y  sostenimiento del crecimiento económico y el debilitamiento de las presiones inflacionarias, que permitan generar condiciones macroeconómicas favorables para el fortalecimiento de las fuentes de ahorro y de inversión productiva. Para la estimación es fundamental establecer los lineamientos, premisas o metas macroeconómicas que son el marco de referencia de la formulación plurianual, lastimosamente el presupuesto 2018 se formuló sin premisas o con la existencia de las mismas en métricas totalmente divorciadas de sus condiciones reales.

En este marco no existe una bitácora que permita la evaluación de la ejecución presupuestaria, vinculada o asociada a metas determinadas en el plan operativo anual, en consecuencia el desorden y la corrupción tendrán un terreno fértil para florecer. Los ciudadanos tenemos el derecho a la información pública, para mejorar los niveles de transparencia, para formarnos una opinión objetiva sobre el estado de las instituciones públicas y la gestión de estas. Es inaceptable que se pretenda elaborar un presupuesto con metas imposibles de alcanzar, con lo cual los esfuerzos institucionales nunca se podrán medir, revisar y ajustar, y jamás podremos determinar las causas de las desviaciones entre lo planificado y lo realizado, más grave, no se podrá precisar responsabilidades administrativas por el manejo de fondos públicos. Las metas se convierten en deseos y no en brújulas para medir el desempeño y la evolución del estado de salud de una nación.

La asignación de recursos presupuestarios y financieros al gasto social, no es garantía, es importante la eficiencia distributiva del gasto. Mientras tengamos la estructura de gestión pública ineficiente, incapaz y corrupta, los recursos serán consumidos por la misma sin llegar a manos del pueblo. Los problemas seguirán estando presentes en el 2018: la escasez, el desabastecimiento, la hiperinflación y la inseguridad. El gasto social es el monto de recursos destinados al financiamiento de los planes, programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en algún problema social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada función como: educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y reparaciones. Los recursos pueden originarse de fuentes públicas de financiamiento, cofinanciamiento de los «beneficiarios», donación privada o donación del exterior y de la partida de gastos corrientes y de capital. La asignación presupuestaria no es suficiente para que las políticas tiendan a disminuir los niveles escandalosos de pobreza que muestra Venezuela en la actualidad; de acuerdo con estimaciones privadas de ONG, más del 15 % de los venezolanos se alimentan de la basura.

En este contexto el año 2018 será duro, muy duro, sí las políticas instrumentadas por el régimen hasta el momento no cambian. Todo indica que no hay intención de reconocer el fracaso y mucho menos de rectificar. La canalla mediática protegerá  con el brazo represivo de CONATEL, unos logros inexistentes de la revolución; sin embargo las realidades sociales explotarán en reclamos espontáneos de  quienes mal acostumbrados, esperan recibir las dadivas del régimen. Lamentablemente los recursos son insuficientes y no se podrá atender a todos. Las necesidades crecerán y la estructura pública de distribución de migajas colapsara, desnudando el naufragio del socialismo del siglo XXI. El presidente Maduro anticipo el tratamiento para los reclamos que pueden generase en el 2018, sin ninguna duda podemos esperar represiones excesivas en la aplicación de la Ley Contra el Odio, a una población que exige comida, salud y servicios públicos mínimos.    

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