Por: Germán Rodríguez B…
En estos 17 años de revolución, nuestra principal industria PDVSA fue sometida a una gestión empresarial nefasta que elimino sus capacidades competitivas, en primer lugar los despedidos masivos producto del paro petrolero descapitalizo intelectualmente a la empresa, gran cantidad de profesionales capacitados fueron sacados de cargos de dirección y sustituidos por camaradas sin ninguna o poca formación y conocimiento del negocio, en segundo lugar la empresa asumió responsabilidades vinculadas con el desarrollo social que desvirtuaron sus objetivos fundamentales.
En este marco con ingresos extraordinarios derivados del elevado precio del petróleo, el gobierno presiono a la empresa y se despilfarraron recursos orientados a gasto público y no al incremento de capacidades, en consecuencia en estos momentos de precios bajos, la empresa no tienen mecanismos para compensar la caída de ingresos, adicional a ello se comprometió la producción a través de convenios comerciales o ventas a futuro, obviando las autorizaciones de la Asamblea Nacional. Como sí esto no fuera suficiente se liquidaron activos en el extranjero en procesos oscuros, socavando la estructura patrimonial de la industria.
A inicios del año 2010, se realizó una reforma a la Ley del Banco Central para permitir operaciones financieras de endeudamiento de PDVSA con el BCV, financiamiento que ha venido creciendo de forma alarmante y que alcanza de acuerdo a estimaciones privadas al día de hoy un monto por encima de 125.000 millones de dólares a tasa de 6.30Bs/$, produciendo pérdidas cambiarias enormes al BCV.
Algunos de los daños consumados por la gestión revolucionaria en PDVSA son irreparables: la fragilidad de la estructura financiera que le impide captar financiamiento, la pérdida patrimonial por la venta de activos en el extranjero y la incapacidad técnica para enfrentar las condiciones presentes y futuras del mercado petrolero son elementos que presionan hacia la insolvencia financiera de la empresa, expresada en el corto plazo en su incapacidad de poder cumplir con los compromisos asumidos.
Los resultados financieros mostrados en sus Estados Financieros 2015, reflejan una ganancia cercana a los 2.500 millones de dólares, fundamentalmente sustentada por ajustes contables y financieros, resultados que no impactan el flujo de caja de la empresa. Los ingresos por venta de petróleo y sus derivados cayeron en el 48 % en relación con el año 2014, este descenso fue compensado por ingresos financieros derivados de ganancias cambiarias por la exposición a la fluctuación cambiaria de la monumental deuda en bolívares, contraídas con los proveedores nacionales y el BCV.
El valor de los activos totales muestra la ruina, al caer en 25.000 millones de dólares del 2014 al 2015, lo cual refleja la pérdida por deterioro permanente de las inversiones; esto obviamente tiene repercusiones en la estructura de financiamiento de la empresa, ya que las garantías pierden su cobertura.
La deuda financiera a corto plazo alcanza la suma de 6.800 millones de dólares, el 50 % de la misma debe cancelarse en los meses de septiembre y octubre de este año, hecho que motiva la necesidad urgente de la renegociación de la deuda para suavizar los efectos de los vencimientos en el corto plazo sobre el flujo de caja, por otro lado la deuda con los proveedores nacionales llega a los 19.000 millones de dólares y son quienes en definitiva asumen la mayor carga de la ruina de la empresa, esto explica las condiciones deprimentes de las poblaciones ubicadas en las áreas geográficas en donde se desarrolla la actividad petrolera y energética en el país.
Durante el año 2015 la empresa recibió financiamiento no garantizado por parte de BANDES, Deutsche Bank Trus Company, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario y Banco de Venezuela y financiamiento garantizado a través de una colocación de bonos privados de Citgo Holding por 1.500 millones de dólares para aliviar su mermado flujo de caja. Los auditores independientes en el dictamen de opinión hacen referencia a las investigaciones, realizadas por la fiscalía del distrito sur de Texas Houston en Estados Unidos, por la violación de leyes anticorrupción y lavado de dinero efectuadas por contratistas y proveedores de PDVSA, situación que corrobora las corruptelas y tráfico de influencias perpetradas por la élite gobernante en la empresa.
A pesar de la retórica revolucionaria de la autonomía y soberanía empresarial de PDVSA, este gobierno o el que venga deberá afrontar un proceso de restructuración de la empresa para poder sacarla del foso que se encuentra. Del pino anuncio los errores cometidos en la toma de algunas empresas de servicio de la industria, sin embargo fue obligado a retractarse por presiones del pranato militar corrupto.
Es fundamental que la nueva Asamblea asuma con total responsabilidad la revisión de la situación de nuestra principal industria y elabore un plan para su recuperación, este gobierno no está en la disposición de enderezar el perjuicio realizado a la empresa. Le corresponde a la Asamblea Nacional asumir la tarea en beneficio de todos los venezolanos. Indudablemente se debe elaborar un marco jurídico ajustado a la reserva constitucional, pero ofreciendo ventajas para la participación de inversionistas nacionales y extranjeros en la actividad petrolera, en sus distintas fases.
La visión anacrónica del socialismo del siglo XXI, produjo las catástrofes que observamos en todos los segmentos de la actividad económica y particularmente en la industria petrolera.
ULA – FACES
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