En la segunda mitad del mes de octubre, al gobierno venezolano le fueron levantadas de forma temporal las sanciones que unilateralmente le habían sido impuestas por parte del gobierno de Estados Unidos desde el año 2018. Sanciones que tuvieron su origen en lo que el gobierno estadounidense entendió como una privación de las libertades políticas de los venezolanos.
Entre las sanciones que se relajaron o eliminaron se incluyen las relacionadas con la comercialización del petróleo, oro y gas; y las relacionadas con las transacciones del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de Venezuela, que afectaban al sistema de pago a nivel internacional y a la negociación de deuda pública (los bonos de deuda).
Las implicaciones más importantes de esta medida de amplio espectro son las siguientes. La industria petrolera venezolana podrá vender el petróleo y el gas en los mercados mundiales y, en especial, en el mercado americano, sin descuento. Esto trae como consecuencia que el flujo de ingresos petroleros aumente de manera importante sin que aumente la producción nacional.
A lo anterior se une la posibilidad de que ante el relajamiento de las sanciones, el gobierno logre en el mediano plazo llegar a acuerdos más profundos con compañías petroleras extranjeras que se encuentran operando en el país desde ya hace algún tiempo, y con ello se den las condiciones para un incremento progresivo de la producción de petróleo, esto en vista de posibles mayores inversiones.
En tercer lugar, el oro se va a comercializar en los mercados internacionales sin descuento, lo que se traduce en otra fuente de incremento de ingresos para el gobierno. En pocas palabras, la posibilidad de comercializar en el extranjero de forma libre el petróleo, el gas y el oro trae como consecuencia inmediata un incremento significativo en los flujos de ingresos del gobierno.
En cuarto lugar, este mayor flujo de ingresos del gobierno, sin duda, tendrá impacto positivo sobre el crecimiento de la economía venezolana. Pues le permitirá al Ejecutivo Nacional la ejecución de un nivel de gasto público mayor. Será posible entonces que los distintos niveles de gobierno, central y regional, lleven adelante una mayor provisión de bienes públicos en favor de la colectividad. También tendrá el gobierno la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario con mayor fuerza y, contener con más facilidad el incremento del precio de las divisas, en especial, del dólar americano. Esto último se traduciría en un freno al incremento de los precios internos, es decir, una desaceleración de la inflación. Incluso este aumento en los ingresos del gobierno podría traer consigo un aumento de salarios en la Administración Pública y, con ello, cierta recuperación de los niveles de consumo de los hogares.
En quinto lugar, se han levantado las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) con lo cual se facilitan las transacciones financieras desde Venezuela hacia el resto del mundo y, desde el resto del mundo hacia Venezuela. En sexto lugar, esta supererogación de sanciones respecto al BCV, permite una mejor perspectiva en lo que se refiere a las negociaciones de la deuda pública venezolana en el resto del mundo.
A lo descrito hasta aquí hay que añadirle dos cosas importantes. Por un lado, se podría interpretar, ante los beneficios significativos de relajar o derogar las sanciones, que las mismas eran las culpables de la profunda crisis económica que Venezuela enfrenta desde hace ya bastante tiempo y, que al no existir éstas, la situación va a cambiar diametralmente.
Esta interpretación es errada. Pues la crisis económica venezolana tiene raíces profundas que guardan relación, entre otras cosas, con la permanencia en el tiempo de un modelo económico rentista basado en la abundancia de recursos naturales de gran demanda en el mundo, pero cuyos mercados son sumamente turbulentos. Un modelo que se fortaleció en los años de democracia venezolana y, que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro profundizaron aún más con un conjunto de medidas de política públicas mal orientadas y, que en muchos casos, estuvieron dirigidas a restringir de forma importante las libertades económicas de quienes hacen vida en el país. Donde resaltaba el deseo de imposición de principios socialistas lejanos de la conducta y entender del venezolano.
Entonces, ciertamente las sanciones complicaron el manejo de una crisis económica cuyas raíces están en la mala gestión pública y por supuesto, a un mal manejo de los recursos públicos que se traducen en hechos de corrupción. Y ante la relajación o derogación de las sanciones el asunto seguirá siendo el mismo, ¿Qué hacer para resolver la crisis?
Por otra parte, la relajación o derogación de sanciones por parte del gobierno estadounidense es temporal y condicionada. Tendrá una duración de seis meses y responderá a los avances del gobierno en cuanto a crear condiciones que permitan resolver el conflicto político que caracteriza la práctica de la democracia en Venezuela.
Ambos aspectos colocan a la economía venezolana como una economía con mejores expectativas de desempeño pero marcado por una profunda incertidumbre. Una situación que sin duda alguna mantiene el riego alto tanto para los hogares como para los empresarios.
En definitiva, el ganador, sin duda, de la relajación o derogación de sanciones es el gobierno. Pues contará con un musculo financiero más robusto, el cual en tiempos de contienda política le va a permitir modelar la política pública en favor de sus intereses. Pero la gran incógnita es, ¿hasta qué punto está dispuesto a avanzar en una negociación con la oposición venezolana respecto a derechos políticos de los ciudadanos venezolanos? Esto teniendo en cuenta, que tal avance podría hacer cierta su salida del poder y, la consecuente obligación de enfrentar el costo político de tal salida.
Econ. Albio Márquez
Director del IIES-ULA
29-10-2023
