Con su aparición en la Gaceta Oficial N.º 6.990 Extraordinaria, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática dejó de ser un proyecto debatido para convertirse en una norma vigente. La publicación, realizada este jueves, activa de inmediato sus efectos jurídicos y abre una nueva etapa para quienes aspiren a acogerse al beneficio.
El texto fue respaldado por unanimidad en segunda discusión por la Asamblea Nacional y promulgado horas más tarde por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, culminando así un proceso legislativo que avanzó con rapidez desde principios de febrero. Durante esas semanas, el alcance temporal de la medida, las exclusiones y la situación de los venezolanos en el exterior centraron buena parte del debate político.
Uno de los artículos más discutidos fue el 7, cuya votación fue aplazada el 12 de febrero antes de aprobarse con modificaciones. La redacción definitiva señala que la amnistía beneficia “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” dentro del período comprendido entre 1999 y 2026, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho”.
Amnistía limita casos, autoriza trámites externos y evita detenciones públicas
El artículo 8 delimita los hechos amnistiados, enumerando episodios específicos que van desde el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero, hasta las protestas registradas en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017 y 2019, así como acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios regionales y legislativos de 2025. Aunque algunos sectores plantearon que la amnistía abarcara sin distinciones los 27 años de gobiernos chavistas, el Parlamento optó por una fórmula que circunscribe la medida a coyunturas concretas.
Esa disposición adquiere especial peso en el contexto político actual, en el que han sido señalados dirigentes opositores en el exterior como María Corina Machado y Leopoldo López. De acuerdo con información difundida por la Agence France-Presse, la comisión especial contemplada en el artículo 15 tendrá la responsabilidad de analizar estos casos de manera individual.
Expertos independientes vinculados a las Naciones Unidas han recordado que los procesos de amnistía suelen requerir un marco más amplio de justicia transicional, orientado a la reparación de víctimas y a la no repetición. Aunque la ley no desarrolla ese enfoque en detalle, la comisión de seguimiento podría asumir parte de ese desafío.
Con la norma ya en vigor, corresponde ahora a los tribunales evaluar solicitudes, anular antecedentes y revisar sentencias. El artículo 11 fija un plazo máximo de 15 días para dictar los sobreseimientos, un cronograma exigente para el sistema judicial en esta nueva etapa.
20-2-2026
