El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, cuestionó el alcance de la Ley de Amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, al considerar que la norma busca “perdonar al mismo Estado” más que garantizar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
En declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, Gómez señaló que, aunque la ley abarca formalmente el período entre 1999 y 2026, en la práctica se limita a 13 hechos específicos, lo que restringe su aplicación.
“Es algo importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido”, afirmó.
El activista advirtió que la normativa no ha estado acompañada de un proceso de esclarecimiento de la verdad que permita evitar la repetición de los abusos documentados en el país.
Críticas al alcance y aplicación de la norma
Gómez sostuvo que el Estado intenta aliviar la presión derivada de las denuncias internacionales mediante un mecanismo que, a su juicio, simula justicia sin resolver el fondo del problema.
“Se trata de un proceso caprichoso en el que se decide quién puede obtener la libertad”, indicó, al tiempo que insistió en que todas las personas detenidas por razones políticas deberían ser liberadas, independientemente de la ley.
Dudas sobre cifras y transparencia
El director de Amnistía Internacional expresó preocupación por la falta de claridad en las cifras oficiales sobre excarcelaciones. Según indicó, solo unas 690 personas han sido liberadas, mientras que el resto de los datos anunciados correspondería a casos de personas que ya se encontraban bajo medidas cautelares.
En ese sentido, pidió la publicación de un listado oficial de detenidos y liberados que permita verificar la información.
“El propio Estado no tiene claridad del alcance de su represión”, afirmó, al denunciar la ausencia de registros centralizados que puedan ser auditados por organismos independientes.
Riesgos para la seguridad jurídica e inversiones
Gómez también vinculó la ley con el contexto de negociaciones internacionales y el interés por atraer inversiones al país, al considerar que la medida busca proyectar estabilidad jurídica.
No obstante, advirtió que este enfoque podría resultar contraproducente si se mantiene un sistema judicial con rasgos autoritarios.
“Es una trampa si se construye alrededor de un control del Ejecutivo que decide quién queda en libertad”, señaló.
El representante de Amnistía Internacional subrayó la importancia de que la sociedad civil participe en cualquier proceso de transición política, para evitar la reproducción de prácticas autoritarias.
A su juicio, los cambios actuales responden a acuerdos entre gobiernos, centrados en intereses económicos, sin incorporar plenamente una agenda de derechos humanos.
En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar hacia la recuperación de garantías fundamentales como la libertad de expresión, la separación de poderes y la seguridad jurídica.
“Solo así Venezuela podrá construir un país acorde con su potencial”, concluyó.
Las críticas de Amnistía Internacional se suman a las de otras organizaciones que han advertido sobre limitaciones en la aplicación de la ley y la persistencia de denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos en el país.
EFE 22-03-2026
