(Prensa APUCV).- Los dirigentes sindicales y gremiales, José Elías Torres (CTV), Servando Carbone (UNETE ), Lourdes Ramirez (FAPUV) y Víctor Márquez Corao (APUCV), integrantes de la Unidad de Acción Sindical y Gremial se dirigen a sus agremiados, y a la nación en general, para expresar su más profundo respeto y solidaridad hacia el pueblo venezolano, al cual nos debemos. Respeto que para nosotros implica exigir y brindar información que se ajuste a la verdad, a fin de que podamos entender la situación que padecemos, los peligros que ello acarrea y las posibles soluciones.
El 5 de julio de 2019 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe sobre diversos aspectos que afectan los derechos sociales de los venezolanos, todos y cada uno de los cuales se han agravado de manera significativa.
Siendo el Derecho a la Vida el más importante de los derechos humanos, el Estado, estructura institucional creada por la sociedad para dar cumplimiento al Pacto Social, contenido en la Constitución, incumple con sus obligaciones y desconoce los derechos de los ciudadanos, generando una crisis humanitaria compleja recogida en los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas al señalar:
La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela, pues el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. La situación económica y social sigue deteriorándose, pues la economía, atraviesa un episodio hiperinflacionario que afecta la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.
La escasez de alimentos, y su elevado precio, se han traducido en menor cantidad de comidas con menor valor nutricional, generando elevados índices de desnutrición. (Cáritas registró un 35% de desnutrición crónica en menores de 5 años, atendidos desde junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados).
La situación sanitaria del país es al extremo grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicinas y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos médicos y el sistema sanitario, siendo alarmante la insuficiencia de insumos de toda naturaleza en los centros públicos de salud.
*A este dantesco cuadro se suma el menguado ingreso de los trabajadores. Este continúa deteriorándose y al día de hoy, incluyendo el bono de alimentación, el salario mínimo representa $ 5,5 mensuales. Salario de hambre que además en forma reiterada, vienen a violar los convenios Internacionales de la OIT en especial los Convenios 26, 87, 144. señalado en forma contundente en el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT publicado para el Mundo, el 17 de Septiembre de 2019*
El desabastecimiento de combustible afecta a la Capital, como al resto del país. La falta de agua potable, gas y electricidad son carencias de las cuales igualmente padecemos. Todos los estratos sociales están afectados, pero particularmente los más humildes.
Las víctimas de vulneraciones de los derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada. Las ejecuciones extrajudiciales muestran el mismo patrón en la actuación de las FAES, revelando la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, siendo inaceptables las represalias por haber cooperado con el informe de las Naciones Unidas.
Es continuo el desconocimiento y la violación de la Libertad Sindical. La persecución y detención de los representantes de los trabajadores es una constante, como lo señala el informe de la Comisión de Encuestas de la O.I.T.
Continúa la persecución e ilegal levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los Diputados de la legítima Asamblea Nacional.
La Libertad de Expresión casi no existe por el control y acoso del régimen contra los medios de comunicación. La arremetida e intimidación contra los trabajadores de la prensa es constante y criminal, resultando preocupante las acciones dirigidas aprobar una norma jurídica que tipificara como delito las actividades de las organizaciones de Derechos Humanos.
Las universidades, con menguados presupuesto, ahora son amenazadas por vía judicial y particularmente en socavar su autonomía.
En síntesis, estamos en un país donde se desconoce el estado de derecho.
Es en el contexto antes descrito que la pandemia del COVID-19 llega al país: Lo hace en el peor momento de su historia como producto de una gestión gubernamental que destruyó las bases de la República.
No deben ser entonces, quienes nos sumergieron en este caos, quienes pretendan administrar los apoyos financieros, y de cualquier otra índole, que provengan del exterior para enfrentar la Pandemia.
Nuestros Hospitales vienen necesitando insumos para atender las emergencias de salud, ahora agravada con la llegada del COVID-19. Carencias que han venido denunciando el Gremio Médico y las Organizaciones Gremiales y Sindicales del Sector Salud. Denuncias desatendidas también en relación con el brote de enfermedades que han reaparecido y que complican aún más el cuadro de la salud y la vida misma.
Los sectores humildes siguen siendo los más afectados. Ellos viven del día a día, teniendo que salir a la calle para ganarse el sustento y por estar sometidos a la mal nutrición serán los sectores más proclives a enfermar. Para ellos es difícil, casi imposible, el aislamiento social, poniéndolos en la disyuntiva de morir por el COVID-19 o de morir por hambre de no dársele una URGENTE solución a este drama.
Es responsabilidad de quienes usurpan el poder, proveer los recursos para la vida y asumir sus obligaciones, cesando en la política de acoso hacia quienes exponen esta realidad.
Es hora de un gobierno de salvación nacional, cuyo fin esencial sea el preservar la vida de los ciudadanos, recuperando todo lo destruido: el aparato productivo, el salario y los sistemas de salud, educativo y de justicia. Gobierno que convoque a nuestras mejores capacidades, al margen de su ideología política. A las Academias Nacionales, a las Universidades, a los Sindicatos y Gremios, a las organizaciones empresariales, de Derechos Humanos y Religiosas.
Exhortamos al Presidente Juan Guaido a que, desde la Asamblea Nacional, único y legítimo poder constituido, haga todos los esfuerzos a su alcance para conseguir la ayuda humanitaria. A presentar una propuesta que conlleve a su administración y control por instituciones con solvencia y credibilidad como lo es la Conferencia Episcopal Venezolana, la Academia Nacional de Medicina y otras Organizaciones existentes en el País.
Será responsabilidad de quienes detentan ilegalmente el poder, el no permitir el acceso de esa ayuda humanitaria. Exhortamos al empresariado a hacer su mayor esfuerzo para contribuir con adecuadas condiciones de apoyo para la salud y vida de sus trabajadores.
El costo social debe ser una responsabilidad compartida de los empleadores públicos y privados. Los gremios y sindicatos, deben propiciar acciones y acuerdos diáfanos, que faciliten el superar esta dramática crisis por la que atraviesa el País, cuyo mayor afectado por su frágil condición social, es la clase trabajadora y su familia.
