En un comunicado de prensa emitido este viernes 13 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el exilio forzado del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, así como los hostigamientos a la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas donde se encuentran asiladas seis personas vinculadas al equipo de María Corina Machado.
Este órgano ha documentado graves prácticas de ruptura institucional y democrática que incluyen, entre otras, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, detenciones arbitrarias de personas manifestantes y dirigentes opositores, citaciones judiciales y órdenes de arresto sin fundamento legal y la cancelación de pasaportes de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) September 13, 2024
Reseñaron la salida del país del candidato González Urrutia el pasado 7 de septiembre para salvaguardar su vida, integridad y libertad. según informó la líder de la oposición María Corina Machado.
Además, rechazaron la intervención de al menos 20 funcionarios públicos armados en la residencia oficial de la embajada de Argentina en Caracas, que desde el 1 de agosto está bajo la custodia de Brasil. El 6 de septiembre las fuerzas de seguridad se apersonaron en dicha sede y procedieron a cortar el suministro de electricidad y suspender el ingreso de alimentos por al menos 24 horas.
Como órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión es responsable de velar por el respeto del derecho internacional en su estrecha relación con los derechos humanos. En este sentido, refuerza la necesidad de que los Estados observen las obligaciones internacionales derivadas de sus compromisos consuetudinarios y convenciones, incluida la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Asilo Diplomático de 1954.
«En una democracia ninguna persona con liderazgo político debería verse obligada a asilarse en una embajada o abandonar el país para resguardar derechos como la vida, la integridad y la libertad», exponen en la misiva.
La CIDH reitera que estos actos del Estado venezolano tienen como intención infundir miedo en la población y desalentar la participación política de la oposición, por lo que exigen el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas venezolanas, así como a agotar todas las medidas para canalizar los conflictos, priorizando el diálogo y la negociación, para poner fin a la persecución política, respetar compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y reestablecer el orden democrático.
13-09-2024