Por: German Rodríguez Bustamante…
El Populismo venezolano sostienen la reivindicación del rol del Estado como defensor de los intereses de la población, a través del estatismo, el intervencionismo y la seguridad social con el fin de supuestamente lograr la justicia social y el Estado de bienestar. Acompañado de una retórica nacionalista y liderazgo caudillista. La realidad es que esta algarabía únicamente ha servido para enriquecer a unos pocos y empobrecer severamente a la gran mayoría.
El régimen en su manía errada de pretender evitar el incremento de precios de bienes y servicios, ha intervenido el mercado a través de regulaciones, lo cual produjo la destrucción de las capacidades de producción de la estructura nacional. En este momento pretenden desempolvar la armazón legal, para respaldar los controles de costos, precios y de ganancias, con la justificación de asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional. Instrumentando fiscalizaciones de la actividad económica y comercial, con el fin de proteger los ingresos de las familias especialmente el salario de los trabajadores y trabajadoras. Desafortunadamente, los controles impuestos han contribuido en la miseria colectiva que padece la población. La política salarial en manos del obrero ha sido un rotundo fracaso, nunca los trabajadores se habían encontrado en una condición tan precaria.
Las apologías de combate a la usura y la especulación, estableciendo controles de todo tipo, para garantizar estabilidad, quedaron en puros deseos muy plausibles, pero poco reales de cumplir. El plan 101 según el cual se realizarían fiscalizaciones en supermercados y mercados en 101 municipios, para verificar los precios se convirtió en un cuento de inicio de año, con resultados inobservables. La administración de Maduro ha relajado el control de precios, luego de 17 años de constantes ataques contra el sector privado, sin embargo, ante el hambre general que sufre el país, y aderezado por el evento electoral próximo, resucita la Ley de precios acordados, aprobada por la extinta ANC. La disposición de dialogar y reconciliarse con el sector privado, ha quedado en puro disimulo, las descalificaciones, persecuciones y chantajes aparecen con nuevos bríos.
Asoman un proceso de liberación de la economía, sin embargo, los controles se mantienen y son usados a conveniencia y discrecionalidad del poder, existen algunas ventanas que responden a necesidades coyunturales del régimen. En definitiva, las políticas instrumentadas son contrarias a la iniciativa privada, la libre empresa y el respecto al derecho de propiedad. Los consumidores, productores y comerciantes perdieron la libertad de elección, expresado esto en la destrucción del sistema de precios y de la moneda. Es imposible mantener estabilidad de precios en una Nación que padece de una hiperinflación sostenida desde noviembre de 2.017, y cuyo responsable es el propio régimen, con su política de expansión monetaria y restricción crediticia. El proceso de recesión, hiperinflación, matizada por la pandemia es sumamente impulsivo y va en contra de la economía. El proceso hiperinflacionario se mantendra, y será mucho más voraz y veloz que la tasa de tipo de cambio, eso produce un esquema y unas condiciones de trabajo altamente improductivas. Por lo tanto, lamentablemente los precios siempre van a estar más altos en Venezuela, situación que no se podrá controlar con una imposición de precios.
En el mes de Julio el propio Maduro reconoce la decepción por las políticas instrumentadas, entregaron divisas en los mecanismos de control diseñados, sin los controles posteriores requeridos para evitar la corrupción. El reconocimiento de poco sirve, los recursos se encuentran en manos de individualidades conectadas con la cúpula gobernante, y el pueblo sumergido en el hambre y la miseria. La promesa de ir con todo produce mayores inseguridades, las amenazas ahuyentan al capital privado, en consecuencia, la inversión requerida seguirá diferida, hasta que los riesgos derivados de la subjetividad de la lengua de Maduro, se logre apaciguar. Con estas declaraciones mantendremos el ranking vergonzoso, de ser una de las tres economías del mundo con el peor clima para invertir, en conjunto con Eritrea y Somalia. El clima de inversión se asocia a la fortaleza institucional, pero en el caso de Venezuela, todos los poderes públicos ya no son autónomos y es el Estado el que monopoliza el poder. Siendo está la principal razón para que los inversionistas institucionales descarten a Venezuela, adicional a la conflictividad política y social.
El régimen permite que se mantenga la importación de bienes terminados con cero aranceles, para una nomenclatura cercana, el ministerio de comercio le recuerda al gremio de supermercados la obligación de mantener los precios equilibrados en la lista acordada en 2.020 de 27 productos esenciales. Es muy difícil producir y poder competir internamente con niveles de hiperinflación y servicios precarios, con productos terminados traídos sin impuestos. Esa competencia desleal terminará de acabar con la poca actividad productiva que sigue en pie en el país. Los precios escalaron de forma acelerada en los últimos meses, ante la mirada complaciente de las autoridades de control, quienes adicional autorizaron la marcación de precios en divisas. Obviamente al permitir la referencia en dólares los precios en bolívares crecían diariamente. Pretender imponer precios acordados de hace más de un año, es simplemente invitar al cierre formal de la producción nacional de esos bienes definidos como esenciales. Pareciera una política de incentivo para bodegones, supermercados y bodegas en los cuales únicamente se ofrecen productos importados. Bienvenida la producción externa, que no tributa y colocamos cadenas y candados a la producción local: mayor soberanía es imposible. Controles de precio para producir el hambre generalizada de la población, que no puede acceder a una cesta alimentaria básica, para remate sometida a nueva nebulosa reconversión monetaria.
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