Con total normalidad se desarrolló la sesión del Consejo Universitario, siguiendo con su agenda regular y teniendo pendiente la agenda de la semana pasada, luego de la suspensión del Consejo debido a las protestas que se realizaron en las instalaciones del Edificio del Rectorado de la ULA.
En esta oportunidad se trataron puntos importantes, la discusión dio inicio con la lectura de un remitido realizada por el Rector de la ULA, relacionado con los hechos de violencia que se desarrollaron la semana pasada. «Este remitido, el cual se aprobó por el CU, da información sobre los trabajadores eventuales quienes realizaron trabajo en la ULA y que en estos momentos no pertenecen a la nómina de la universidad, en él se explican las razones de esta situación. La falta de recursos recurrentes ha sido una limitante para ingresarlos y cuando se tengan los mismos y el compromiso del Ministerio de Educación Universitaria y la OPSU se dará su ingreso como personal ordinario. Esta data está en la OPSU y fue suscrita por los diferentes gremios y la Dirección de Personal de la ULA, por lo que este remitido será publicado en los medios de la universidad”, informó Argimiro Castillo, secretario (e) de la Universidad de Los Andes.
Otro tema a discutir fue lo relacionado con la incorporación de los trabajadores de la Corporación Parque Tecnológico de la ULA, debido a que, un oficio que fue enviado a la ciudad de Caracas en el mes de febrero, ya fue respondido la semana pasada. “Este oficio nos indica cual es la ruta a seguir para la incorporación de ese personal y cambiar la partida 407 a 401 dentro del presupuesto aprobado en la universidad el año pasado. Entre las propuestas que se discutieron está la de darle una adscripción a este personal a una dependencia central, de manera de proteger la estructura del Parque Tecnológico y no desaparezca la misma”, resaltó el profesor Castillo.
Ya para finalizar, el CU dio un derecho de palabra, como moción de urgencia, a una solicitud hecha por los movimientos estudiantiles, referente a la suspensión de las actividades administrativas y académicas en la universidad, pues consideran que las acciones tomadas por todos los trabajadores y profesores para exigir mejoras salariales al Gobierno Nacional han afectado su calidad de vida.
Golfredo Lobo / Prensa ULA / CNP 14.293
