CU-ULA: sumamos nuestra voz a la exigencia de un proceso de auditoría de los datos mesa a mesa

REMITIDO

A la comunidad universitaria, a la comunidad de los andes venezolanos, al país

El Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, en estricto apego a su vocación democrática y en ejercicio de la función que le atribuye el Artículo 2 de la Ley de Universidades, como institución al servicio de la Nación, a la cual corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales, hace del conocimiento público el siguiente remitido, frente a los acontecimientos ocurridos luego de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024.

En atención al vencimiento del periodo constitucional del ejercicio de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó un proceso eleccionario para el 28 de julio de 2024, con la finalidad de elegir el Presidente de la República que conducirá los destinos del país durante el periodo constitucional 2025-2031, y en apego a la Constitución, las leyes y normas existentes para regir estos procesos de participación popular, en los que al Pueblo Venezolano se le garantice la oportunidad de expresar su poder soberano constituyente a través del voto.

Para dicho proceso, todos los sectores del país fueron convocados y en adhesión a la reserva legal venezolana, todos los entes participantes debían asumir las reglas del juego democrático para lo cual, el CNE, está en la obligación de asegurar las condiciones de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, tal y como lo establece el numeral 11 del Artículo 293 constitucional; así como el Artículo 294 ejusdem que indica que “los órganos del Poder Electoral se rigen por la independencia orgánica… despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana…” que permita llevar un proceso sin contratiempos y genere resultados confiables para todos los sectores involucrados.

Por esas razones, sumamos nuestra voz a la exigencia de un proceso de auditoría de los datos mesa a mesa, contrastados con las actas electorales y con participación de todos los actores políticos involucrados, junto al acompañamiento de observadores internacionales, y la publicación de las actas de votación de cada uno de los centros electorales, en estricto apego a lo establecido en la ley; todo ello con el fin de brindar a la sociedad venezolana la paz y confianza necesarias para poder avanzar, y así construir un clima de gobernabilidad que emane de la voluntad ciudadana expresada a través del voto. En tal sentido, ponemos a disposición del CNE, toda nuestra experiencia y personal calificado, para aportar sus conocimientos en el proceso de revisión que se está solicitando, y que permita establecer los mecanismos de entendimiento necesario para llegar al clima de tranquilidad y paz que reclama la nación en estos difíciles momentos.

De la misma manera, y en vista de las protestas que se han iniciado a lo largo y ancho del territorio nacional, y que vienen arrojando un número muy alto de heridos, detenidos y fallecidos, donde se vienen asumiendo formas de lucha que no corresponden con el juego democrático, exhortamos a la sociedad civil a ejercer sus derechos con responsabilidad, evitando caer en provocaciones de ningún tipo y respetando los límites que establecen la Constitución y las Leyes, en especial lo referido a los daños de los bienes públicos y privados.

Asimismo, conminamos al Poder Ejecutivo y a los organismos de seguridad y orden público a asumir su rol constitucional, alejados de actitudes partidistas que eviten incurrir en excesos, que se respeten los Derechos Ciudadanos y el debido proceso, observando el principio de la progresividad de la fuerza y, sobre todo, actuando de manera humanitaria.

La observancia del respeto de los Derechos Ciudadanos y los Derechos Humanos, no resulta opcional bajo ningún pretexto, y el Estado venezolano está en la obligación de garantizar el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente del derecho a la protesta y, en consecuencia, debe asegurar su cumplimiento de conformidad con la Constitución y con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados válidamente por la República.

En ese sentido, exigimos la liberación de los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a la manifestación, contemplado en el Artículo 68 constitucional, y en especial, solicitamos la liberación del Prof. Gustavo Torres, del Departamento de Ciencias Sociales del Núcleo Rafael Rangel de Trujillo, y de los estudiantes universitarios Gerson Morillo, estudiante del 4to año de la Escuela de Medicina Extensión Valera y del Br. Paul León, tesista de Comunicación Social de la ULA NURR y Fotógrafo de la VPI Trujillo. Se autoriza al Servicio Jurídico y al Observatorio de Derechos Humanos para que asuman la defensa de cualquier ulandino detenido por ejercer su derecho a la protesta.

Finalmente, es importante indicar que el país reclama un clima de sosiego, tranquilidad y paz; y, para que esto pueda alcanzarse, es necesario que todos los sectores hoy enfrentados establezcan voluntad política para lograr un acuerdo nacional, en el cual ninguno se vea desfavorecido y el Pueblo venezolano adquiera confianza para lograr la gobernabilidad necesaria que reclama esta difícil coyuntura, siempre en apego estricto al estado de derecho vigente.

En Mérida, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veinticuatro, aprobado por el Consejo Universitario en sesión virtual.

Mario Bonucci Rossini                                      Manuel J. Morocoima

Rector                                                             Secretario