Haciendo un análisis de la actividad especial que realizan los funcionarios penitenciarios, en especial, los custodios, la Defensa Pública en su condición de órgano garante de los Derechos Humanos y de la Tutela judicial real y efectiva, ofreció una clínica jurídica en el Centro Penitenciario de la Región Los Andes (Cepra).
El coordinador regional, Abg. Rudis Parra, resaltó que este órgano, por mandato constitucional y legal, es garante de los derechos humanos y tiene además la responsabilidad de orientar, dar asistencia, asesorar y representar a los ciudadanos y ciudadanas privados de libertad, por lo que realizaron esta clínica jurídica, dirigida a los custodios del Cepra, alcanzando importantes logros formativos.
En esta actividad formativa y orientadora se resaltó la importancia, efecto, control, fiscalización y prevención en las funciones de las funciones que tienes estos funcionarios; todo relacionado al espíritu y propósito de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, se expuso el alcance, concepto, objetivo, procedimientos y sanciones de la ley.
Con relación a lo antes referido – Parra – destacó que, la Defensa Pública en preeminencia de los Derechos Humanos de conformidad al principio establecido en el articulo 7 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, fue claro y preciso en señalar a los participante que estos delitos además de su imprescriptibilidad, no tienen beneficios procesales, se trata de delitos de lesa humanidad cuyas penas son bastantes altas y como accesoria, existe el derecho a solicitar la indemnización por parte de las victimas o puede ser sus familiares.
En esta jornada también, se razonó la obligación que tiene el Estado venezolano, a través sus instituciones entiéndanse, entiéndase, en primer lugar el Ministerio Público como receptor, director de la investigación y acusador. En segundo lugar el Poder Judicial para garantizar un proceso justo, real y efectivo, pues son principios constitucionales que el Estado debe velar para castigar a los funcionarios que en el cumplimiento de sus atribuciones o funciones actúen fuera de los parámetros y procedan al margen de la ley.
Rudis Parra resaltó que, “la jerarquía de los DDHH y su repercusión tanto nacional como internacional, delega en Estado facultades que conllevó a la creación de una Comisión Nacional de DDHH que tiene por objeto la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la cual la Defensa Pública tiene un espacio para desarrollar sus funciones, entre ellas asegurar la eficacia y el espíritu de esta ley especial con los principios de justicia”.
Finalmente, el coordinador público regional, explicó que la violación de los DDHH es de orden público y de seguridad pública, en este sentido se resaltó que este órgano, asume una postura contundente como garante de los DDHH, al establecer como principio esencial la preservación de tales Derechos y determinar las garantías orientadas a protegerlos. (Defensa Pública Regional – Mérida)
PRENSA DEFENSA PÚBLICA MÉRIDA


