La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó medidas cautelares a favor de Juan José Gámez, desaparecido forzosamente y Oscar Morales, privado de libertad. Las solicitudes fueron presentadas por la organización Defiende Venezuela y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes para el caso de Oscar Morales. En el caso de Juan José Gámez, la solicitud fue hecha por las ONG Defiende Venezuela y ProDerechos.
En la rueda de prensa organizada por Defiende Venezuela a través de la plataforma digital Zoom Meetings, se presentó una actualización de las medidas cautelares resaltando que no han tenido cumplimiento por parte del Estado venezolano.
Con respecto a la situación de las víctimas, en el caso de Juan José Gámez, la abogada Ana Acosta señaló su desaparición luego de ser aparentemente aprehendido el 24 de diciembre de 2019 en el estado Bolívar sin conocerse su paradero actual.
La abogada Ana Acosta explicó que, Gámez se habría dirigido a Santa Elena de Uairén (Bolívar) para comenzar una nueva vida llegando a una pensión. En este lugar, irrumpió una comisión de la DGCIM, supuestamente por estar involucrado en la “Operación Aurora”, una toma militar que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2019.
“No supimos su situación, por qué estaba detenido, cuáles son los delitos. Tampoco lo presentaron a un tribunal 48 horas después de la detención. No ha tenido contacto con sus familiares ni abogados” dijo la abogada.
Por otro lado, respecto al caso de Oscar Morales, el abogado de Defiende Venezuela Harold Miñarro, señaló que Morales, privado de libertad, padece desde hace más de diez años de artritis psoriásica, por lo que requiere tratamientos médicos especializados para evitar daños permanentes al organismo.
El abogado expuso que no se han dado respuesta a las solicitudes de la representación legal del señor Morales, señalando que “el amparo fue declarado sin lugar, se pidió una solicitud de revisión de medida ante la Sala de Casación Penal, sin respuesta, se requirió el decaimiento de la medida, tampoco hubo respuesta, posteriormente se solicitó ante la Fiscalía una intervención para que hubiese una medida humanitaria de arresto domiciliario, la cual tampoco ha tenido respuesta”.
Asimismo, resalta que aunque las medidas han sido negadas, el Juzgado Penal que está conociendo de la causa en el estado Mérida le ordenó al CICPC que el señor Morales sea trasladado al Hospital Universitario de los Andes cuantas veces fuese necesario, acción que no se ha materializado hasta la fecha encontrándose Morales sin tratamiento y atención médica.
