Por: Germán Rodríguez Bustamante…
El término “corralito” se asocia a una situación que ocurrió en Argentina a finales del año 2001; fundamentalmente fue una restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Posteriormente y debido a la popularidad que adquirió la palabra, esta se empezó a usar en todos los países de habla española para hacer referencia a la inmovilización de los depósitos ejecutada por el gobierno de cualquier país. El objetivo de la medida era evitar una salida masiva de dinero del sistema bancario y detener una inminente ola de pánico y el colapso del sistema. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó a todo el sistema financiero público y privado venezolano abstenerse de entregar más de 10.000 bolívares diarios en efectivo, ya sea a través de cajeros automáticos o taquillas. La nueva normativa modifica la resolución número 524-10 de fecha 19 de octubre de 2010, en la que se establece el monto de retiro que estaba en vigencia en todas las agencias bancarias, instrucción que entra en vigencia a partir del 01 de diciembre de 2016.
El gobierno busca con la medida limitar el retiro de dinero vulnerando una de las libertades de los usuarios de cualquier sistema bancario: la de poder sacar sus fondos del sistema cuando lo desee. A lo mejor la recesión prolongada experimentada por la economía venezolana, el déficit fiscal derivado del presupuesto 2017 propuesto, la posibilidad elevada de una suspensión de pagos, el peso de la deuda y los niveles supremos del riesgo país, son factores que obligaron al gobierno a tomar esta medida, que no obedece a una política de estabilidad del sistema bancario adoptada por la Sudeban; por el contrario, es una instrucción dictada desde el Ejecutivo, cumplida complacientemente por el ente supervisor.
Lamentablemente la acción producirá mayores males de lo que pretende corregir. El dinero se convertirá en un bien escaso, con lo cual aparecerán los parásitos sociales, el bachaquero y el gorgojo, quienes actuarán como intermediarios para resolver problemas puntuales de algunas personas, tanto naturales como jurídicas, que en este desorden económico y financiero requieran efectivo para solventar una eventualidad con costos de oportunidad elevados, hecho que justifica la comisión de intermediación. Por otro lado se pueden interrumpir los circuitos de pago, elevando aún más la inflación, ya que las transacciones tendrán incorporados los inconvenientes por la ausencia del pago efectivo, disponible de inmediato, incorporando un eslabón adicional en el arbitraje de precio. La medida pretende detener el alza desmedida del dólar paralelo, limitando el monto diario de depósitos y retiro, intentado de manera ilusoria detener la fuga de capitales.
En una economía informalizada en un porcentaje importante, las deficiencias en el suministro y distribución de alimentos y medicamentos eran suplidas por actores informales, realizando transacciones fundamentalmente en efectivo; en consecuencia, la acción desesperada busca acabar con el bachaquero y el gorgojo, obviando el gobierno que en el camino también terminan llevándose a los ciudadanos que utilizan ese mercado para obtener los bienes escasos. La medida podría tener sentido si contáramos con una población bancarizada y con sistemas de transmisión de data electrónica robustos. Dolorosamente no tenemos presentes las dos condiciones, por lo tanto la medida producirá problemas graves en la economía local, principalmente en los procesos de pago y crédito.
La desconfianza en la banca crecerá no por carencias del sistema, sino por la pérdida del valor del dinero. La restricción deriva en acumulación de efectivo fuera del sistema bancario, estimulando los niveles de delito presentes en la nación. El presidente Maduro y la élite gobernante no comprenden los factores y elementos que fundamentan un buen gobierno, por lo cual cada medida adoptada profundiza los problemas presentes en la economía y somos los venezolanos de a pie, el pueblo, quienes nos vemos obligados a asumir la tragedia. La intensificación de la crisis es consecuencia de las últimas medidas ordenadas por el gobierno en materia política, fiscal y económica con la probabilidad de agudizarse drásticamente.
En el marco de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición representada en la MUD existe una mesa en materia económica; es totalmente absurdo que luego de una declaración conjunta, en la cual se comprometen la partes a trabajar de forma mancomunada para resolver los problemas, el presidente Maduro extienda el decreto de emergencia económica que se traduce en una libertad total para tomar medidas de manera unilateral en materia económica sin el control presupuestario y financiero de la Asamblea Nacional; para colmo de males, en la declaración se reconoce la necesidad de construir espacios de trabajo, en los cuales las competencias entre lo público y lo privado estén debidamente delimitadas, y a pesar de lo acordado nuevamente el presidente y su estructura burocrática enfilan las baterías bélicas comunicacionales en contra de los empresarios. Todo ello demuestra abiertamente la habilidad del gobierno de ser un actor de mala fe en la mesa de diálogo; por lo tanto, es muy poco lo que los ciudadanos podemos esperar lograr de este esfuerzo. Serán solo respuestas maquilladas, sin resultados.
@germanrodri
@germanoveja
