Por: Angélica Villamizar…
Los derechos humanos proporcionan un marco universalmente aceptado de normas y valores para regir a las sociedades modernas y que a su vez obligan a los Estados a actuar de una manera determinada o abstenerse de ciertos actos que pueden vulnerar esos derechos. Constituyen una herramienta crucial para garantizar que los Estados y los actores no estatales que han cometido violaciones sean responsables, así como para impulsar los esfuerzos colectivos para crear comunidades y marcos globales que promuevan la justicia económica, el bienestar social, la participación y la igualdad.
Dentro de estos derechos, existen unos que se clasifican en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y que garantizan a todas las personas una vida digna y plena. Estos derechos incluyen derechos fundamentales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un ambiente saludable y la cultura.
Para empezar, debemos mencionar que los DESC están conectados y complementados entre sí. Por ejemplo el derecho a la educación es fundamental para acceder a un trabajo decente y a una vivienda digna. Es por ello que en los últimos años, se ha destacado la importancia de estos derechos y se ha reforzado su relevancia en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En nuestro país, actualmente se encuentra en medio de una compleja crisis que ha tenido un impacto significativo en el ejercicio y disfrute de estos DESC. Por ejemplo en términos de derechos económicos, la tasa de desempleo es de alrededor del 35%, mientras que la informalidad laboral representa casi el 50% de la población potencialmente activa. En pocas palabas, al menos 48.3% de los venezolanos son autónomos, mientras que 22,6% son empleados en el sector privado y el 20% son empleados en el sector público. Y estos empleados enfrentan bajos salarios, empleo precario y dificultades para acceder a la seguridad social. Además, la crisis alimentaria ha provocado una elevada tasa de desnutrición, en particular en niños y niñas. La escasez, la inflación y la falta de poder adquisitivo han limitado el acceso a alimentos básicos.
Por otro lado, cuando se trata de los derechos sociales, particularmente los relacionados con la salud podemos decir que el sistema de salud pública está en una situación crítica, con una escasez de medicamentos, insumos médicos y personal médico adecuado en los principales centros de salud. Esto conduce a que la mayoría de las personas tienen dificultades para obtener atención médica oportuna y de alta calidad.
Por otro lado y debido a la crisis económica y social, la deserción escolar ha aumentado. La infraestructura educativa está en mal estado y la calidad de la educación ha disminuido. Los datos proporcionados por algunas ONG muestran que el 31 % de los estudiantes de 12 a 17 años que abandonaron la escuela en 2023 dijeron que lo hicieron porque debían trabajar.
La situación de los derechos políticos no es muy diferente motivado principalmente a las limitaciones a la libertad de expresión, asociación y reunión y que se ha criticado y “perseguido” la participación política del país: la participación ciudadana y la disidencia política han sido limitadas. Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, es importante que sea inclusivo y no como se viene haciendo hasta ahora.
Según un informe publicado por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la mayoría de las protestas en Venezuela hasta ahora se han centrado en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los usuarios de centros de salud, miembros de instituciones educativas, trabajadores y jubilados participaron en 195 manifestaciones en demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Esta misma ONG registró 89 peticiones de derechos civiles y políticos, con miembros de partidos de oposición y estudiantes universitarios que principalmente exigieron la apertura de nuevos puntos de votación, el cronograma electoral y el rechazo a inhabilitaciones políticas. Asimismo, se registraron 35 protestas por fallas en la electricidad, 31 por servicio de agua potable y 5 por gas doméstico, así como 15 protestas por «abastecimiento rápido, seguro y definitivo» de combustible en 9 estados del país.
Por tercer año consecutivo, los trabajadores lideraron las manifestaciones en las que exigieron ingresos «dignos» para satisfacer sus necesidades, ante un salario mínimo que se mantuvo en 130 bolívares desde marzo de 2022, actualmente 3,5 dólares al mes. Totalizando las cifras se registró un total de 6.956 protestas el año pasado.
En fin en Venezuela, los DESC se encuentran en una situación complicada y difícil. No obstante, la esperanza no se desvanece. En la búsqueda de soluciones duraderas que permitan avanzar hacia un futuro donde se respeten y garanticen los derechos de todas las personas, la sociedad civil venezolana, junto con la comunidad internacional, tiene un papel fundamental que jugar.
Correo: amvs286@gmail.com
18-04-2024 (121)
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