El Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), fue creado a mediados del año 2005 como una empresa estatal venezolana, que tenía por objeto financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender situaciones especiales. Sin embargo, este fondo terminó siendo un presupuesto paralelo, que además no tiene ningún control, porque no rinde cuentas de las cifras mil millonarias que el gobierno ha gastado, lo que generó la malversación de los recursos públicos.
Transparencia Venezuela realizó una investigación sobre la actividad de este fondo, y encontró que fueron 781 los proyectos financiados entre los años 2005 y mediados de 2015, que equivalen a 174.898,10 millones de dólares. Hasta la fecha, de la cifra total, se habían pagado USD 153.117,08 millones, es decir, 87,55%.
No obstante, la investigación destaca que las obras de infraestructura donde se destinaron escasamente el 19,76% del total de los recursos que financió este fondo, en su mayoría están inconclusas, y en algunos casos, ni siquiera fueron iniciadas y nadie es responsable de estos recursos invertidos, obras como la construcción de seis hospitales especializados que lamentablemente no fueron iniciados y que tanto necesita el país en estos momentos de pandemia.
Pero fueron 869.314 millones de dólares invertidos en armamento militar y vehículos de guerra, y se desconoce el objetivo de esta compra que para los venezolanos que están padeciendo de los estragos de una crisis de emergencia humanitaria no es necesaria.
Además hay una completa discrecionalidad y opacidad en la información, ya que en los últimos años, no hay cifras oficiales sobre los recursos enviados al Fonden, lo que permite que los recursos sean mal manejados, tampoco hay informe de auditoría por parte de las instituciones públicas encargadas de controlar el gasto; desde el año 2007 no hay entrega del reporte anual de resultados a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional; sin embargo, en 2016, el directorio del Fonden, presidido por Simón Zerpa, aprobó el cambio del estatuto de la empresa, para presentar el referido reporte al Presidente de la República y no a la Asamblea Nacional, y así evitar la rendición de cuentas.
Otros de los hallazgos de esta investigación se podrían destacar que la creación de este fondo originó la corrupción en la institucionalidad fiscal en el país; y las reformas a la Ley del Banco Central de Venezuela, 2005, 2009, 2010 y 2014, permitieron al ejecutivo manejar millones de dólares sin el escrutinio público.
Además, existe discrepancia en los registros de aportes al Fonden, por parte de PDVSA, BCV y el Ministerio de Economía; las cifras que cada uno repostó no concordaron con las que reportó el fondo. En los balances financieros de PDVSA se indican transferencias al Fonden hasta 2015 por US$82.152, quedando sin explicación US$ 3.931 millones adicionales que el Ministerio reporta haber recibido de la estatal. La diferencia con el BCV es aún mayor y alarmante, el BCV refiere traspasos al Fonden por US$ 62.823 millones, es decir, son US$ 13.930 millones que el Ministerio no reporta como recibidos. Además, el ministerio no reporta los ingresos al Fonden recibidos por créditos adicionales, tal como sucedió en el año 2008, cuando se le aprobó un crédito adicional proveniente del Fondo Miranda.
Aunado a estas irregularidades, están los convenios internacionales, los cuales otorgaron un total de US$ 21.189,13 millones al gobierno cubano, equivalentes a 2,6 veces el presupuesto aprobado en Venezuela para el ejercicio fiscal 2021.
A raíz de todas estas y otras irregularidades que se presentan en la Administración Pública, la Coalición Anticorrupción en Mérida resalta e informa diariamente a los ciudadanos sobre la importancia de la rendición de cuentas de los entes del gobierno a fin de minimizar los riesgos de que sean mal manejados los recursos públicos. Nota de prensa.
27-06-2021
