Por: Germán Rodríguez Bustamante…
Venezuela está preparando el terreno para una de las mayores y más complejas reestructuraciones de deuda en décadas, ya que debe comenzar por realizar un detallado inventario de cerca de 154.000 millones de deuda, que corresponde a bonos en default, préstamos y sentencias judiciales a favor de acreedores desde Wall Street hasta Rusia. La reciente contratación, por parte del gobierno del presidente Maduro, de la firma Rothschild & Co., es un primer paso en un proceso que puede durar años.
Agotado la capacidad de endeudamiento comercial con Rusia y China, Venezuela intenta reinsertarse en los mercados financieros mundiales, para aprovechar la incipiente recuperación económica, que se ha afianzado después de un colapso sin precedentes de una década. Es una tarea que supera las dimensiones y complejidad de otras revisiones recientes de deuda pública e implica una mezcla de geopolítica, petróleo y finanzas. Adicional que el proceso electoral en puerta agrega componentes que facilitará dicho proceso, o puede oscurecerlo un poco.
De acuerdo al Emerging Markets Bonds Index (Embi+), elaborado por JP Morgan, Venezuela tiene el riesgo país más alto del mundo. Este índice mide el diferencial entre la tasa de interés que pagan los bonos del tesoro de los Estados Unidos y los bonos en dólares emitidos por países emergentes, para los inversionistas internacionales Venezuela no ofrece ninguna garantía para asumir los riesgos de invertir en títulos emitidos por él o sus empresas. Se calcula que Venezuela debe 67.000 millones de dólares a los tenedores de bonos tras caer en default hace más de seis años. Los títulos del Estado se cotizan a unos 20 centavos de dólar, frente a los 10 centavos de hace un año, y los de la petrolera estatal PDVSA, a unos 12 centavos, cuatro veces más que hace un año. Los bonos recibieron un impulso después de que Estados Unidos levantará las restricciones a su negociación y de que JPMorgan Chase & Co. presentará un plan para reponderar los títulos en índices de deuda de mercados emergentes. La posibilidad de que las sanciones aparezcan nuevamente, son un ancla para la tímida recuperación del valor de los bonos venezolanos.
El factor político posee un peso substancial en la determinación del riesgo país, Venezuela se encuentra en desventaja alejando a los inversionistas, ya que el hecho político ha invadido todos los aspectos de vida nacional, condicionando la percepción de riesgo de los inversionistas castigando al país con tasas muy elevadas, situación que implica menores flujos de fondos, mayores tasa de interés global, tipo de cambio real al alza, disminución de las perspectivas de crecimiento, distorsión de los precios, y presiones inflacionarias cada vez más elevadas. La transparencia y la senda para obtener información sobre la actividad pública son un derecho reconocido en la declaración universal de los derechos humanos, emitida en 1948 por las naciones unidas, los países deben garantizar a los ciudadanos el ejercicio de dicho derecho.
Con la apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella se consigue mejorar los niveles de transparencia; los ciudadanos pueden formarse una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de éstas, se evita la corrupción, se fomenta la participación ciudadana en las decisiones de gobierno; aumenta la calidad de los procesos de decisión política, permite a los ciudadanos y las organizaciones sociales hacer valer sus derechos, hace crecer la confianza de los ciudadanos en los procesos de gobierno, aumenta la eficacia en la administración pública, y por ende su competitividad, legitimando la acción de los que las ejecutan. Los sistemas democráticos requieren mecanismos de transparencia y canales de participación proporcionados por las instituciones, que resuelvan los problemas de representación, dispositivos para mejorar el funcionamiento interno de las instituciones y de esta manera aumentar su capacidad para conocer dónde se requiere su intervención y en consecuencia legitimar las decisiones políticas adoptadas.
La ruta electoral en camino y la posibilidad de una transición democrática, es fundamental para que el proceso de reestructuración de la deuda se pueda lograr en mejores términos. La credibilidad y confianza esta reforzada por la calidad institucional, los inversionistas pueden valorar la disposición de un gobierno nuevo de enfrentar sus acreencias y cumplir sus compromisos en los términos acordados. Sera muy difícil para el gobierno de Maduro vender una restructuración de deuda en un proceso electoral marcado por tantas dudas, lagunas y mutilación de derechos. Es por ello que la elección presidencial del 28 de julio debe ofrecerles a los tenedores de bonos de deuda soberana, PDVSA y litigios, garantías de pulcritud y transparencia garantizada por una observación internacional independiente y profesional.
Una transición democrática ordenada y aceptada por las partes abonara el camino para la recuperación económica del país. Los mercados de capitales internacionales verán con buenos ojos una negociación que conlleve la recuperación institucional. El futuro de Venezuela depende en gran medida de la consolidación de la democracia. En especial, esta afirmación se aplica a los marcos en que se cuenta con instituciones formales de la democracia, pero éstas no han sido capaces de generar un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo debido a la gran desigualdad social y la concentración del poder en pocas manos, cuyos pulgares están manchados por casos de violación de derechos humanos y asuntos financieros de dudoso origen.
En conclusión, la transición es la mejor y única apuesta que tiene el país para revertir el deterioro acentuado gestado en estos años de revolución. El riego soberano disminuirá y se podrá logar fondos nuevos en términos financieros ventajosos, y fondos especiales para atender de forma inmediata la emergencia compleja que padece la nación.
@germanrodri
@germanoveja
29-04-2024
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