Por: Germán Rodríguez Bustamante…
La política salarial es un conjunto de principios que ayudan a una organización o al Estado en la administración de remuneraciones, la cual debe ser dinámica porque tiene que ir cambiando de acuerdo con las circunstancias que se puedan presentar en los contextos. Son directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a fijar los sueldos y salarios del factor trabajo, de acuerdo con los intereses, necesidades y posibilidades del entorno económico.
La concepción social del trabajo, busca resaltar el carácter personal y humano que éste tiene, es decir, destacar, la prelación que en ella debe tener el contenido ético-social sobre el mero carácter patrimonial, típico de las relaciones obligacionales. Se destaca entonces la esencia humana de la actividad de trabajar. En un sentido amplio, se puede definir el trabajo como el esfuerzo del hombre encaminado directa o indirectamente a la satisfacción de sus necesidades, vale decir, a la producción de bienes o servicios económicos. Así mismo, también se define como el esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la producción u obtención de riquezas. Ambas concepciones señaladas consideran al trabajo como un factor de producción, que supone un intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 87 resalta y preceptúa; la doble condición de derecho y deber que el trabajo posee, a la vez, se reconoce al trabajo como un hecho social, al preceptuar en su artículo 89, lo siguiente: El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. El Estado debe velar porque las políticas públicas garanticen de manera efectiva la protección al trabajo y permitan a los ciudadanos incorporarse a las actividades laborales en condiciones dignas, decorosas que garanticen su pleno desarrollo físico, intelectual y moral. Tristemente estos principios rectores establecidos en la Constitución son violentados, por un régimen incapaz de darle protección al hecho social, con retribuciones que garanticen la calidad de vida de los asalariados.
Maduros y voceros del régimen difunden como un éxito los incrementos del salario mínimo y el bono de alimentación decretados de forma inconsulta. Los continuos aumentos reflejan la desgracia de la política de ajustes salariales. No se han terminado de asimilar los efectos financieros de los aumentos anteriores, cuando se hace urgente un nuevo ajuste para intentar alcanzar los incrementos de los precios de los bienes y servicios, integrantes de una cesta determinada como básica. En conclusión, en este marco de gestión revolucionaria no existirá ajuste que recupere el poder de compra del salario, ya que las políticas generan presiones inflacionarias mayores a los ajustes decretados, en consecuencia, la brecha entre la cesta básica y el salario requerido para cubrirla es cada día mayor. El salario es el precio del trabajo, razón por la cual debe tener un peso importante en la dinámica económica ya que contribuye en la estabilidad actuando como bisagra para buscar niveles superiores de bienestar de toda la sociedad, con intereses distintos pero complementarios entre las familias y las empresas.
En realidad, la política de permitir que el mercado libre determine el nivel de los salarios es la única política razonable y exitosa de pleno empleo. Si las tasas de salarios sobrepasan dicho nivel, ya sea por medio de la presión y exigencia sindicales o por decretos gubernamentales, se desarrollará entonces el desempleo indefinido de una porción de la fuerza de trabajo potencial, independientemente que el régimen busque disfrazarlo con estadísticas amañadas. La revolución se acostumbró a compensar periódicamente los incrementos de precios con aumento de salarios, generando un círculo vicioso que deteriora a la economía en su totalidad. La prolongada hiperinflación que tiene 40 meses en Venezuela, ha deteriorado la capacidad de compra de los salarios, en el sector público el rezago es brutal, llevando a la indigencia a todos los trabajadores. El sector privado derivado de las condiciones ha venido ajustando las remuneraciones, anclándola a la divisa. En virtud de la dolarización consentida de toda la economía, gran cantidad de trabajadores reciben compensaciones y remuneraciones en dólares.
Los trabajadores públicos quedan expuestos y gradualmente formalmente e informalmente abandonan puestos de trabajo, para buscar remuneraciones en el sector privado. Produciéndose una reducción espontanea de la nómina publica, por condiciones inhumanas de trabajo, matizadas en este momento por la pandemia. La tasa de inflación en los primeros meses del año fue mayor a la devaluación de la moneda, por lo tanto, la presión de la tasa de cambio en la última semana es consecuencia de ello. En este marco es lógico que los trabajadores exijan remuneraciones en divisas, para intentar compensar la hiperinflación presente y logar en lo posible poder de compra. La ultima encuesta de remuneraciones desnuda esta realidad, el incremento salarial en el sector privado es mucho mayor que en el sector público, por lo tanto, el desplazamiento de puestos es más que evidente.
Desafortunadamente en el sector público el hambre y la desesperanza de los trabajadores serán más elocuentes, ello es un elemento para exigir con urgencia la destitución de este nefasto régimen. Debemos hacer todo lo necesario para salir de esta Tiranía lo antes posible, para detener el manejo irresponsable y culposo de la política salarial que ha llevado a la caída en picada del salario real y al acelerado empobrecimiento de la clase trabajadora. No hay condiciones dignas y decorosas que garanticen el pleno desarrollo físico, intelectual y moral de los trabajadores, por el contrario es una condena a la miseria extrema.
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