La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recientemente una medida
cautelar a favor de la maestra y sindicalista Elsa Castillo, quien en reiteradas oportunidades ha manifestado públicamente su descontento sobre la situación del gremio docente en Venezuela y la vulneración de los derechos laborales por parte del Estado venezolano.
Según las distintas asociaciones de trabajadores vinculadas a la educación y al servicio público, el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) violenta flagrantemente la normativa laboral de los trabajadores y sus respectivas convenciones colectivas.
No es la primera vez que los distintos gremios existentes en el país se unen para exigir al
Gobierno nacional tomar cartas en el asunto sobre esta situación. A inicios de 2023, las
Las protestas se intensificaron en todas las regiones de Venezuela para solicitar derogar este
documento y reconocer la labor de los profesionales y empleados que reciben un sueldo
paupérrimo que no les da para suplir sus necesidades y vulnera sus principales derechos
fundamentales.
La voz que no se pudo callar
Desde el año 2022, la profesora Elsa Castillo, quien también es miembro de la asociación civil
“Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT)”, ha sido víctima de hostigamiento y
amenazas por parte de los miembros de la policía política del régimen de Maduro.
En varias ocasiones, la beneficiaria ha sido perseguida al salir de las concentraciones de lucha
sindical, luego de dar entrevistas a medios de comunicación, en medio de las carreteras,
cuando se traslada a otras regiones, e incluso su ex-esposo, José Rodríguez, también ha recibido amenazas en contra de Castillo.
Su único “delito” ha sido exigirle al Gobierno un salario justo para los profesores y reinvindicar
la lucha del gremio educativo, que durante décadas ha peleado por el cumplimiento de sus
derechos.
Es por ello que Elsa Castillo representa una voz difícil de callar, pues sus argumentos contienen muchas verdades que resultan incómodas para quienes ejercen el poder y demuestra la falta de políticas públicas en el país y la mala gestión en materia educativa que se ha ejercido en Venezuela.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En tal sentido, y después de haber recibido una solicitud por parte de la ONG Defiende
Venezuela, que también representa a los sindicalistas Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos
Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa
Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla, la CIDH emitió una
medida cautelar a favor de los afectados en el que exige al Estado venezolano:
● Adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad de las
víctimas.
● Aplicar medidas de protección para que las personas beneficiarias puedan continuar
realizando sus actividades de liderazgo sindical sin ser objeto de amenazas,
intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia.
● Concertar las medidas solicitadas con los beneficiarios y sus representantes.
Por ello, se espera que el Estado venezolano dé cumplimiento a esta medida cautelar y cesen
las acciones de persecución y hostigamiento en contra de quienes exigen, a través de sus
gremios legítimamente constituidos, el cumplimiento de sus derechos como trabajadores de la educación.
Prensa Defiende Venezuela 17-4-2023
