REMITIDO
Quienes hacemos radio y televisión a través de los medios de comunicación de la Universidad de Los Andes, específicamente desde los programas GRANDES TEMAS (ULA-TV) y HACIENDO UNIVERSIDAD (107.7 ULA-FM), Ceres Isabel Boada Jiménez, Juan Carlos Delgado Barrios y Antonio José Monagas, profesores titulares de la Universidad de Los Andes, certificados por el MINCI como Productores Nacionales Independientes, hacemos público este Remitido con el propósito de manifestar nuestro más enérgico rechazo a la orden emitida por el gobierno regional de intimidar y perjudicar la persona del periodista Leonardo León Avendaño por opiniones expresadas en su programa radial “La Ciudad en la Radio” que sale al aire diariamente por el dial de la 107.7 ULA-FM. Esto, en el marco de decisiones adoptadas, por demás inconstitucionales, a consecuencia de la creación del Estado Mayor de Comunicación, órgano éste mediante el cual el Ejecutivo Regional pretende pisotear libertades asociadas a opiniones y expresiones que critiquen o cuestionen el autoritarismo empleado como forma política de hacer gobierno.
Creemos que cuando se intenta apagarle la voz a un periodista, está igualmente negándosele el oxigeno a una sociedad entre cuyos derechos fundamentales están los que exaltan las libertades de opinión, expresión, prensa, pensamiento e información, claves no sólo para la sustentación de la democracia, sino también para la vida social, cultural y económica de la misma.
De igual forma, consideramos que los principios sobre los cuales descansa la Constitución de la República, se inspiran en doctrinas sociales y políticas respetuosas de la dignidad del hombre y por tanto de las necesidades sobre las cuales se basa un proyecto de vida que responde a esperanzas liberadoras que exhortan toda condición de independencia forjada en la voluntad y capacidades de cada quien.
Por consiguiente, de lo anterior se desprende que las barbaridades que comete quien desde el gobierno intente arrogarse facultades más allá de las permitidas legal e institucionalmente o que le han sido refrendadas por la voluntad del pueblo soberano, siempre apegadas al ordenamiento jurídico, ético y moral a partir del cual se moviliza la República en su afán de consolidar la grandeza espiritual heredada de nuestros libertadores, está no sólo afectando el ámbito político alrededor del cual se determina el devenir democrático de la sociedad. También, con medidas incitadas en proyectos personalistas que sólo destilan resentimiento, egoísmo y represión, se están golpeando valores morales desde los cuales se construye la familia y se cimientan las instituciones. Especialmente, instituciones como la Universidad pues la misma es el asiento desde donde se dignifica la unidad nacional entendiéndose que ésta se fundamenta en todo proyecto nacional o regional que considere la espiritualidad como su blasón. A fin de cuentas, la Universidad es la composición entre sentimientos y academia.
En términos de lo arriba expuesto, quienes suscribimos este Remitido, alzamos nuestra voz para refutar categóricamente las acusaciones y medidas tomadas sobre la persona del periodista y compañero de actividades universitarias, Lic. Leonardo León Avendaño quien responsablemente siempre ha sabido cumplir con las obligaciones que dicta la Ley de Ejercicio del Periodismo cuando su artículo 34, parágrafo 1, señala que entre los deberes del periodista está el de “ajustar su actuación a los principio de ética profesional y a la defensa de los derechos humanos, de la paz, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y a la pluralidad de las informaciones”.
Aunado a esto, la propia Constitución Nacional, al circunscribir su tesis en la concepción de que Venezuela se constituye en un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, exhorta a que todo ejercicio de civilidad se base en las libertades que toda persona tiene para “expresar libremente sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Por lo tanto, reiteramos nuestro más decidida protesta ante actuaciones del cenáculo del Gobierno del Estado Mérida que denigran de la doctrina constitucional y que además apuntan a la violación de un ordenamiento jurídico para el cual tienen preeminencia los derechos fundamentales y las libertades públicas. Lejos de coadyuvar a la inminente necesidad de dirimir incomprensiones propias del discurrir político, acciones de tan torcida naturaleza sólo plantean confundir razones y desarreglar propuestas que deben conducirse dentro del espacio que inspiró a los Constituyentes en 1999 cuando describieron que Venezuela es irrevocablemente un país que se guiará con base en el hecho de favorecer el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y cuyo gobierno garantizará el cumplimiento de los principios, derechos y deberes que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
