¿Qué esconde el Arco Minero?

Por: Germán Rodríguez B…

En febrero de 2016, en el marco del plan económico para afrontar la crisis generada por ellos mismos y en la visión engañosa de construir un nuevo modelo económico productivo, el gobierno del presidente Maduro crea quince motores. Uno de ellos es el motor de minería, el cual prevé la explotación de minerales estratégicos como el carbón, el coltán y el manganeso; minerales metálicos como oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel; así como minerales no metálicos como diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco. El plan de desarrollo supuestamente pretende implantar un modelo de «minería ecológica», con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

Lo cierto es que, ante la caída de los precios del petróleo, el gobierno desesperadamente intenta buscar ingresos en divisas que le permitan equilibrar su balanza de pagos. Ello lo hace, como para todas sus actuaciones, obviando el control de la Asamblea Nacional al establecer convenios con inversionistas nacionales y extranjeros sin la debida aprobación del poder Legislativo; obligación constitucional pues estos contratos son de interés público y se realizan sin los estudios técnicos que soporten los impactos de la actividad de explotación minera a campo abierto, sobre el ecosistema y la cultura de los pobladores, adicional de la oscuridad en los esquemas de inversión y participación de las empresas constituidas.

En el 2011 el presidente Chávez nacionalizó la explotación del oro y actividades conexas. Esta atribución la delegó en PDVSA, la cual constituyó una empresa para tal fin, absorbiendo esta última las filiales de HECLA, Crystallex, Place Dome, Rusoro y otras. Los salarios de los trabajadores de esas empresas son pagados desde el año 2011 hasta el presente por PDVSA, sin que se realice ninguna actividad productiva en las minas. Es importante señalar que esta improvisación se está ventilando en juicios en el Centro Internacional de Arbitraje del Banco Mundial. Estos espacios fueron tomados por mineros ilegales con la complacencia de las instituciones encargadas de la custodia de la zona, hecho que presentó su punto de ebullición mayor con la matanza de Tumeremo.

Esta situación puso en evidencia, a nivel nacional, la fragilidad y debilidad de la política de nacionalización del oro. Anteriormente las empresas rendían la producción al ministerio, quien a su vez acuñaba y reportaba al BCV; a partir de la nacionalización los mineros formaron un entramado corrupto y delictivo, junto con integrantes de la Fuerza Armada, para el beneficio particular sin reportes al ministerio ni al BCV. En este marco, sin la presencia del Estado, las minas se disputan, se traspasan y las venden por presiones de grupos armados, quienes ejercen el control bajo la mirada complaciente de las autoridades, dejando un cuadro de miseria y daños ambientales, expresado en pobladores hambrientos y en la total indigencia, con problemas de salud graves. Lejos, muy lejos, quedó el objetivo de los beneficios sociales entregados al pueblo por la actividad minera, justificación de la nacionalización del oro. La Venezuela libre e independiente que fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional de Simón Bolívar, así como la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, quedó maltrecha.

En el año 2013 se entregó la propensión y el mapeo de las reservas mineras al gobierno chino, quien delegó en CiticGroup la realización de la certificación. El mapa minero que se levantará servirá para la exploración, certificación y cuantificación de los recursos minerales del país y para formar en los cinco años de su vigencia a unos 400 técnicos venezolanos para que sean custodios de los datos que compile el consorcio chino CiticGroup, a pesar de que este trabajo lo venían realizando técnicos venezolanos en CVG Tecmin por más de 30 años. En concreto, CiticGroup comenzó con los estudios entregados por Tecmin y adicionalmente se le entregó la concesión de la mina de Las Cristinas; es decir, otro negocio redondo más del súper ex ministro Rafael Ramírez.

El Arco Minero comprende casi ciento doce mil kilómetros cuadrados y se extiende mayoritariamente al norte del estado Bolívar, aunque también toca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Lo atraviesan selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní. Y las represas hidroeléctricas del Caroní, que generan la mayoría de la electricidad consumida en Venezuela, se ubican dentro de esta zona. Estas fuentes vegetales y de agua dulce, que proveen mecanismos de regulación ambiental y de generación de energía, podrían verse gravemente agobiados por un proyecto tan extenso de minería.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas están empantanadas hasta la cintura en la explotación y comercialización de oro, diamante y fundamentalmente coltán. Utilizan a los pobladores (indígenas) en la explotación de los minerales, trasladan los recursos a puestos de comando, los venden a la estructura corrupta, quienes los transportan por el canal de navegación del Orinoco o por vía terrestre hasta los puertos de Matanzas y Palúa; luego salen en embarcaciones de las empresas básicas y son colocados en los mercados internacionales en Trinidad y Curazao, con certificaciones de embarque (Bill of lading) emitidos por Colombia. En conclusión, daños ambientales, sociales, económicos y culturales incalculables son el legado que esconde el proyecto del Arco Minero.

ULA – FACES

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