Ocho organizaciones internacionales dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de prensa exigieron la liberación inmediata de los ocho trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela en el contexto de las protestas poselectorales registradas a finales del mes de junio.
«En defensa del periodismo y del derecho de la población venezolana a una información independiente, plural y fiable —especialmente en un momento de profunda crisis institucional como el que atraviesa el país—, las organizaciones abajo firmantes exigen la inmediata liberación plena de estos periodistas», indicó un comunicado firmado por Freedom House, Reporteros Sin Fronteras, Fundación para la Libertad de Prensa, Fundademedios, Free Press Unlimited, International Press Institute (IPI), IFEX – ALC y Voces del Sur.
Las ONG destacaron que después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Venezuela ha sufrido una escalada en las restricciones y censura impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro.
«Decenas de periódicos y medios digitales han enfrentado bloqueos de sus sitios web, múltiples periodistas extranjeros han sido expulsados del país y los pasaportes de varios trabajadores de la prensa han sido anulados. A lo anterior se le suma la constante intimidación de parte de las fuerzas de seguridad a las y los periodistas que trabajan en diferentes regiones del país. La detención de estos ocho comunicadores, sin embargo, es una medida extrema que carece de toda legalidad y, por tanto, debe ser revocada inmediatamente», indicaron.
¿Quiénes son los ocho trabajadores de la prensa detenidos?
Los ocho trabajadores de la prensa detenidos tras los comicios son: Luis López (reportero/La Guaira), Yuosnel Alvarado (fotoperiodista/Barinas), Paúl León (camarógrafo/Trujillo), Deysi Peña (fotoperiodista/Miranda), José Gregorio Camero (productor y presentador/Guárico), Eleángel Navas (fotógrafo y community manager/Anzoátegui), Gilberto Reina (reportero/Bolívar) y Ana Carolina Guaita (reportera/La Guaira).
Los periodistas y comunicadores son acusados de delitos como terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y resistencia a la autoridad, cuyas penas pueden ser desde 12 hasta 20 años de cárcel.
«Lo anterior resulta preocupante, ya que es claro que estos delitos están siendo desnaturalizados para aplicarse a periodistas con el fin de silenciarlos», alertaron las organizaciones.
Detacaron que las detenciones de los trabajadores de la prensa han presentado múltiples irregularidades como, por ejemplo, el arresto sin informar a los periodistas sobre los cargos que se les imputan o la celebración de audiencias que no han respetado su debido proceso, condenando a algunos a 45 días de prisión.
«Del mismo modo, su defensa está a cargo de abogados de oficio, debido a que se les ha negado la representación por parte de abogados privados de confianza. Es de resaltar que el paradero de algunos periodistas es incierto», añadieron.