El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, ante el aviso oficial de que este miércoles 23 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional va a proceder a elegir y a juramentar inmediatamente a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, estima su deber efectuar un pronunciamiento sobre tan delicado asunto para la vida del país.
El Comité de Postulaciones Judiciales vigente como máximo órgano representativo de la sociedad venezolana y asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no está debidamente integrado por auténticos representantes de los diferentes sectores de la sociedad, en particular por ninguno de los legítimos representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales y Privadas venezolanas.
El citado Comité no ha cumplido con su función esencial de seleccionar los candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante un proceso público y transparente, en atención a los requisitos exigidos constitucional y legalmente. Lo que es más grave aún, tampoco ha dado exacto cumplimiento a cada una de las fases del proceso de selección de los mencionados candidatos según las previsiones de los artículos 70 a 74 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Por ejemplo, dicho Comité no se ha pronunciado en el lapso legal sobre las objeciones recibidas contra varios candidatos preseleccionados, ni tampoco ha notificado a los afectados para realizar una audiencia de defensa dentro de los tres días siguientes, para que expongan sus alegatos y probanzas en respuesta a las impugnaciones realizadas en su contra.
Toda esta prisa por designar los magistrados del TSJ por una Asamblea Nacional cuyo mandato legislativo está a pocos días de vencer, en violación flagrante y grotesca de las regulaciones constitucionales y legales sobre la materia, constituye prueba fehaciente que se pretende desconocer el sagrado principio democrático según el cual la soberanía reside en el pueblo. Es claro que los venezolanos expresaron el 6D su más categórico rechazo a la gestión parlamentaria que está por fenecer. El Estado de Derecho significa límites jurídicos al Poder; por eso, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En Democracia los objetivos no se alcanzan como sea, sino respetando la voluntad popular expresada mediante los cauces legalmente establecidos.
En definitiva, la Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero de 2016 será la que deba escoger a los próximos Magistrados del TSJ, pues cuando el pueblo vota, en democracia, nada ni nadie está por encima de eso.
