Por: Angélica Villamizar…
La pérdida de la confianza en las instituciones públicas en Venezuela está generalizada. El Estado a través de los funcionarios debe garantizar al ciudadano la seguridad de que las decisiones que se toman son para el bienestar una mejora en la calidad de vida de todos. Para ello se necesita funcionarios con ética, al momento de realizar las actividades o sus funciones que les son encomendadas.
Una persona ética es aquella que siempre tiene presente cuáles son sus obligaciones y prioridades en su quehacer diario y que sabe tomar decisiones acertadas para el bien común, capaces de solucionar conflictos, canalizar ideas opuestas procurando que siempre se respeten todos los puntos de vistas, y que se lleguen a acuerdos, a pesar de pensamientos políticos e ideológicos que son tan diversos en la sociedad venezolana.
Existen herramientas que brindan a los funcionarios la capacidad de reflexionar sobre los valores de la democracia, la libertad, la igualdad, la tolerancia. Por ello, los funcionarios deben regirse por una serie de valores que le permitirán una actuación democrática en su gestión.
Principalmente el respeto por la Constitución y las Leyes, lo cual garantiza que durante la toma de decisiones se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Así mismo, la transparencia, la honradez y la honestidad, durante su gestión y que el interés general esté siempre por encima del interés personal.
Es fundamental que los funcionarios estén en constante capacitación de las funciones que debe ejercer en su cargo para poder cumplir con eficiencia con lo que se le ha facultado.
En este sentido, en Venezuela los servidores públicos cuentan con un Código de Ética que destaca la importancia actuar con estricto apego a las leyes y a todas las demás normas e instrucciones que deben regir su comportamiento en la realización cabal de todas las tareas que tenga asignadas. También establece que quienes están al frente de las instituciones públicas deben dedicar todos sus esfuerzos para cumplir, con la máxima eficiencia y la más alta eficacia, la misión que le esté encomendada.
Por otro lado, este Código en la lucha contra la corrupción y con el afán de que haya transparencia en la administración pública, establece que los funcionarios deben rehusar con firmeza inequívoca el mantenimiento de relaciones o de intereses, con personas u organizaciones, que sean incompatibles con sus cargos y con las atribuciones y funciones que le estén asignadas.
Además proceder con objetividad e imparcialidad en todas las decisiones que le corresponda tomar y en los asuntos en los que deba intervenir; rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás, ni para sí mismos ni para terceros, pagos, beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que deba prestar; denunciar ante la autoridad competente y rechazar cualquier actividad contraria al correcto manejo de los fondos y del interés público; tratar a los ciudadanos y a los funcionarios públicos con absoluto respeto y con apego a la estricta legalidad, prestándole sus servicios y colaboración de manera eficiente, puntual y pertinente, sin abusar en modo alguno de la autoridad y atribuciones que le sean conferidas en ocasión del cargo que desempeñe.
Todos estos principios éticos están acogidos en el Código de Ética que todos los funcionarios deben conocer y poner en práctica para mejorar su gestión, lo que conlleva a que la sociedad en general vuelva a creer en las instituciones y se establezca una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía; y así comenzar con la reconstrucción del país.
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16-12-2021 (69)