FundaRedes: Arco Minero del Orinoco refugio de crímenes ecológicos

La minería en manos de los grupos armados irregulares (GAI) y la Fuerza Armada Nacional, contraviene los principios constitucionales y pone en riesgo la soberanía nacional. La injerencia de estos grupos y el abuso de poder, está generando una catástrofe ambiental que afecta directamente a las grandes reservas naturales del país

FundaRedes ha emitido su informe de ambiente número 5 titulado: “El Arco Minero del Orinoco y la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela” en el cual resalta la decadencia de esta reserva, ubicada a lo largo y ancho de los 111.843,70 kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero del Orinoco (AMO), extensión que representa 12,2% del territorio nacional, donde se albergan actividades ilícitas como el extractivismo, deforestación, tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques, junto a la minería ilegal por parte de organizaciones criminales.

Esta zona minera sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación, se calcula que han sido destruidas por la minería más de 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar en frontera con Brasil, como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por la crisis petrolera, desmantelamiento de las industrias básicas y las erradas políticas económicas.

Fundaredes ha denunciado en reiteradas oportunidades la deforestación y tala de árboles, que se realiza en el AMO a fin de preparar el terreno para la construcción de pistas ilegales, usadas para el despegue y aterrizaje de aeronaves dedicadas al narcotráfico y el contrabando de minerales.

Como consecuencia de lo anterior, se ha evidenciado la fragmentación de los ecosistemas provocando una importante pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y agua, aunado a una devastadora deforestación de miles de hectáreas de selva tropical, todo amparado bajo la acción previsiva del Estado venezolano.

El informe de ambiente número cinco emitido por esta organización, hace hincapié en que estas prácticas no solo ocurren en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, sino que se han extendido hacia otras entidades como Apure, Zulia, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre y Nueva Esparta.

 El AMO… La caja fuerte de los grupos armados irregulares

 De acuerdo a lo citado en este informe de ambiente de FundaRedes, en Parguaza las minas de coltán son operadas por el ELN, lo mismo ocurre en Guaniamo y San Vicente de Paul, donde operan de manera mancomunada en las minas de diamante tanto las FARC como el ELN, a lo que suma su presencia en los parques nacionales de la zona.

Otra de las estrategias adoptadas —según el informe—, es la “alianza maderera”, llevada a cabo por los grupos irregulares en Bolívar y otros estados, la cual consiste en trasladarse a las fincas, ofrecer al productor comprar toda la madera a un precio de 20 dólares por metro cúbico de madera, a fin de desforestar toda el área.

Destrucción de la biodiversidad ha sido irreversible

 En este sentido, el ingeniero forestal Gustavo Uzcátegui Rosales, Msc y profesor agregado de la Universidad de Los Andes núcleo Táchira, expone dentro del informe que “la explotación minera que se está llevando a cabo en la zona centro-sur del país, se está realizando a través de mecanismos o labores altamente destructivas como lo es la minería a cielo abierto, que por el uso del mercurio para encontrar el oro va destruyendo y contaminando cada una de las capas de los suelos y afluentes de los ríos”.

 

En cuanto al uso de mercurio en el Arco Minero del Orinoco (AMO) y las mangueras con alta presión de agua para la extracción, enfatizó que “esto genera graves daños, pues además de dejar el suelo completamente estéril, la biodiversidad está siendo arrasada, por lo que es muy difícil que estas zonas se logren recuperar de manera natural”.

 

Leyes vulneradas en su totalidad

 

La permisividad y complicidad del Estado en la explotación irracional de las riquezas minerales en el Arco Minero del Orinoco, ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, a un ambiente sano y sustentable, derecho al trabajo, propiedad, salud, derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

Igualmente, se evidencia el incumplimiento en la República Bolivariana de Venezuela de la Ley Penal del Ambiente, que detalla como delito los hechos que atentan contra los recursos naturales y el ambiente, así mismo de la Carta Magna al designar como “zona de desarrollo estratégico” a las reservas naturales del sur de Venezuela.

Es a través de este informe, donde una vez más la organización FundaRedes hace el llamado a la preservación del ambiente, puesto que, en esta investigación, a su vez se revela que con este accionar en el AMO, se están generando daños irreversibles a la biodiversidad y a las más de 2 mil 100 especies endémicas, que conforman su ecosistema y que según los expertos, en caso de afectaciones fatales no podrán ser recuperadas jamás.

Prensa FundaRedes

14-7-2022

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