FundaRedes: “Comunidad LGBTIQ+ sometida a diversas formas de violencia en la frontera”

Totalmente desasistida por parte del Estado venezolano y a merced de la violencia de los grupos armados irregulares, se encuentra la población de la comunidad LGBTIQ+, (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otros) en los estados fronterizos, enfrentando no solo el desamparo estatal y la discriminación, sino el asedio y la intimidación de las agrupaciones criminales que hacen vida en esas latitudes. 

Según la última investigación publicada por FundaRedes, titulada Estado venezolano y guerrilla vulneran derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en la frontera”, a pesar de los avances en materia de derechos humanos en varios países, la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela sigue siendo discriminada y sometida a diversas formas de violencia.

“La falta de políticas públicas inclusivas y la inacción institucional permiten tratos estereotipados y prejuicios que inciden en la impunidad”, afirma el estudio.

Para la ONG defensora de DDHH la falta de protección legal y social contribuye a la marginalización y el sufrimiento de personas LGBTIQ+ que a menudo se ven obligadas a vivir en el anonimato o a emigrar en busca de un entorno más seguro.

“Así como se ven afectados por la falta de garantía y respeto a sus derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado venezolano, los que residen en la frontera se sienten en doble peligro por la presencia de grupos armados irregulares que imponen normas restrictivas de género y hacen “limpiezas” que afectan especialmente a personas LGBTIQ+, generando un clima de miedo y opresión”, destaca el informe.

FundaRedes recopiló varios testimonios en el municipio Fernández Feo del estado Táchira, que dejan en evidencia las prácticas de violencia ejercidas por los grupos armados a las que se exponen la población LGBTIQ+: “Aquí hay un grupo guerrillero llamado ELN, los cuales son los responsables de que el pueblo siga los parámetros ‘normales’, aunque ya tiene tiempo sin pasar nada, uno anda con miedo todo el día, todo lo que uno hace cree que está mal”.

Cada cierto tiempo – señaló el informante- la guerrilla del ELN difunde un comunicado en el que aseguran que harán “limpieza en el pueblo», la cual consiste en llevarse o incluso desaparecer a personas en estado de ebriedad que deambulan por las calles, personas de la calle, adictos a drogas, prostitutas y homosexuales.

 El Estado en deuda

La publicación destaca que la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela requiere un enfoque integral que aborde tanto la discriminación y la violencia como las barreras estructurales que están presentes.

“Es fundamental que se tomen medidas urgentes para proteger los derechos y la seguridad de estas personas, incluida la implementación de políticas de no discriminación, la creación de mecanismos de denuncia accesibles y efectivos, y la sensibilización de funcionarios públicos y la sociedad en general sobre la importancia del respeto a la diversidad sexual y de género”.

En Venezuela – refiere- no existe una ley integral que proteja a la población LGBTIQ+ ni  leyes diferenciadas ni menciones aparte en los instrumentos legales existentes para proteger los derechos de la comunidad, como por ejemplo penalizar los crímenes de odio de manera que las víctimas obtengan justicia sin discriminación.

“Los avances normativos logrados han sido aislados y, en todo caso, se enfrentan a obstáculos sistemáticos para su implementación. Es decir, la población LGBTIQ+ está desprotegida por la legislación venezolana. No obstante, los derechos de la población LGBTIQ+ son derechos humanos y, por tanto, encuentran asidero transversal en la Constitución”, asegura la organización.

En el caso de las poblaciones en frontera con Colombia – asevera la investigación-   los grupos armados irregulares imponen sus normas e infunden temor con su presencia cada vez más expansiva y activa pese a que las autoridades están en conocimiento de sus operaciones, “ante este escenario, las personas LGBTIQ+ están ante una doble vulneración debido a la inacción del Estado para frenar la actuación de los GAI y proteger sus derechos”.  (Prensa FundaRedes)

 

TEXTO BOLETIN #49

«Estado venezolano y guerrilla vulneran derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en la frontera »

En Venezuela, la comunidad de LGBTIQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otros) se enfrenta a desafíos que van desde el desamparo estatal hasta la discriminación por parte de funcionarios públicos. En FundaRedes trabajamos en la documentación, denuncia y difusión de las vulneraciones que sufren estas personas, evidenciando cómo aún es una deuda del Estado su deber de proteger los derechos fundamentales de esta comunidad.

Estudios han reflejado cómo la Emergencia Humanitaria Compleja ha exacerbado las diferentes formas de vulneración y violencia con efectos diferenciados en la comunidad LGBTI+. Durante los meses de enero a junio de 2023, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ documentó 154 casos de discriminación o distintas formas de violencia contra personas de esta comunidad. “Se dividen en 87 casos contra individualidades, 64 casos contra colectivos y 3 casos de ataques mixtos; es decir, que fueron dirigidos contra colectividades en general pero, a su vez, la agresión fue orientada de manera directa contra algunas personas en específico”.

A pesar de los avances en materia de derechos humanos en varios países la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela sigue siendo discriminada y sometida a diversas formas de violencia. La falta de políticas públicas inclusivas y la inacción institucional permiten tratos estereotipados y prejuicios que inciden en la impunidad.

“No hay vocerías tan fuertes en temas de derechos de personas trans ni organizaciones que se dediquen a esto; las iniciativas que existen no tienen mucha capacidad de documentar. Para febrero de 2022 se creó la Fiscalía Nacional Plena en Diversidad de Género y Derechos Humanos. Esta fiscalía se ha encargado de procesar algunas de las denuncias desde 2021; sin embargo, no hay información pública ni es muy específica la información que se tiene cuando se les pide. Responden las denuncias, reciben a las víctimas, más allá de ahí no nos dan mayor importancia”, comentó Yendri Velázquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, iniciativa que tiene la labor de documentar y visibilizar casos de violencia basada en orientación sexual, identidad y expresión de género, y da acompañamiento a víctimas y a familiares a través de apoyo psicológico y legal.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+), entre 2008 y lo que va de 2024 han ocurrido 137 transfemicidios en Venezuela. “Al nivel más alto de violencia que enfrentan las personas trans en el país se le suman 52 casos de discriminación y violencia hacia personas trans, que ocurrieron entre 2022 y el primer semestre de 2023”. La mayoría de los casos registrados no fueron investigados por las autoridades.

LA GUERRILLA ATENTA CONTRA LA DIVERSIDAD DE GÉNERO PERSONAS TRANS ASESINADAS EN TÁCHIRA

La falta de protección legal y social contribuye a la marginalización y el sufrimiento de personas LGBTIQ+ que a menudo se ven obligadas a vivir en el anonimato o a emigrar en busca de un entorno más seguro. Así como se ven afectados por la falta de garantía y respeto a sus derechos humanos por parte de los funcionarios del Estado venezolano, los que residen en la frontera se sienten en doble peligro por la presencia de grupos armados irregulares que imponen normas restrictivas de género y hacen “limpiezas” que afectan especialmente a personas LGBTIQ+, generando un clima de miedo y opresión. “Ser gay en un pueblo es muy difícil, vernos a escondidas, conocer gays es difícil, porque son pocos y todos somos amigos y sabemos quién es cada quien, siempre hay que estar al margen, andar con miedo, con esa angustia de que algún día podemos amanecer muertos”, aseguró un joven del municipio Fernández Feo del estado Táchira, quien pidió al equipo de FundaRedes el resguardo de su identidad.

El miedo se ha apoderado de los jóvenes de esta zona del estado andino y más aún cuando no pueden expresar quienes son. “Un primo mío por parte de padre es abiertamente gay y tiene un modo de vestir que se considera demasiado afeminado. A él lo amenazaron con matarlo si se seguía vistiendo de esta manera, cabe recalcar que la ropa que ellos consideraban femenina eran short cortos, camisas pegadas y un poco abiertas y el uso de maquillaje y esmalte en las uñas, ni siquiera es transgénero”, relató otro joven que también pidió el resguardo de su identidad cuyo testimonio forma parte de nuestra base de datos. “Lo más insólito es que varios homosexuales del municipio hemos tenido encuentros sexuales con guerrilleros, incluso sin saber que lo son”.

PERSONAS TRANS ASESINADAS EN TÁCHIRA

Un ejemplo de este control sobre la población que imponen los grupos armados irregulares es el asesinato de seis personas trans en el estado Táchira entre los años 2009 y 2021, de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ que asegura que estas muertes fueron por rechazo a la condición sexual; es decir, fueron abiertamente crímenes de odio. La lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela requiere un enfoque integral que aborde tanto la discriminación y la violencia como las barreras estructurales que están presentes. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para proteger los derechos y la seguridad de estas personas, incluida la implementación de políticas de no discriminación, la creación de mecanismos de denuncia accesibles y efectivos, y la sensibilización de funcionarios públicos y la sociedad en general sobre la importancia del respeto a la diversidad sexual y de género.

En Venezuela no existe una ley integral que proteja a la población LGBTIQ+ ni hay leyes diferenciadas ni menciones aparte en los instrumentos legales existentes para proteger los derechos de estas personas, como por ejemplo para penalizar los crímenes de odio de manera de que las víctimas obtengan justicia sin discriminación. Los avances normativos logrados han sido aislados y, en todo caso, se enfrentan a obstáculos sistemáticos para su implementación. Es decir, la población LGBTIQ+ está desprotegida por la legislación venezolana. No obstante, los derechos de la población LGBTIQ+ son derechos humanos y, por tanto, encuentran asidero transversal en la Constitución.

Conforme al artículo 19 de la CRBV, el Estado venezolano debe garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos; entre ellos, el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad (artículo 20 CRBV y artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), teniendo en cuenta la igualdad de todas las personas ante la ley, prohibiéndose la discriminación (artículo 21 CRBV, artículo 1 y 7 Declaración Universal de los Derechos Humanos). En ese sentido, la Sala Constitucional del TSJ en sentencia N° 190 de 2008 afirmó que la prohibición de discriminación establecida en la Constitución incluye la prohibición de discriminación por orientación sexual.

 Ahora bien, pese a que en la legislación venezolana la población de la comunidad LGBTIQ+ está desprotegida, internacionalmente se han logrado avances significativos que inspiran y protegen la exigencia de sus derechos. Además de la Carta Universal de Derechos Humanos, resultan particularmente importantes los Principios de Yogyakarta, partiendo del hecho de que la legislación internacional de derechos humanos afirma que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos; y que la aplicación de los derechos humanos existentes debería tener en cuenta las situaciones y experiencias específicas de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. 

En razón de ello, se concluye que la legislación venezolana está rezagada respecto a la protección de la población LGBTIQ+, tal es así que hasta hace apenas un año existían penas por la orientación sexual de una persona homosexual en el ámbito castrense (artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar). Sin embargo, internacionalmente se han logrado avances significativos (Principios de Yogyakarta) para proteger a la comunidad LGBTIQ+, recordando que, en el contexto venezolano de múltiples y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, se ven especialmente afectados. Nota de prensa FundaRedes.

26-04-2024