En una larga entrevista el rector Mario Bonucci analiza la situación que atraviesa en la actualidad FONPRULA, haciendo en principio un repaso histórico de los fondos, su función, el beneficio que brindan al Estado y cómo estos se han visto debilitados por la gran inflación que sufre el país. También resalta las inconsistencias del informe enviado por la Contraloría General de la República el pasado 23 de enero y resalta lo que califica como “datos curiosos” que sólo dejan un gran “por qué” en la mente de los ulandinos.
Historia
Los fondos de jubilaciones fueron creados con el objeto de ayudar al Estado a disminuir la carga que implica el pago del personal pasivo (jubilado y pensionado), mediante el aporte mensual de un monto determinado, que en el caso de la Universidad de Los Andes es un 6 por ciento de parte de los trabajadores activos e igual porcentaje del patrono, lo cual suma un 12 por ciento que al multiplicarse por 16 meses cobrados al año da un 192 por ciento, esto significa que con su aporte los profesores de la ULA generan dos salarios anuales, que al multiplicarse por 25 años cotizando da un total de 50 salarios desde el fondo.
Sobre esto el rector de la ULA, Mario Bonucci, explica que “sin considerar un rendimiento cada profesor podría estar contribuyendo con el pago de 5 años de la jubilación”. No obstante, si el dinero aportado para el fondo tiene un rendimiento que genera dividendos se podría hablar de un aporte útil para entre 10 ó 12 años, “con el 12 por ciento estarías pagando tu propio salario una vez que te jubiles durante por lo menos 10 años”, dijo el Rector, destacando como otro beneficio la contribución con un sistema de seguridad social.
Los fondos representan una figura contributiva y su contraparte sería una figura no contributiva en donde el trabajador no colabora o contribuye de ninguna manera. “Si uno no tiene un fondo contributivo simplemente cuando cumple los 25 años de trabajo el Estado tiene que pagar la pensión, por lo que es fácil intuir que el sistema contributivo es el que más conviene a un país”, dijo el Rector.
De la inflación a la ineficiencia
Explica el Rector que durante los últimos años la tasa inflacionaria del país, cercana al 56 por ciento en 2013, ha impedido que se tenga un fideicomiso eficiente, como en aquellos países en donde la inflación es inferior al 2 por ciento o tienen una tasa inflacionaria cercana a cero.
Además, recuerda que la ULA tiene prácticamente congelada la matrícula activa, es decir, se jubila la gente pero no ingresa personal en reposición, lo cual ha generado una realidad dentro de las universidades que se expresa en un 50 por ciento de profesores jubilados y un 50 activos, “con estas circunstancias y la tasa inflacionaria se tendría que aportar casi el 100 por ciento de los activos para poder pagar el sueldo a los jubilados”, dice.
“Nosotros desde 2007 venimos visualizando que el fondo nunca va a poder pagar la totalidad de las pensiones, pero además esa nunca ha sido la intención porque el objetivo del fondo es contribuir en un porcentaje que sin importar su número es un alivio para el Estado”, puntualiza la máxima autoridad de la ULA.
Inversión y beneficios
Uno de los objetivos de los fondos es su rentabilidad y para lograr esto se planteó que en vez de colocar el dinero a un plazo fijo se efectúen préstamos a los profesores con un porcentaje similar. “Logrando una renta se cumple una labor social y esto produce la inversión en un sistema social de vivienda, transporte, salud, recreación y colabora además con las pensiones y jubilaciones de la universidad, aunque sea en un porcentaje pequeño”, dice Mario Bonucci.
Con la situación de asfixia presupuestaria que padecen las universidades se ha hecho una labor social desde los fondos, y es de ahí de donde surge la idea de transformar los fondos en una especie de institución de previsión social. El Rector explica que no se busca suplantar al IPP, sino aprovechar una experiencia contributiva para mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de profesores, empleados y obreros.
La solución engavetada
Una vez que se alertó sobre este panorama incierto en el año 2007 el Consejo Nacional de Universidades (CNU) nombró una comisión en la época en que el ministro y director de OPSU era Manuel Castejón. Esta comisión llegó a un resultado y diseñó un informe que sugiere transformar los fondos de jubilación en instituciones de previsión social, manteniendo los mismos descuentos, siendo la gran diferencia con el IPP que éste no pide que se descuente del sueldo sino que se contribuye con un sistema de salud voluntariamente.
“Castejón nunca presentó ese informe al CNU y nosotros hemos insistido hasta el día de hoy en que se debe presentar. Ese informe está engavetado en las oficinas del CNU y ahí está una alternativa acertada para los fondos”, dice el Rector de la ULA, detallando que en el transcurso de todo esto el ex ministro Castejón autorizó a la ULA y a otras universidades como la UCLA para que parte de los dividendos de rendimiento del fondo se usen en salud, teniendo en cuenta que los profesores tienen desde 2007 y hasta la actualidad un seguro HCM de 6mil Bolívares Fuertes.
Mario Bonucci continúa explicando que aun existiendo un informe que plantea una solución efectiva, en 2010 el ministro Edgardo Ramírez pide una investigación de los fondos alegando que “estos no tienen sentido pues no están pagando la jubilación”.
Esto motiva una auditoría que concluyó en un informe preliminar, el cual en su última página al referirse a la adecuación a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social dice lo siguiente “…sin embargo, en el caso concreto de la ULA el Estado venezolano ha asumido la responsabilidad de cancelar las jubilaciones y pensiones del personal de la ULA, por cuanto el objeto del fondo no se ha cumplido, toda vez que su aporte en el periodo objeto de análisis del 2007 al 2011 sólo ha representado un promedio 4,29 por ciento del monto de la nómina pasiva, de forma que la subsistencia de esta figura jurídica ha resultado a todas luces ineficaz y onerosa, por consiguiente, lo adecuado y conveniente es su disolución y liquidación”
“Disolución y liquidación”, las palabras clave
La universidad, el fondo y el país dieron respuesta a este informe preliminar, pero a juicio del Rector, esta respuesta fue ignorada y generan el nuevo informe que fue hecho el 19 de diciembre de 2013 pero entregado el 23 de enero de 2014.
En la ULA hay un fondo de profesores que es una fundación y uno de empleados y obreros que es una asociación civil, en ambos casos si se disuelven el patrimonio en su totalidad ingresa a las arcas de la universidad, no obstante, el nuevo informe de la Contraloría General de la República sugiere de manera vinculante la “supresión” de FONPRULA, ordenando que los fondos pasan a ser de la Tesorería de Seguridad Social, un ente ajeno a la ULA.
Contraloría ha usurpado roles
En lo que califica como un “análisis jurídico racional” el Rector infiere que una auditoría hace reparos en sus recomendaciones mas no legisla, “eso es lo que uno entiende que hace una contraloría, pero en este caso observamos que se está legislando y se está dando órdenes a ciertas instancias, asumiendo el papel de Ejecutivo”
Esta ley creará un sistema contributivo para todo el país y todo el sector público, sin embargo, la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia piden ser excluidos de este sistema. “Esas son las referencias que hay, o sea que a ellos no les aplica le ley de seguridad social porque son instituciones autónomas, igual que la ULA y por tanto a la ULA tampoco le debería corresponder”, dice el Rector acotando que esta es la conclusión de un primer análisis y esto hay que demostrarlo.
El dictamen de la contraloría dice en su apartado 8.1.03 que se debe “supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la ULA relacionada con el surgimiento de figuras legales, fundaciones, sociedades y asociaciones destinadas a la seguridad social”, explica el Rector que esto significa revisar a FONJUTRAULA, al IPP y los fondos de previsión social de los gremios.
“Yo creo que eso debe alertar a todos los universitarios, porque el manejo de nuestras instituciones de seguridad social en el caso de la ULA ha sido probo, honesto y eficiente” dice el Rector, destacando que en el informe se dicen muchas cosas pero por ningún lado ni siquiera se insinúa un manejo inadecuado del fondo.
A esto agrega que en el apartado 8.1.04 se ordena “crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la ULA que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del sistema de seguridad social, así como con el personal pasivo de la universidad con el fin de efectuar el pago de la nómina de jubilaciones y pensiones”, sobre esto agrega que nadie está contribuyendo con ese fondo en el país porque no se ha creado, es decir, le está ordenando a la Tesorería de Seguridad crear y mantener actualizada la historia previsional del personal.
“La Contraloría está abriendo las puertas para que el pago de las pensiones de nuestros jubilados lo haga una institución distinta a la misma universidad, y esto nos debe llevar a la reflexión”, además de ordenar al Ejecutivo el desarrollo de un plan de implantación de la nueva institucionalidad del sistema de seguridad social. “Le ordena que lo cree aunque ya lo creó la Contraloría, en todos estos dispositivos se está creando la institucionalidad de pensiones y seguridad social de las universidades”
Datos curiosos
El Rector hizo referencia a una serie de aspectos que dice no tener como calificar. El primero de ellos es que la auditoría se hizo solamente a los fondos de profesores, no a los de empleados y obreros. Explica que si los supuestos para ordenar la supresión de FONPRULA son el presunto incumplimiento del objetivo para el cual fue creado, como lo es el aporte en el pago de pensiones y jubilaciones, además de la realización de préstamos, entonces se tendrá que suprimir también FONJUTRAULA, pues de lo contrario se estaría aplicando la norma discrecionalmente y ésta es de cumplimiento para todos.
El otro elemento que despierta suspicacia en el rector Mario Bonucci se genera ante el hecho de es que los fondos a los que les llegó el informe son solamente los de las universidades representadas en AVERU (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios), información conocida por la presencia de rectores en AVERU que también asisten a las reuniones de ARBOL (Asociación de Rectores Bolivarianos). “Hay que dejar una interrogante: ¿POR QUÉ?”
Igualmente, llama la atención que se haya enviado el mismo informe a la UNA (Universidad Nacional Abierta), institución que tomó una decisión antes de que la Contraloría enviara el informe disolvieron el fondo, “ellos entendieron por disolver la distribución del dinero entre las personas que estaban aportando al fondo, y por esa decisión tiene un expediente abierto las autoridades de la universidad, tanto el rector como el vicerrector administrativo por parte del CNU”. “Surge la pregunta de si ellos disolvieron ¿podemos nosotros disolver de esa manera?”, dijo Mario Bonucci, destacando que el camino jurídico racional dice que no, pero surge la pregunta de por qué si ellos ya disolvieron su fondo recibieron el mismo informe.
Una tercera pregunta surge de las consideraciones finales del informe, el cual en su ordinal 6.1.07 expresa “…igualmente, señaló en la comunicación antes citada que durante el periodo 2007 2011 FONPRULA contribuyó tanto a la ULA como al IPSPUCO con la cantidad de…”; y el ordinal 6.1.08 “…cabe destacar que los recursos entregados a la IPSPUCO…”. IPSPUCO es el Instituto de Previsión Social de los Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y el rector Mario Bonucci pregunta si este informe originalmente era para la UCLA o para la ULA.
Caminos a seguir
Mario Bonucci resalta la necesidad de una firme voluntad de protección de los fondos ya que estos están cumpliendo una labor de previsión social porque el gobierno no envía el dinero necesario, y señala el camino para luchar por ellos, resaltando en principio que se trata de un derecho adquirido por todos los universitarios, por tanto de suprimirse se estaría desconociendo la progresividad de los derechos contemplada en la Constitución Nacional.
Explica que se deben ejercer los recursos administrativos respectivos, primero uno de reconsideración que desvirtúe lo ordenado por la Contraloría y usar como argumento el mismo recurso que intento la contraloría ante el TSJ para que ésta fuera considerada una institución con características autónomas y no le sea aplicable la ley orgánica del sistema de seguridad social.
Si ese recurso es fallido hay que recurrir a un recurso de amparo para protegernos jurídicamente, generar una matriz de opinión en torno a que habíamos visualizado oportunamente esta situación y habíamos planteado una solución pero el CNU y los distintos ministros nunca le dieron la importancia debida al tema aun cuando el núcleo de los fondos, la AVERU y en particular el rector han sido insistentes, incluso el propio ex ministro Castejón.
Las opiniones aquí presentadas también fueron expuestas por el Rector en la asamblea de APULA el pasado martes 4 de febrero
PrensaULA/CNP 18728)
