La amnistía en Venezuela no busca beneficiar a «magnicidas ni asesinos», dijo el martes Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, al salir al paso de cuestionamientos contra la histórica ley aprobada hace poco más de un mes.
La norma fue iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en enero.
La propia mandataria la calificó como «un acto de grandeza» durante su promulgación el 19 de febrero, pero organismos de defensa de los derechos humanos denuncian que es «excluyente».
«La ley de amnistía no la aprobamos aquí para estar liberando magnicidas, ni asesinos, ni homicidas, ni traficantes de drogas, ni corruptos», declaró.
Pese a que engloba los 27 años del chavismo, la norma limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.
Amnistía excluyente
La ley «se hizo justamente para buscar la reconciliación, para corregir los errores que se pudieran haber cometido de parte y parte», prosiguió Jorge Rodríguez durante una sesión de la Asamblea Nacional.
Más temprano el martes, el reconocido activista Javier Tarazona denunció que la justicia rechazó su pedido de amnistía. El director de la ONG Fundaredes recibió libertad condicional el 1 de febrero tras pasar cuatro años en prisión acusado de «terrorismo» y «traición».
Como él, tampoco se benefició el opositor Perkins Rocha, asesor legal de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Unos 500 presos políticos siguen en la cárcel en Venezuela, contabiliza la ONG Foro Penal.
AFP-24-03-2026
