Por: Fortunato González Cruz…
He asumido la tarea de ir por todo el Estado en compañía de Arquímedes Fajardo y Daniel Fernández, ambos de la Mesa de la Unidad, con el objeto de explicar los caminos constitucionales, democráticos y electorales que conducen a una salida anticipada de Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Comienzo por la advertencia de que Maduro fue elegido por el pueblo para ejercer ese cargo durante 6 años, que es tanto un derecho como un deber,tema que deseo desarrollar en este artículo.
En efecto, los funcionarios elegidos por la voluntad popular tienen el derecho de ejercer su cargo por todo el período: alcaldes y concejales por 4 años; legisladores y gobernadores por 5 años y el presidente de la República por 6 años. Ese es su derecho y nada debe impedir su pleno ejercicio: ni su opinión política, ni la confrontación con otros poderes ni otras circunstancias salvo las faltas absolutas en cada caso, entre ellas el revocatorio del mandato de conformidad con la Constitución, que sólo se justifica cuando su desempeño es tan arbitrario y perjudicial que su permanencia en el ejercicio de sus funciones causaría más daño que su salida anticipada.
Los funcionarios elegidos tienen el deber de ejercer el cargo de principio a fin. Para eso fueron electos, no para uno o dos años a ver si les gustaba o no, sino para que desempeñen responsablemente sus funciones y cumplan las promesas electorales en el tiempo que constitucionalmente tienen señalado. Al concluir su período pueden optar a la reelección y de esta manera permitir a la población la evaluación de su desempeño y ganarse su apoyo para repetir. También que cumplieron su deber y ya.
Lo que no puede seres que los diputados, gobernadores, concejales ni alcaldes, a la primera oportunidad de buscar otra nominación, conviertan sus cargos en plataformas de lanzamiento o peldaños provisionales con el consiguiente descuido de sus funciones o la desnaturalización de sus deberes en mecanismos de marketing electoral. Distinto es que una vez cumplido el mandato popular opten por continuar su carrera política ascendente sobre la base de sus realizaciones. Hacerlo solo sobre la ventaja circunstancial del cargo es, al menos, desleal con los propios electores.
El caso de la Alcaldía de Mérida es una traumática experiencia puesto que ya son varios los alcaldes que se han lanzado a la gobernación sin intentar la reelección, y se han quedado fuera de ambos destinos sin haber acumulado suficientes méritos como para dejar una obra consolidada y apreciada por los ciudadanos. Con todos ellos he tendido trato respetuoso, cordial y afectuoso, y con cada uno en su momento reflexionamos sobre este tema. Pero la pasión política y las consejas de los allegados han podido más que la cordura de saber esperar. Lo mismo vale para los actuales diputados. No se trata de negar sus derechos políticos sino la oportunidad de su ejercicio.
La consecuencia es que la ciudad se deteriora por falta del gobierno integral de su alcalde, y hemos perdido la oportunidad de tener gobernadores ya experimentados en la ciencia y el arte del buen gobierno.
Sobre Nicolás Maduro estamos claros. O los venezolanos lo revocan ahora, o Venezuela se hunde hasta el fondo de una existencia miserable. Pensar en su futura reelección es inconcebible.
