Por: Germán Rodríguez Bustamante
El término de apalancar es: levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. Este concepto no está muy lejos de lo que significa, la utilización de mecanismos financieros a modo de palanca para aumentar las posibilidades de inversión. El principal mecanismo para apalancarse es la deuda. La deuda permite que se pueda invertir más dinero del que se dispone gracias a lo prestado. En el caso de los países la noción no varía, el financiamiento externo es fundamental para apuntalar las inversiones requeridas, sobre todo en este marco de una pandemia global.
En Latinoamérica sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento de los gobiernos en términos generales ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2020 y 2021 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios. La brecha de financiamiento del sector público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre todo en las economías más pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la exportación de servicios (turismo). Las necesidades globales de financiamiento de los países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Quien ha colocado a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19.
La primera medida consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional. La segunda medida se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. La tercera medida consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La cuarta medida consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes. Como quinta medida, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.
Tristemente en Venezuela por la visión equivocada del régimen que detenta el poder, impide que algunos de los mecanismos de financiamiento internacional a los cuales tienen acceso la Nación derivado de la pandemia, sean inalcanzables. La situación humanitaria continúa tras 7 años consecutivos de contracción económica y eventos como la inflación con episodios de hiperinflación, tensiones políticas, sociales e institucionales, y el impacto de la pandemia global de la COVID-19. Los ingresos, el ahorro y el consumo de los hogares han disminuido. El gasto público, incluyendo inversiones en programas sociales, han disminuido la capacidad de importar y suministrar bienes y la posibilidad de asegurar servicios esenciales. Los esfuerzos no han sido suficientes para mantener programas de protección social, la situación ha tenido un impacto en las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Particularmente en términos de su acceso a alimentos, medicinas, tratamientos médicos y en el funcionamiento de la infraestructura y de los servicios esenciales, incluidos el suministro de agua, electricidad, gas doméstico, combustible y transporte.
Las propuestas formuladas por Maduro y su banda, están divorciadas de las exigencias internacionales para acceder a palancas financieras disponibles, pareciera intencional los incumplimientos de exigencias mínimas. Las cifras sobre los contagios y fallecimientos derivados del COVID-19 dejan profundas dudas. Desafortunadamente mientras no exista información transparente sobre el virus, consecuencias y medidas para mitigar impactos, la palanca financiera internacional estará bastante alejada. Nadie financiará a la oscuridad, a pesar de la crisis humanitaria que padece el país. Venezuela está experimentando una de las mayores contracciones económicas documentadas en la historia mundial. El país ha pasado más de 40 meses en hiperinflación, uno de los episodios documentados más largos dela historia. La pobreza por ingresos es de un 96 por ciento para el año 2020, frente al 48 por ciento en 2014. Más de cinco millones de personas, o aproximadamente una sexta parte de la población, han abandonado el país. Razones fundamentales para intentar un acuerdo que político, económico y social que facilite apalancar al País.
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31-05-2021
